El área de Violencia Extrema del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género -SernamEG- presentó ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta una querella por femicidio consumado en representación de familiares de Paulina Garrote Picón, quien falleció el pasado 19 de junio producto de un ataque con arma blanca provocado presumiblemente por su ex pareja, G.A.A., de 38 años de edad.
Obtenido los permisos necesarios para la representación legal, este Servicio propenderá a salvaguardar preceptos contenidos en el ordenamiento jurídico internacional, como es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ratificada por Chile en 1989 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem Do Para-, en 1996.
“Aportaremos desde nuestra experiencia para apoyar en las diligencias propias de la Fiscalía, a fin de dilucidar este caso y, ante la eventualidad que el resultado sea favorable para nuestra representada, dar una señal a la comunidad que en nuestro país existe una institucionalidad preparada para salvaguardar los derechos de las mujeres cuando este tipo de crímenes sean cometidos ante el ejercicio desigual de poder y por motivos de odio al género, desprecio o misoginia, sean éstos provocados por un autor desconocido o una pareja como podría darse en este caso”, afirmó la directora regional del SernamEG, Gabriela Araya Seguel.
SernamEG ha acompañado a familiares apenas conocido este suceso, a través de la presencia en la audiencia de formalización del imputado, quien fue apresado en las inmediaciones de Mejillones, en la gestión para que los hijos sobrevivientes reciban pensiones de sobrevivencia que entrega el Estado y en la coordinación para que sus familiares reciban ayuda reparatoria en el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este Servicio adhirió además a la pena solicitada por la Fiscalía de presidio mayor en su grado máximo y presidio perpetuo calificado.
A estas gestiones se suman tres sesiones con quienes integran el Circuito Intersectorial de Femicidios para tratar este tema.
Araya Seguel agregó que invocarán otros ordenamientos legales como la ley 20.066, vigente en Chile desde 2005, la Ley Integral contra la Violencia de Género 21.675 presente en el país desde el año pasado, y el Código Penal “pues en base a esta última ley prevalecerá como agravante el hecho que este delito fuera presenciado por sus descendientes”.
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