La sede del INDH se reunió con las vecinas y vecinos, a quienes presentó la información recopilada hasta ahora respecto de las gestiones de diversas instituciones públicas. Las comunidades han sido víctimas de los desbordes de un sistema que funciona al 300% de su capacidad original.
La sede de Antofagasta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se reunió con las y los vecinos de la zona rural de San Pedro de Atacama para informarles sobre las soluciones de las autoridades de distintas instituciones públicas por los escurrimientos de aguas servidas registrados en octubre de 2025 y en marzo de 2026. Estos rebalses se originaron en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA) afectando a más de 100 familias. Actualmente se proyecta un mecanismo de emergencia para evitar nuevos desbordes.
El jefe regional de Antofagasta del INDH, Paulo Palma, señaló que “desde hace un par de años el INDH ha observado el constante colapso de la planta de tratamiento y la crisis del agua potable en San Pedro, lo que representa una vulneración sistemática a los derechos de sus habitantes. Nuestro rol es hacer una fiscalización estricta para asegurar que el acceso al agua y al saneamiento deje de ser una crisis cíclica. Esto no puede seguir siendo abordado bajo una lógica de emergencia constante. No bastan las medidas paliativas o de corto plazo. El Estado debe asumir su responsabilidad con soluciones estructurales y sostenibles”.
A fines del año pasado la sede del INDH tomó contacto con las personas afectadas por los rebalses y, tras verificar la situación, envió oficios a diversas autoridades para dimensionar el problema. Así, la Seremi de Salud informó que había declarado las instalaciones de la planta como foco de insalubridad e iniciado un sumario por infracciones graves al Código Sanitario y a los reglamentos de alcantarillado. Además, instruyó una serie de exigencias al CAPRA, como la desinfección inmediata de la red de agua potable y la reparación de las piscinas de acumulación para evitar nuevos escurrimientos.
El INDH también ofició a la Superintendencia de Medio Ambiente. Este servicio informó que según sus verificaciones la planta opera a más del 300% de su capacidad original. Se han acumulado aguas servidas en un área que ha crecido de 0,21 hectáreas a 3,7 hectáreas, sin autorización ambiental. Por eso, en marzo les ordenó medidas urgentes y transitorias, obligando a la planta a hacer un catastro de las piscinas, determinar límites seguros de acumulación y ejecutar monitoreos.
Según la documentación, la planta pertenece a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, pero es operada por el CAPRA sin un traspaso formal. No tiene una autorización sanitaria vigente y la SMA la ha sancionado por un total de 94 Unidades Tributarias Anuales (80 millones 820 mil pesos a julio de 2026). Al momento de declararse el problema, la acumulación de agua se realizaba en 16 piscinas, carentes de impermeabilidad adecuada o planes de contingencia.
Todos estos detalles fueron informados por el INDH a las comunidades en la reunión en San Pedro de Atacama. Además, ahí se indicó que el Gobierno Regional de Antofagasta ha priorizado recursos financieros para construir una piscina auxiliar de emergencia como un paliativo de corto plazo. La Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP supervisará estas obras. Es importante considerar que hoy el sistema mantiene su vulnerabilidad frente a eventos climáticos y el aumento estacional de población durante vacaciones y similares.
Las comunidades valoraron las gestiones y el espacio de información proporcionado por el INDH. Ema Condori, vecina del sector, expresó que “se han tomado decisiones que espero nos lleven a buen puerto, que tengamos una buena acogida de las autoridades para que nos hagan caso. Lo pido como atacameña. Necesitamos vivir con dignidad”. A su vez, Javiera Escobar, también residente, indicó que “me pareció que da esperanza de poder obtener algún resultado concreto a mediano o a largo plazo”.
Los derechos afectados que motivaron la actuación del INDH son el derecho a la vida, por la exposición a aguas servidas, agentes microbiológicos y riesgos por vectores. También, el derecho a vivir en un medio ambiente sin contaminación, por el vertimiento de residuos líquidos en suelo natural y la posible contaminación de napas subterráneas, entre otros. Y el derecho de acceso al agua y al saneamiento, por el incumplimiento de los requisitos de calidad, continuidad y universalidad de suministro de este recurso.