La actuación administrativa de la Dirección del Trabajo y la realidad regional respecto a la Ley de Protección del Empleo fueron parte de las temáticas tratadas por más de 25 empresas asistentes al Consejo de Capital Humano y Relaciones Laborales, organizado por el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). En la cita, las organizaciones profundizaron sobre aspectos relativos a procesos de negociación colectiva, sistemas de jornada excepcional y finiquito electrónico, entre otros.
“Se trata de un escenario cambiante, donde nuestras empresas socias tienen mucho qué consultar y coordinar con la cartera de Trabajo, especialmente en lo relativo a la modalidad de trabajo por turnos, donde nuestra región tiene muchas particularidades”, detalló Marko Razmilic, quien valoró la disposición del gobierno por dialogar en torno a la materia.
Digitalización de servicios
En su exposición, el director regional del Trabajo, Manuel Pozo, indicó cómo su cartera está sobrellevando su actividad habitual en modalidad a distancia, destacando cómo el proceso de transición virtual del servicio ha dado buenos resultados ante la emergencia sanitaria por Covid-19. El director indicó que el 40% de actuaciones presenciales en oficina están vinculadas a renuncia voluntaria, consultas laborales y ratificación de finiquito. En este particular último caso, indicó que su digitalización paulatina ha dado buenos resultados acorde a la realidad regional.
Pozo resaltó los protocolos adoptado por las grandes compañías mineras e industriales respecto a las disposiciones de la autoridad sanitaria, anticipando que durante el mes de mayo fiscalizará con mayor énfasis su correcta implementación en contratistas y empresas proveedoras.
Protección del Empleo
El seremi del Trabajo y Previsión Social, Álvaro Le-Blanc, respondió consultas y representó a los asistentes la realidad regional respecto a la Ley de Protección al Empleo, la cual será reformada próximamente, a propósito de aspectos relativos a pago de cotizaciones, entre otros, en un trámite que, tras acuerdo en comisión mixta en el Congreso, deberá ser respaldada en las respectivas salas de la Cámara de Diputados y el Senado.
Le-Blanc informó que aproximadamente 1.200 empresas regionales ya se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, con una cantidad de unos 7.500 trabajadores con suspensión de contrato, de los que 4.500 obedecen a pacto de mutuo acuerdo, mientras que 3.000 corresponde a actos de autoridad. A nivel nacional se trata de más de 66.500 empresas, con una cantidad aproximada de 516.000 trabajadores.
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