Mauricio Svriz, gerente de Bejos y mentor Endeavor.
Si bien la inversión en I+D en Chile ha mejorado durante los últimos años, las cifras aún son poco alentadoras si comparamos el 0.37% del PIB invertido según la VI Encuesta Nacional sobre Gasto y Personal en I+D en 2017, con el 2.38% que invierten en promedio países de la OCDE y el 4% en países como Israel.
No podemos negar que Chile está dando pasos en I+D, estableciendo una herramienta concreta para fomentar la innovación, pero aún falta pulirla. Como está, la Ley no lee bien qué necesitan los emprendedores y sus empresas para destinar parte importante de sus recursos en investigación y desarrollo.
En ese sentido, las reformas planteadas por el Gobierno para solucionar los problemas de acceso, aumentar el tope de crédito tributario y simplificar los procesos de postulación, son gratamente bienvenidas. Sin embargo, aún queda mucho trabajo en torno a la simplificación e integración de la información en lo relacionado con los procesos de revisión de los proyectos presentados.
Si bien el proceso de postulación es altamente burocrático, no es complejo cuando se tiene experiencia en el tema o se recibe ayuda experta. El mayor problema radica en el proceso de revisión, cuando se solicita la certificación ya iniciado el proyecto. En este caso, si no se aprueba dentro del cierre del año tributario, se recuperan los impuestos al año siguiente.
Es decir, si se realiza el gasto en 2018 y se aprueba a principios de 2019, recién en 2020 se puede utilizar la rebaja. Como usuarios regulares de la Ley hemos visto lentitud en las aprobaciones, situación que impide hacer uso del beneficio en el período solicitado y produce un desincentivo. A esto se suma que el Servicio de Impuestos Internos (SII) puede cuestionar la rebaja tributaria y volver a pedir todos los antecedentes para revisarlos, lo que hace indispensable establecer que Corfo tenga la autoridad de validar una rendición, sin tener que volver a repetir el proceso.
Otro de los problemas de la normativa que acertadamente se reconoce en las modificaciones, es que el tope máximo anual del crédito tributario al que las empresas pueden acceder, es de 15.000 UTM, lo cual no es suficiente, ya que más bien depende del impacto que del monto.
Para nuestra empresa que se dedica a desarrollar poyectos de I+D, sabemos que la magnitud de la industria y el impacto que genera, determinan los montos. Hemos experimentado que algunos proyectos se certifican y se rinden con menos dificultad, pero otros han sido rechazados sin mirar nada más que el monto.
Dentro de ese aspecto, es importante considerar que si la Ley busca impulsar la inversión en I+D para mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas, no se debería discriminar por monto, sino que por la magnitud del proyecto y su impacto para el desarrollo del país.
En conjunto con estas modificaciones, para que la Ley sea más efectiva todavía, el apoyo debe ir más allá de lo financiero, donde ambas partes entiendan y conozcan los proyectos. Que los emprendedores beneficiados cuenten con una contraparte que los guíe en cada uno de los procesos, simplificándolos y apostando a mejores resultados. De esta forma se podrá aprovechar de mejor manera la normativa, lo que se traducirá en promover efectivamente la diversificación de la matriz productiva y de innovación en Chile.
Leave a Reply