Los campamentos son el único componente del déficit habitacional que no disminuyó durante los últimos cinco años a nivel país, lo cual evidencia una precariedad habitacional que no se ha podido reducir en los últimos cinco años pese a diversas políticas públicas y el trabajo de organizaciones y el mundo privado.
Actualmente, en Chile hay 120.584 familias viviendo un campamento, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile. El estudio reveló la existencia de 1.428 asentamientos de este tipo a lo largo del país, alcanzando la cifra más alta desde 1996. Esto representa un aumento del 10,6% respecto a la última medición y equivale a la incorporación de al menos 6.000 nuevas familias a estos lugares entre 2023 y 2025.
“La falta de herramientas y alternativas reales para salir de su condición mantiene a miles de familias estancadas en campamentos. El alto costo de los arriendos, los bajos ingresos y la necesidad de independencia son los principales factores que perpetúan esta tendencia, extendiendo los tiempos de espera por una solución definitiva a más de una década”, explicó Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile.
La crisis habitacional es alarmante: un 35% de las familias que viven en campamentos lleva más de 14 años esperando una solución definitiva, de acuerdo con la medición.
Al analizar la evolución del déficit habitacional en las últimas tres décadas, el estudio muestra que, a partir de 2020, todos los componentes del déficit se han reducido o estabilizado, excepto el número de hogares en campamentos, que sigue aumentando de manera sostenida desde 2011.
Además, entre 2023 y 2025 se cerraron 346 campamentos; sin embargo, menos de un 30% de esos cierres corresponde a soluciones habitacionales definitivas. El resto se debe a desalojos, traslados, migraciones entre campamentos u otras estrategias de las familias para encontrar alternativas.
“Aunque Chile ha hecho esfuerzos para disminuir el déficit habitacional en la última década, estos no están logrando impactar en la superación de los campamentos. La mayoría de estas familias sigue sin ser sujeto de política pública. Los campamentos representan hoy el 17% del déficit habitacional, por lo que no podremos enfrentar la crisis de vivienda sin abordarlos”, agregó Rodríguez.
Región de Antofagasta
El catastro arrojó que en la región de Antofagasta existen actualmente 154 campamentos, 19 más que en la última medición. Esto quiere decir que la cantidad de campamentos aumentó en un 14,1%, mientras que las familias viviendo en ellos aumentaron en un 23,6%, siendo la región con mayor aumento en términos brutos.
En estos asentamientos, viven actualmente 15.855 familias en total -aproximadamente 45.980 personas, de las cuales 15.340 son niños, niñas y adolescentes menores de 14 años (33,4% de la población total), mientras que 2.103 personas son adultos mayores y 482 habitantes se encuentran en situación de discapacidad. Dentro del total de familias en campamentos de la región habitan 9.649 familias inmigrantes, las que representan un 59,9%.
La comuna que concentra la mayor cantidad de campamentos y familias en ellos a lo largo del país es la región de Antofagasta, siendo un 8,1% del total nacional.
Respecto a la razón por las cuales las familias llegaron al campamento, en esta región predominan el alto costo de los arriendos y los bajos ingresos, en un 96,8% y 91,2% de los campamentos respectivamente. Otros motivos de formación de campamentos son la falta de empleo y la necesidad de independencia en un 64,3% y 63% de los casos respectivamente.
“Aunque fue la región declarada como prioridad nacional en cuanto a atender a las familias de campamentos, ha sido la más afectada por la ralentización por el Caso Convenios, además es la que cuenta con más cantidad de órdenes de desalojo”, explicó Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile.
“Las familias que llegan a la región se ven atraídas por las fuentes laborales, sin embargo, se enfrentan a un costo de vida elevado, no solo de vivienda, si no que también de alimentación, transporte y otros servicios. Se ven sometidas a arriendos informales (es la ciudad con mayor cantidad de arriendo informal), debido a la cantidad de requisitos del arriendo formal. Las familias migrantes son aún más vulnerables a estas formas de exclusión”, indicó Alex Soto, director regional de TECHO-Chile en Antofagasta. “Nos preocupa que hay una gran proporción de familias migrantes al interior de los campamentos en situación altamente vulnerable que, al no poder acceder a ningún tipo de solución habitacional en el esquema actual, requieren urgente otro tipo de alternativas, por ejemplo, de carácter transitorio”, aseguró.
Orientaciones a la política pública
1. Ajustar los programas de arriendo: en la actualidad, el arriendo no es una solución habitacional viable para la mayoría de las familias en campamentos, debido a los bajos montos entregados por los programas estatales en relación con los altos precios del mercado, se propone adecuar los programas de arriendo a las necesidades económicas de este grupo de la población.
2. Diversificar las soluciones, esto significa, por ejemplo, crear viviendas variadas -de diferente tamaño, funcionalidad y costo-, así como promover soluciones habitacionales transitorias: el crecimiento de la población migrante, el aumento sostenido de los hogares unipersonales, el envejecimiento de la población, entre otros aspectos, dan cuenta de que es crucial diversificar la oferta habitacional en función de las necesidades de cada grupo.
3. Dar continuidad al Plan de Emergencia Habitacional con una respuesta proporcional a la proporción de los campamentos al interior del déficit habitacional: el próximo Gobierno debería continuar con el Plan de Emergencia Habitacional, pero solo podemos hacer frente a esta crisis si incorporamos programas de apoyo a los campamentos de manera más decidida. Si un 17% del déficit habitacional está compuesto por familias de campamentos, al menos se debería considerar esta proporción al momento de diseñar posibles soluciones.
4. Repensar el programa de Asentamientos Precarios: el programa Asentamientos Precarios, enfocado en campamentos, fue diseñado inicialmente para transferir recursos a las municipalidades. Sin embargo, ante la magnitud del problema, se incorporó la participación de privados. A raíz del Caso Convenios, esta segunda modalidad fue suspendida, lo que ha provocado la paralización y ralentización de acciones clave, como diagnósticos y obras de mejoramiento, fundamentales para el desarrollo de proyectos habitacionales dirigidos a familias que forman parte del déficit habitacional. La baja ejecución presupuestaria registrada en 2023 evidencia la necesidad de repensar este programa, que además ha enfrentado sucesivas disminuciones en su presupuesto, a pesar del aumento general en los recursos asignados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
5. Se deben identificar zonas que incentiven la construcción de vivienda de interés social durante el diseño de los Planes Reguladores Comunales, que son los que planifican nuestras ciudades: para enfrentar la crisis habitacional, es necesario cambiar el enfoque reactivo de la planificación urbana a uno proactivo que anticipe las necesidades futuras de vivienda, especialmente atendiendo a grupos vulnerables. Asimismo, es necesario repensar cómo se puede utilizar de manera más eficiente el suelo urbano ya disponible, promoviendo zonas de resguardo e invertir en proyectos de regeneración urbana y recuperación de espacios vacíos.
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