- Se detectaron más de 70 mil exámenes médicos aprobados en menos de un minuto en Antofagasta.
- La municipalidad otorgó 402 licencias a personas inscritas en el registro de deudores de alimentos.
- Funcionarios evaluaron a familiares directos e incluso participaron en su propio proceso de certificación.
El informe oficial revela evaluaciones aprobadas en segundos, 402 licencias otorgadas a deudores de pensiones alimenticias, funcionarios que examinaron a familiares y miles de documentos sin registro adecuado. Los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado.
¡Exámenes aprobados en segundos, licencias entregadas a personas con antecedentes judiciales y funcionarios evaluando a sus propios familiares! Un contundente informe de Contraloría dejó al descubierto una serie de irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir en la Municipalidad de Antofagasta, tras fiscalizar los procedimientos realizados durante 2024 y 2025.
El Informe Final N.º 419, fechado el 30 de septiembre de 2026, revela que 70.661 exámenes médicos y sensométricos registraron una duración inferior a un minuto. De ellos, 70.425 fueron aprobados, equivalentes al 99,67%, mientras que 253 evaluaciones aparecen con una duración de cero segundos.
Los hallazgos también involucran a funcionarios municipales y concejales, cuyos exámenes registraron tiempos de apenas uno, dos, tres y cuatro segundos. Estas inconsistencias fueron calificadas por Contraloría como especialmente preocupantes por las debilidades de control que evidencian.
¡402 licencias entregadas a deudores de pensiones alimenticias!
Uno de los antecedentes más impactantes es que la Municipalidad de Antofagasta otorgó 402 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al momento de recibir el documento.
Algunos beneficiarios llevaban hasta dos años y siete meses en dicho registro. Frente a esta situación, Contraloría ordenó al municipio acreditar, dentro de 60 días hábiles, el inicio del procedimiento de invalidación de las 402 licencias observadas.
La auditoría también identificó 198 licencias otorgadas a postulantes que registraban condenas dentro de los cinco años anteriores a su solicitud, antecedentes que debían considerarse al evaluar su idoneidad moral para conducir.
A ello se suman tres licencias clase D entregadas a personas cuyos expedientes contenían exámenes psicométricos reprobados, sin que el municipio aportara antecedentes médicos o técnicos suficientes para justificar su aprobación.
Funcionarios evaluaron a familiares y uno participó en su propio examen
La fiscalización reveló otra situación: al menos cuatro funcionarios municipales participaron en evaluaciones de familiares directos, incluyendo casos de madres, hermanos, sobrinos y cuñados, sin acreditar que se hubieran abstenido de intervenir.
Pero el hallazgo no terminó ahí. Contraloría comprobó que un funcionario intervino como examinador en su propio proceso de obtención de licencia de conducir.
Además, seis examinadores participaron en 8.437 evaluaciones sin haber sido informados formalmente por el municipio como personal autorizado para esas funciones.
Otros 17.720 exámenes fueron realizados o supervisados por funcionarios que no acreditaron cumplir los requisitos exigidos, ya fuera por falta de capacitación, escolaridad o habilitación para efectuar determinadas evaluaciones.
Miles de licencias sin informar y folios sin control
Las irregularidades también alcanzaron los registros administrativos. Contraloría detectó que 3.068 licencias de conducir, correspondientes a 2.987 personas, no habían sido incorporadas al Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados.
Asimismo, otras 54.260 licencias fueron informadas fuera del plazo legal, con atrasos que llegaron hasta los 441 días hábiles.
La revisión identificó además 3.570 folios sin registro en los sistemas municipales, 11 mil pendientes de rendición, 22.500 rendidos sin respaldo suficiente y nueve folios duplicados asociados a más de un contribuyente.
En cuanto a los exámenes prácticos, 265 evaluaciones para obtener licencia clase B registraron tiempos inferiores al mínimo reglamentario de 25 minutos. De ellas, 204 duraron apenas diez minutos.
Contraloría llevará los antecedentes a Fiscalía
La magnitud de los hallazgos llevó a Contraloría a anunciar la instrucción de un procedimiento sumarial para establecer eventuales responsabilidades administrativas.
El organismo también determinó remitir el informe a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado, para que evalúen los antecedentes dentro de sus respectivas competencias.
En sus conclusiones, la entidad fiscalizadora advirtió que la participación de funcionarios en evaluaciones de familiares, los exámenes registrados en tiempos manifiestamente insuficientes y las deficiencias de control revisten especial gravedad.
Incluso señaló que no es posible descartar eventuales efectos patrimoniales adversos para el municipio derivados de las irregularidades observadas. El informe recoge que la municipalidad presentó descargos durante la auditoría y había iniciado actuaciones internas y una denuncia ante Fiscalía por presuntas irregularidades en el proceso de licencias.
El caso ahora abre una pregunta de fondo: cómo pudieron acumularse tantas anomalías en un procedimiento destinado a verificar que las personas cumplen los requisitos para conducir. La investigación administrativa y las actuaciones que correspondan al Ministerio Público deberán establecer responsabilidades.
Nota: Los tiempos de examen corresponden a registros analizados por Contraloría y no demuestran, por sí solos, que cada evaluación se haya realizado efectivamente en esos segundos ni que todas las licencias hayan sido obtenidas fraudulentamente.