La nueva normativa obliga a todos los prestadores de turismo aventura a contar con el Sello R, someterse a revisiones técnicas especializadas y cumplir con estrictos estándares de seguridad. La ley también fortalece las fiscalizaciones de Sernatur, aumenta las sanciones y entrega facultades para clausurar servicios que incumplan la normativa.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, por 115 votos a favor y 10 en contra, el proyecto de ley que busca reforzar la seguridad en actividades de turismo aventura en el país (Boletín N° 17.163-03). La iniciativa, que ahora continuará su trámite en el Senado, establece medidas más estrictas para garantizar que este tipo de servicios cumplan con altos estándares de seguridad y calidad.

Uno de los principales cambios es la institucionalización del Sello R, que pasará a ser un requisito obligatorio para todos los prestadores de turismo aventura. Este sello será la acreditación oficial de que la empresa cumple con la ley y con las normas de seguridad, y deberá estar visible para que turistas y usuarios puedan identificarlo fácilmente.

Para obtenerlo, las empresas deberán someterse a una verificación realizada por un organismo especializado, que evaluará si cumplen con los estándares establecidos. Esta revisión es distinta a las fiscalizaciones que realiza Sernatur, pero ambas se complementarán: mientras la verificación técnica certifica el servicio, Sernatur podrá reforzar su labor de control con más y mejores operativos en terreno.

La ley también aumenta las sanciones para quienes no cumplan la normativa, con multas más altas y la facultad de clausurar temporal o definitivamente los servicios que no respeten las reglas. Además, se establecen plazos para implementar estas medidas: el reglamento de la ley deberá elaborarse en un máximo de 12 meses, definiendo cómo se aplicará el Sello R según el nivel de riesgo de cada actividad y con qué frecuencia se deberá renovar.

La subsecretaria de turismo, Verónica Pardo, valoró la aprobación de este proyecto de ley en la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que “es un hito para el sector, porque por primera vez se introducen modificaciones a la Ley de Turismo con el foco puesto en la seguridad de las personas. Esta es una señal clara de que como país queremos que quienes practican turismo aventura lo hagan con la confianza de que existen estándares claros, verificables y exigibles. Además, este paso refuerza el compromiso del Estado con un turismo responsable, donde la calidad de la experiencia y la seguridad van siempre de la mano.”

Para el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, esta ratificación en la Cámara marca un paso decisivo pues “este avance, que ha contado con un apoyo transversal de todos los sectores, es parte de la consolidación de los esfuerzos que hemos impulsado en Sernatur durante los últimos años para fortalecer la seguridad: desde la creación de un Programa para la Regulación de los Servicios Turísticos, la incorporación de nuevos tipos de actividades de turismo aventura al Registro Nacional, la verificación bajo requisitos de gestión de la seguridad y la actualización de normas técnicas, hasta la elaboración de la primera norma técnica de bungee”.

Con esta modificación, Chile busca no solo ofrecer experiencias únicas en turismo aventura, sino también proteger a quienes las disfrutan, asegurando que las actividades se realicen bajo condiciones confiables y reguladas.

El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, calificó la aprobación “como un pedacito de justicia, pedacito de justicia que es mejor que nada y durante 43 años no hubo nada de justicia. Esto ha sido un trabajo de décadas, de diferentes Directorios, presidentes, Asambleas y de miles de docentes que hicieron suya esta causa. Fue una lucha colectiva de muchas y muchos”

El líder gremial docente agregó “este pedacito de justicia ayuda a sanar heridas y eso es muy importante, porque esa heridas cuando se arrastran en el tiempo, siguen doliendo de generación en generación”

Asimismo, Mario Aguilar destacó el apoyo transversal “valoro el apoyo transversal en el Congreso Nacional, eso demuestra que cuando hay disposición, cuando hay sintonía con la necesidad social se pueden lograr acuerdos, avances y se le puede demostrar al país que es posible trabajar pese a las diferencias de ideas”.

