La justicia determinó que los presuntos desvíos de fondos vinculados a Procultura y convenios con el Gobierno Regional de Antofagasta y el Minvu habrían comenzado en cuentas administradas en Las Condes.
Un nuevo vuelco sumó este martes el denominado caso Procultura. El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió declararse incompetente para seguir investigando los delitos de apropiación indebida vinculados a la fundación y ordenó remitir todos los antecedentes a Santiago.
La decisión fue adoptada por la magistrada María José Saavedra Cárdenas durante la audiencia de formalización de la investigación, acogiendo la solicitud presentada por las defensas de los imputados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz.
Con ello, la causa quedará ahora en manos del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que, según la resolución, sería el competente para continuar con la investigación debido a que los presuntos hechos habrían comenzado en la Región Metropolitana.
La clave: los movimientos bancarios en Las Condes
En su resolución, la magistrada sostuvo que el “principio de ejecución” del delito no se produjo en Antofagasta con la firma de convenios o recepción de recursos, sino en el momento en que los fondos habrían sido desviados hacia fines distintos a los acordados.
“Los hechos de la formalización muestran que los desvíos ocurrieron mediante gestiones bancarias en cuentas radicadas y administradas en la comuna de Las Condes”, indicó el tribunal.
La jueza agregó que ni la suscripción de convenios ni la transferencia inicial de fondos constituyen el inicio del delito, ya que este se configuraría cuando se realizaron actos de disposición incompatibles con el mandato fiduciario.
“El acto de disposición incompatible ocurrió íntegramente en la Región Metropolitana”, sostuvo la magistrada.
Tribunal ordenó envío inmediato de antecedentes
Con esta resolución, el tribunal decretó:
La investigación por el caso Procultura ha generado alto impacto político y judicial, debido a los millonarios convenios suscritos con organismos públicos y las sospechas de eventuales irregularidades en el uso de recursos fiscales.
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