Funcionarios del Complejo Penitenciario de Antofagasta recibieron una importante capacitación entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería con quienes revisaron los principales alcances de las políticas institucionales y también los acuerdos y tratados internacionales a los que adscribe Chile en esta materia.
Temas como, la prohibición de la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, protección de los funcionarios fueron parte de lo que se abordó en este encuentro donde participaron más de 20 funcionarios y funcionarias, la mayoría de ellos en cargos críticos dentro de la Unidad Penal y que deben diariamente revisar el cumplimiento de los protocolos y que estos se ajusten a las normativas vigentes que rigen a Gendarmería.
Paulo Palma, director del INDH en Antofagasta señaló que “hemos venido trabajando con Gendarmería hace bastantes años, y esto corresponde a un plan anual que tenemos con la unidad de Derechos Humanos de la institución y ahora estamos iniciando siempre enfocando con los delitos que son de mayor gravedad como la tortura, apremios ilegítimos y trato degradante, cambiando un poco el enfoque y hacerlo más práctico para hacer hincapié en la trazabilidad la que incluye la documentación y registro de toda actuación. Al hacer los registros los procesos serán más transparentes y eso va a instar naturalmente al respeto por los derechos humanos”.
Por su parte la encargada de la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería en Antofagasta, Malú Guerrero agregó que “es muy importante que nuestros funcionarios y funcionarias fortalezcan sus conocimientos y participen de estas valiosas instancias, donde además de escuchar a los expositores pueden hacer preguntas e interactuar sobre esta temática, lo que contribuye a generar los espacios de diálogo para resolver dudas al respecto”.
Este tipo de capacitaciones se realiza de forma periódica en los diferentes recintos penitenciarios den la región, con el objetivo de resguardar los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, pero también entregándoles las herramientas a los funcionarios para que sepan reconocer situaciones que podrían estar afectando a terceras personas, o incluso a ellos mismos.
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