Por último, al ver la emoción de las afectadas presentes en la sala, el Presidente de los Profesores, Mario Aguilar, señaló “al ver su alegría y emoción por la aprobación, que no es tanto por el monto, porque es una solución pequeña y modesta, es porque el Estado de Chile, su poder Ejecutivo y Legislativo le dicen a ellas, las hemos dañado, hubo una injusticia  que hoy se repara, el simbolismo de reconocer es para nosotros una cosa de tremendo valor”. 

Se estima que aproximadamente 57 mil docentes recibirán este pago después de 43 años de espera, tras el perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que las y los docentes recibieran el reajuste salarial del Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), que fue desconocido por sus nuevos empleadores.

EL CAMINO PARA LOGRAR SER LEY
15 de marzo del 2024, el recién asumido nuevo Directorio del Colegio de Profesoras y Profesores encabezado por Mario Aguilar Arévalo, es recibido en el Palacio de La Moneda por el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien le ratifica su compromiso de enviar proyecto de ley de reparación.

El 21 de octubre del 2024, el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, da a conocer la propuesta de Reparación de la Deuda Histórica al Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores.

El 28 y 29 de octubre del 2024, el Colegio de Profesoras y Profesores, realiza una consulta online abierta a todos los afectados por la Deuda Histórica, con las opciones “De Acuerdo” – “En desacuerdo”. Votaron 27.211 personas, de ellos el 82.04% se manifestó “De Acuerdo”.

El 2 de diciembre del 2024 el Presidente Gabriel Boric envió el proyecto de reparación al Congreso Nacional.

El 8 de enero del 2025 la Cámara de Diputadas y Diputados, aprueba por amplia mayoría el proyecto de ley de la Deuda Histórica.

Hoy 22 de enero el Senado aprobó el proyecto de ley de reparación de la Deuda Histórica y queda despachado para ser Ley de la República.

QUÉ DICE EL PROYECTO

Universo: Se considerará una reparación para todos las y los docentes afectados vivos.

Monto de reparación por persona: 4,5 millones de pesos por docente, reajustables por año.

Plazo de pago: La reparación se pagará en 6 años, desde octubre de 2025 a enero de 2031.

Forma de pago: El pago será progresivo, comenzando el año 2025 con las personas de mayor edad, avanzando por grupos de manera anual, continuando el criterio de cobertura desde los de mayor a los de menor edad. La entrega de esta reparación a cada grupo será en 2 cuotas iguales, siendo la primera cuota en octubre del año correspondiente a cada grupo, y la segunda cuota en enero del año siguiente.

Transmisibilidad: El proyecto considera la transmisibilidad, para los casos de las y los beneficiarios que, teniendo la calidad de titulares de la reparación, fallezcan durante el período de pago que les corresponda.

Incompatibilidad con otras acciones de reparación: La reparación propuesta no se hará extensiva a las personas que ya han recibido un pago asociado a esta afectación, por acción de tribunales nacionales o internacionales, o por alguna otra forma de pago. También será incompatible con otras instancias de reclamación en curso o futuras.

Esto, luego de que, durante el mediodía, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acordaron con los senadores de la Comisión de Trabajo un protocolo que establece la metodología y los plazos para la tramitación, así como los nueve temas prioritarios a tratar en la instancia.

El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Trabajo, los senadores Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, Gastón Saavedra, Alejandra Sepúlveda y Luciano Cruz-Coke.

La ministra Jeannette Jara manifestó que, “en primer lugar, agradecer y valorar la disposición para poder concordar una metodología con un plazo acotado. Creo que eso es lo más relevante de lo que estamos aquí hoy día conversando, porque la incertidumbre que ha afectado por tantos años a los pensionados del país comienza a tener un camino que se va despejando”.

La secretaria de Estado agregó que “hemos construido un camino que permite sacar adelante el proyecto de reforma a las pensiones de un callejón en el que ha estado un largo tiempo”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo: “Este acuerdo en la Comisión de Trabajo significa destrabar el tratamiento del proyecto de reforma previsional y fijar un plazo muy concreto para culminar su tramitación. Con ello se da mucha certidumbre, pero, sobre todo, es una respuesta clara del Congreso a quienes durante mucho tiempo han apostado por el fracaso de esta reforma”.

