- Yáñez plantea que el Estado debe coordinar todas sus capacidades ante la gravedad de la criminalidad actual.
- La propuesta busca apoyo logístico y técnico de las FF.AA. sin reemplazar las labores policiales ni militarizar el país.
- El debate ocurre en el contexto de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo dentro de la agenda ACOT.
El exgeneral director de Carabineros abordó la discusión que acompaña la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), planteando que las Fuerzas Armadas pueden aportar capacidades logísticas, de inteligencia y de apoyo a las policías, sin reemplazar sus funciones. En tanto, el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli destacó el nuevo rol que deben asumir las cárceles frente al avance de las organizaciones criminales.
Agosto, 2026. La discusión sobre cómo debe responder el Estado chileno al avance del crimen organizado volvió a instalar en el centro del debate el rol que deben cumplir las distintas instituciones encargadas de la seguridad. La reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) propone, entre otras medidas, un nuevo estado de excepción de seguridad pública y contempla la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a las policías en labores de vigilancia, logística, control perimetral y apoyo técnico.
En medio de esta discusión, el general (r) y exdirector de Carabineros Ricardo Yáñez planteó en el programa “Punto de Encuentro” de Bio Bio TV, que el escenario actual obliga al Estado a utilizar de manera coordinada todas las capacidades disponibles, diferenciando claramente las funciones de las policías de aquellas que pueden aportar las Fuerzas Armadas.
“Cuando hay situaciones tan graves como las que están ocurriendo hoy día, yo creo que el Estado no puede privarse de ocupar ninguna de las capacidades que puede tener disponible”, afirmó Yáñez, quien sostuvo que el desafío está en determinar cómo organizar y coordinar esas capacidades de manera eficiente.
El exgeneral director apuntó a que la naturaleza de las amenazas actuales es distinta a la que existía cuando se diseñó el actual marco constitucional. “Yo creo que efectivamente cuando se hizo la Constitución del 80 no vivíamos lo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, los estados de excepción y la regulación que tienen no están acordes a los nuevos tiempos”, señaló.
En esa línea, Yáñez marcó una diferencia entre utilizar las capacidades militares en apoyo de las policías y una eventual militarización de la seguridad pública. A su juicio, las FF.AA. pueden contribuir con inteligencia, medios logísticos y recursos humanos en tareas específicas, como cierres perimetrales en zonas complejas, sin asumir las funciones propias de las instituciones policiales.
“Sin que se militarice un país, sin que los militares vayan a suplir las funciones de la policía, puedan coadyuvar con sus capacidades, inteligencia, medios logísticos, incluso con recursos humanos”, sostuvo.
El planteamiento se produce mientras el Ejecutivo busca avanzar en el Congreso con la reforma constitucional que forma parte de ACOT. El proyecto contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental, entre ellas la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública, un registro de organizaciones criminales y terroristas, regímenes penitenciarios diferenciados para sus integrantes y nuevas herramientas para perseguir sus bienes.
La iniciativa, sin embargo, enfrenta un debate político respecto de sus alcances y de las atribuciones que entregaría al Ejecutivo. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló esta semana que el Gobierno está disponible para modificar aspectos de la propuesta con el objetivo de alcanzar acuerdos parlamentarios, enfatizando que el propósito central es dotar al Estado de nuevas herramientas frente al crimen organizado y el terrorismo.
“Las cárceles pasaron a ser el centro de la política de seguridad”
En paralelo a la discusión constitucional, el exsubsecretario del Interior y académico de la Universidad del Alba, Juan Francisco Galli, puso el foco en otro de los componentes de la estrategia de seguridad: el sistema penitenciario.
A propósito de la denominada Operación Cáncerbero, Galli valoró que el Ejecutivo haya puesto énfasis en la segregación de las personas privadas de libertad que son consideradas de mayor peligrosidad o que cumplen roles de liderazgo dentro de organizaciones criminales.
“El énfasis en algo que era muy necesario, que es la segregación de aquellas personas que son realmente peligrosas, aquellas que son cabecillas o participan de organizaciones delictuales o criminales respecto de aquella persona que está privada de libertad por haber sido condenada por un delito común”, explicó.
Para el exsubsecretario, el desafío penitenciario adquiere una relevancia creciente debido a la experiencia de otros países de la región, donde organizaciones criminales han logrado mantener estructuras de mando y operación desde las propias cárceles.
“Las cárceles pasaron a ser el centro de la política de seguridad”, afirmó Galli, quien sostuvo que Chile debe anticiparse a una dinámica que ya se observa en otros países.
En ese sentido, planteó que quienes lideran organizaciones criminales deben cumplir sus condenas bajo condiciones especialmente estrictas. “Aquellas personas que lideran organizaciones criminales estén privadas de libertad, efectivamente incomunicadas y con regímenes muy estrictos de encarcelamiento, porque son de por sí riesgosas”, señaló.
Coordinación como desafío
Para Yáñez, el debate no debería centrarse exclusivamente en qué institución debe asumir determinadas tareas, sino en cómo generar una coordinación efectiva entre las capacidades existentes, por ejemplo, en la persecución del crimen organizado.
“Se trata de que las instituciones coordinadamente puedan trabajar con un fin común, con un objetivo común, que es la seguridad”, afirmó.
El exdirector de Carabineros sostuvo que para avanzar en esa dirección se requieren reglas claras y condiciones que permitan a los funcionarios actuar con respaldo jurídico.
“Voluntad, confianza y por sobre todo respeto”, resumió Yáñez, quien insistió en que ninguna institución debe buscar interferir en las funciones de otra, pero sí poner sus capacidades al servicio de un objetivo común.
La discusión se instala así en uno de los principales desafíos de la agenda de seguridad del Ejecutivo: cómo dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas, fortaleciendo simultáneamente la capacidad de las policías, el sistema penitenciario y los mecanismos de coordinación institucional.