El ministro añadió que “este acuerdo define los principios sobre los cuales trabajar, contiene una descripción de los focos para una dimensión comprensiva de lo que la reforma debe contemplar y fija un procedimiento que va a permitir un avance lo más fluido posible”.

Metodología y plazos

Respecto de los plazos y la metodología de tramitación, el Protocolo señala que la Comisión de Trabajo del Senado discutirá la reforma previsional en general y en particular a la vez, luego de la autorización por parte de la Sala de la mencionada Corporación.

Así, el proyecto seguirá su tramitación en la Comisión de Trabajo en la forma de votaciones ad-referéndum, es decir, se van discutiendo los marcos de un potencial texto que se ingresa con posterioridad a votación. Esas votaciones ad-referéndum “desembocarán en un texto completo y consistente, el que será sometido a votación en general y particular al final del proceso. El proyecto deberá quedar despachado a Sala antes del término del presente año, concluyéndose el segundo trámite constitucional a más tardar en el mes de enero 2025”, señala el Protocolo.

Las votaciones ad-referéndum irán incorporando indicaciones que serán analizadas por una instancia técnica, conformada por representantes de las y los senadores de la Comisión, así como del Ejecutivo. El documento apunta que en la Comisión “se buscarán los acuerdos más amplios posibles, sin perjuicio de que aquellos que no logren alcanzarse se resuelvan por votación”.

Temas prioritarios en la tramitación

1. Desarrollar mecanismos que permitan elevar el ahorro para pensiones, que involucren la tasa de cotización, la disminución de la informalidad previsional e incentivos a prolongar la vida activa. Es muy importante que la reforma no contenga elementos que desincentiven las cotizaciones.

2. Establecer parámetros objetivos y claros para la determinación de la PGU (Pensión Garantizada Universal), de tal forma de evitar el populismo con este pilar clave del sistema de seguridad social y de importante implicancia fiscal.

3. Modificar elementos de la organización industrial del mercado de fondos de pensiones para incrementar la competencia en precios y rentabilidades, la que ha demostrado ser actualmente insuficiente debido a la inercia de la demanda. Estas modificaciones deben evitar tener impactos negativos en la rentabilidad de los fondos.

4. Perfeccionar aspectos de la gestión de fondos con el objetivo de elevar el retorno de los mismos.

5. Incrementar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos a pensionarse, que aún tengan bajas tasas de reemplazo, a través de un Seguro Social. Este beneficio, según el diagnóstico ampliamente compartido, será transitorio y debe estar focalizado en mujeres y en personas de alta densidad de cotizaciones.

6. Durante el período de vigencia del Seguro Social señalado precedentemente, se deberá generar un Fondo para sostener el pago de dicho beneficio, cuya inversión será licitada a privados.

7. Se establecerá un mecanismo permanente que permita a hombres y mujeres, que tengan igual condiciones de jubilación (edad y ahorro), obtener la misma pensión.

8. Se deberá velar por el reconocimiento de los aportes que hagan los cotizantes o sus empleadores a su nombre.

9. Fortalecimiento de la institucionalidad previsional, tanto en la determinación de los parámetros del sistema como en velar por la sostenibilidad de los beneficios en el tiempo.

]]> 32042 https://www.antofagastanoticias.cl/2021/06/28/aia-particip-en-comisin-de-minera-del-senado-por-discusin-de-proyecto-de-royalty-minero/11235 Mon, 28 Jun 2021 15:58:15 +0000 https://www.antofagastanoticias.cl/?p=11235 [...]]]> El miércoles 14 de julio debería someterse a votación la idea de legislar en torno a la iniciativa de ley, tras lo cual el texto será examinado por la sala.

Su visión sobre el desarrollo de la región de Antofagasta y el impacto que podría tener el proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, expuso la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) en la última sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado. En la cita participó además la Asociación Chilena de Municipalidades; CORPROA; y ex directivos de compañías mineras.

El gremio, que agrupa a más de 240 empresas de distinta escala relacionadas con el encadenamiento productivo minero,  hizo un recorrido acerca del positivo impacto que la industria minera ha generado en la zona y en su infraestructura portuaria, energética y de tecnologías como la desalación de agua, advirtiendo la necesidad de mantener una discusión altamente técnica en torno a la materia para evitar un efecto negativo en la inversión y la estabilidad de las empresas y empleos que dependen del encadenamiento productivo.

Inversión y empleo

Así lo indicó el gerente general de la AIA, Fernando Cortez, quien  detalló que hacia el año 1989, la región de Antofagasta representaba un 4% del PIB. “Hoy Antofagasta es un 10% del PIB, el segundo más grande PIB del país”, destacó el ingeniero comercial, recordando que -acorde a Cochilco- en la zona la cartera de proyectos de inversión en minería para el período 2020-2029 asciende a US$ 23.630 millones.

“El actual proyecto aprobado por la Cámara de Diputados no es buen proyecto. El país tiene derecho a discutir y analizar su política tributaria, esto no se cuestiona. Sin embargo, esto debe hacerse con el máximo profesionalismo y rigor técnico de tal manera de compatibilizar el objetivo recaudacional, la sustentabilidad del tributo y, muy especialmente, el empleo, los ingresos y la calidad de vida de las comunidades de las regiones mineras”, acotó Cortez.

Región líder en minería

Cortez recordó además que el 52% del PIB regional es directamente explicado por el sector minero, y que el 61% del empleo lo explica la misma industria, situando al territorio como primer productor nacional de cobre, litio, nitratos, yodo, molibdeno, oro y plata. Acorde a lo indicado por el profesional, el enorme desarrollo e impacto económico de la actividad ha posibilitado una serie de proyectos de infraestructura energética, con una cartera de 27 iniciativas en construcción con una inversión total de US$ 2.600 millones, todas en energías renovables.

“Un royalty minero debe compatibilizar el objetivo recaudatorio con la sustentabilidad de las inversiones mineras. No queremos que nuestras comunidades pierdan esta oportunidad de continuar con su desarrollo por un tributo sin rigor técnico y que mira principalmente a la industria minera, en los períodos de precios altos, como una vaca lechera”, advirtió el gerente general de la AIA.

Próximos pasos

Acorde al acuerdo alcanzado preliminarmente por la Comisión de Minería y Energía del Senado, el miércoles 14 de julio se someterá a votación la idea de legislar en torno a la iniciativa de ley, tras lo cual el texto será examinado por la sala. Lo anterior luego de que los congresistas diseñarán un cronograma de trabajo para conocer la opinión de distintos actores relacionados con la industria minera, lo cual debería enriquecer la elaboración de indicaciones por parte de la comisión.

Es así, que en el Congreso Nacional el jefe comunal se reunió con la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien tras escuchar atentamente los graves problemas que afectan a la comuna se sumó a la solicitud del Alcalde Wilson Díaz de trabajar el tema en la comisión de infancia de la cámara alta, la cual, incluso se podría constituir en Antofagasta.

“Hemos sostenido una reunión de suma importancia en donde el Alcalde me ha planteado los graves problemas que mantiene la comuna de Antofagasta (…) He acogido con interés el planteamiento del señor Alcalde y su comitiva, y una propuesta es poder acercar desde las comisiones de trabajo que tenemos en el senado, particularmente la comisión de Infancia, a través de ese espacio podemos abrir un puente, un canal de conversación con las autoridades de gobierno y buscar una intervención, un programa, una propuesta de qué manera abordamos esta situación que se crea por la migración, por la pobreza de la migración y que en definitiva están padeciendo los efectos los niños , las niñas, hijos de esos migrantes”, manifestó la Senadora Muñoz.

Tras la reunión con la parlamentaria, el Alcalde Wilson Díaz hizo lo propio con el Ministro de Justicia Hernán Larraín, quien manifestó que “nos hemos enterado de la situación por parte del Alcalde de Antofagasta quien nos ha explicado la inquietud que tiene el municipio por la existencia de niños en una situación de vulneración de derecho, que obligan, en una acción del Estado evitar la vulneración de sus derechos (…) Yo espero coordinar con otros organismos de gobierno la acción que pudiéramos desarrollar para ir en resguardo de esos niños, niñas y adolescentes para investigar la situación en lo que corresponde y para luego desplegar una acción regional que pueda coordinar los esfuerzos del Estado, en todos los ámbitos y perspectivas, para ver cómo podemos encontrar una solución una vez que contemos con el diagnóstico de qué se trata, que tengamos la dimensión del problema y luego de los modos que podemos asumir para resolverlo”.

Culminadas las reuniones el Alcalde Wilson Díaz, hizo una buena evaluación de los compromisos adquiridos por las autoridades nacionales “lo que está sucediendo en Antofagasta es una vulneración de los derechos del niño que nos obliga hoy a tomar esta iniciativa (…) La Presidenta del Senado se ha puesto a disposición para tratar este tema en las diferentes comisiones, esto para nosotros es un gran avance, esto nos dice a nosotros que las autoridades existen (…) Hemos tenido una reunión con el Ministro de Justicia, el señor Larraín, quien también se comprometió a iniciar un trabajo en conjunto con nosotros, pero además le preocupó por esta situación porque la verdad que en Santiago no era conocida,  nadie se ha hecho responsable de esto, nosotros quedamos asombrados que esto no ha sido denunciado por las autoridades competentes, pero esta iniciativa por parte del municipio hoy muestra la preocupación que tenemos nosotros por nuestros niños y por los niños que se encuentran en nuestra comuna”, explicó el Alcalde Wilson Díaz.

Décima edición del Congreso Futuro que se desarrollará de manera totalmente digital y televisiva, que, para su versión nacional, contará con la participación del destacado astrónomo local y director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta (CITEVA-UA), Dr. Eduardo Unda-Sanzana, quien participará como expositor en el panel “Chile en los ojos del mundo”, este miércoles 20 de enero entre las 15:20 y 16:25 hrs.

“Creo que la invitación es oportuna, ya que el eje temático de este congreso es habitar la incertidumbre, lo que me otorga la posibilidad de referirme al desarrollo astronómico en el norte de Chile, y cómo convive con la incertidumbre de fuentes de contaminación lumínica, tanto terrestres como espaciales, y las maneras en las que la sociedad científica y la sociedad civil se organizan para reaccionar frente a esta problemática, con el fin de preservar para el futuro las excelentes condiciones del cielo de nuestro país”, destacó el experto.

La exposición de este experto local se podrá visualizar tanto en la señal oficial de streaming disponible en la web https://congresofuturo.cl/; así como en www.futuro360.com de CNN, y los canales 114 y 701 de VTR y 157 y 1157 de Directv, así como en https://tv.senado.cl/.

Esta iniciativa crea un canal digital de denuncias, que operará en la Contraloría General de la República, para que cualquier persona natural o funcionario público pueda denunciar hechos de corrupción que se cometan en el Estado, en caso de estar en conocimiento de ellos. El proyecto, para estos fines, le otorga el derecho al denunciante de solicitar la reserva total de su identidad, lo cual es esencial para protegerlo de eventuales actos de represalias u hostigamientos.

En virtud de este importante avance, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula García precisó que “la batalla contra la corrupción continúa. Hace dos años, se aprobó el Estatuto Anticorrupción, para terminar con la impunidad de los delincuentes de cuello y corbata. Hoy día, la Cámara de Diputados aprobó este proyecto, que busca proteger a todo aquel que denuncia actos de corrupción en cualquier órgano de la Administración del Estado, lo cual va a permitir que quienes conozcan de actos irregulares o ilícitos en cualquier órgano de la Administración de la Administración Pública pueda denunciar y saber que no van a poder tomar medidas de represalia en su contra, porque si lo hacen, esas autoridades o quienes lo impulsen pueden ser destituidos y tener las máximas sanciones”.

Una vez revisada la denuncia por la Contraloría General de la República, ésta podrá ordenar investigaciones o sumarios, y si los hechos revistieren carácter de delito, tendrá que ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, en cuyo caso, deberá siempre mantener la reserva de identidad de la persona que efectuó la denuncia, en caso de haber sido solicitada.

Asimismo, si el denunciante fuera un funcionario público (de planta, contrata u honorarios), este podrá solicitar que la Controlaría disponga medidas de protección adicionales, con el objeto de prevenir actos que afecten su indemnidad o estabilidad laboral.

En ese sentido, la iniciativa castiga hasta con la destitución a aquellos funcionarios públicos que adopten acciones de hostigamiento en contra del denunciante, o en contra de quien declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia.

Además, para dotar de seriedad a la denuncia, el proyecto refuerza el delito de denuncia calumniosa, de modo de cautelar el buen uso del mecanismo, así como amplía el deber de denuncia de los funcionarios públicos a todo el personal de la Administración del Estado.

Respecto a su espectro de aplicación, el proyecto incluye a todas las instituciones descritas por el artículo 1º de las Bases Generales de la Administración Pública, es decir: ministerios, intendencias, gobernaciones, órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de una función administrativa, incluidas las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, los gobiernos regionales y las municipalidades, que se encuentren sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

El alcalde Paredes fue directo y claro al señalar que "como AChM nuestra obligación es plantearle al Parlamento, la preocupación de que ningún municipio va a resistir financieramente lo que resta del año con la drástica disminución del Fondo Común Municipal, por lo tanto, es vital conocer el presupuesto del mismo fondo para el año 2021", y así poder planificar el Presupuesto.

El jefe comunal de Natales se refirió a las gestiones que los municipios están realizando con el Ejecutivo, puntualizando que, "le estamos pidiendo al Gobierno una solución concreta para resolver los problemas financieros de los municipios, donde  planteamos claramente que,  como municipios estamos atravesando una crisis institucional".

Por su parte, el senador Pizarro concordó con la idea del rescate financiero señalando que, "no cabe duda que la situación de menores ingresos que se ha generado en todo el país, ha afectado directamente al Estado y por supuesto a los municipios". Agregando que “a propósito del Fondo COVID, que está en discusión, se está viendo la posibilidad de crear una cuenta extra presupuestaria o a través del presupuesto regular".

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado Núñez se refirió a la crisis financiera de los municipios explicando que "la caída de ingreso de los municipios es una realidad muy concreta, donde sabemos la presión constante por parte de la comunidad para resolver los problemas sociales de la población".

Como se sabe,  el problema de financiamiento de las Municipalidades en parte se explica por un conjunto de decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, buscando aliviar a ciudadanos, emprendedores, comercios y empresas de pagos obligatorios de derechos o impuestos de beneficio municipal. Entre otros: prórroga de pago del Impuesto Territorial, prórroga en el pago de Permisos de Circulación, exención de pago de Impuesto Territorial a adultos mayores, prórroga de vigencia de las licencias de conducir.

Como conclusión, destacó el Presidente Paredes que este miércoles 9 de septiembre la AChM se reunirá con la SUBDERE, SII, DIPRES y la Tesorería General de la República, donde se analizará en detalle la grave situación financiera de los Municipios de Chile y a su vez, se seguirán sucediendo reuniones la próxima semana con el Parlamento con miras a buscar una solución a la brevedad posible.

Iniciativa posterga uso de cámaras en embarcaciones y suspende caducidades en Registro Pesquero Artesanal.

El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley del Gobierno que apoya al sector pesquero artesanal, frente a las complicaciones generadas por la pandemia sobre la actividad.

Entre otros puntos, la iniciativa posterga la obligación de los pescadores de instalar cámaras a bordo de sus embarcaciones, y suspende las caducidades en las inscripciones del Registro Pesquero Artesanal (RPA), instrumento que posibilita las operaciones cotidianas del sector.

Tras ser ratificado en la sala del Senado (por 39 votos a favor y ninguno en contra), el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde cumplirá su tercer trámite constitucional.

“Valoramos y agradecemos el apoyo unánime de los senadores en favor de esta iniciativa que da una mano a los pescadores de todo el país, de modo que puedan seguir desarrollando su actividad y llevando el sustento a sus hogares”, destacó el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.

El empleo de cámaras en las embarcaciones está contemplado por la ley 20.265, cuyo propósito es disminuir la práctica del descarte, vale decir la devolución al mar de peces u otros recursos durante las faenas de captura.

El deber de llevar esos dispositivos comenzó a regir en enero de este año para el rubro industrial. En el caso del sector artesanal, en tanto, la vigencia de la norma también estaba prevista para el año en curso.

Esta norma dará más tiempo a los pescadores para instalar las cámaras en sus embarcaciones, sin que deban incurrir ahora en gastos para financiarlas.

“Al suspenderse las caducidades en el Registro Pesquero Artesanal, en tanto, los pescadores podrán seguir ejerciendo sus labores sin sobresaltos, en un momento en que la continuidad de las operaciones es fundamental para contribuir a la recuperación de la actividad artesanal”, apuntó Zelaya.

Finalmente, el Subsecretario subrayó que un permanente diálogo entre el Gobierno y los parlamentarios de todos los sectores ha posibilitado el avance del proyecto y la inclusión de materias que apoyan al sector, una de ellas relacionada con un programa que beneficia específicamente a algueros.

El resguardo de la salud de los trabajadores, el monitoreo de la cadena de abastecimiento y apoyo financiero fueron los principales ejes de las medidas de las que dio cuenta el Ministro de Agricultura, Antonio Walker a la Comisión de Agricultura del Senado para dar a conocer el trabajo realizado por el Gobierno durante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

“Acabamos de tener una muy buena reunión con la Comisión de Agricultura del Senado que está presidiendo Juan Castro y la verdad es que la agricultura produce algo muy especial que es transversal a los distintos colores políticos. Creo que todos vamos a trabajar muy bien para desarrollar la agricultura chilena, estamos viendo como enfrentamos el COVID-19 y para eso vimos que el primer punto es todos los protocolos e instructivos que hemos desarrollado para proteger al primer eslabón de esta cadena alimentaria que es la producción”, señaló el titular del agro, Antonio Walker, tras la sesión.

El secretario de Estado, quien, además, participó de la sesión junto al el Director Nacional de INDAP, Carlos Recondo; el Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez y la Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), María Emilia Undurraga destacó que dentro de las medidas que se han tomado para resguardar la salud de los trabajadores del sector están el cierre de las 105 áreas protegidas que administra CONAF, el manual de buenas prácticas de ferias libres y los protocolos de cosecha, packing y plantas faenadoras.

En ese sentido, el ministro Antonio Walker destacó que cerca del 80% de los trabajadores ligados a la agricultura continúan con sus labores habituales y que hasta el pasado 23 de abril, solo el 13% de los contagios por COVID-19 pertenecen al Mundo Rural lo que habla bien de las medidas implementadas en las últimas semanas. “Tenemos más de un millón de trabajadores que no han dejado de trabajar, que han seguido cosechando. Son verdaderos héroes anónimos y a ellos tenemos que cuidarlos, especialmente a los adultos mayores”, añadió el titular de la cartera de Agricultura.

Asimismo, el representante de la agricultura chilena abordó el trabajado realizado con los distintos eslabones de la cadena alimentaria, específicamente en el Comité de Abastecimiento Seguro, el Consejo Asesor con los exministros de agricultura y la reunión con los 35 ministros de Agricultura de América realizada el pasado miércoles para asegurar el abastecimiento de frutas y verduras de la región.

“Chile está bien abastecido de alimentos, no hay ninguna razón para especular con los precios ni hay motivos para acaparar. Esto lo conversamos también con los 35 países de América para hablar de seguridad alimentaria porque Chile importa arroz, carne, trigo, maíz y así como nosotros somos un país con excedentes en varios productos agrícolas y exportamos, tenemos que asegurarnos alimentos básicos. América ha tenido una producción muy estable así que tendremos un buen abastecimiento de alimentos para enfrentar el COVID-19 y este invierno que se viene duro”, explicó el titular del Agro, Antonio Walker.

Finalmente, el ministro Antonio Walker abordó las medidas de apoyo financiero conversadas con la banca para que los pequeños y medianos agricultores puedan agilizar los trámites y continuar con sus funciones como la prórroga de crédito INDAP, la prolongación de los concursos CNR y la renovación automática de algunos trámites del SAG.