Tribunal constata avances en la implementación de medidas ambientales de la conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado y Comunidades Indígena con empresas mineras

En audiencia de revisión, se analizó el avance que presenta el acuerdo alcanzado entre el Consejo de Defensa del Estado, Albemarle Limitada, Compañía Minera Zaldivar SpA, Minera Escondida Limitada y la Comunidad Indígena Atacameña de Peine. 

En la oportunidad, las empresas mineras presentaron los diversos avances en la implementación de la conciliación aprobada en diciembre de 2024, donde se comprometieron 14 medidas ambientales que, en su conjunto, están diseñadas para cesar la extracción de agua del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, diagnosticar, restaurar y compensar los sistemas vegetacionales afectados por la extracción de agua de dicho acuífero, compensar y realizar actividades de gestión socioambiental enfocadas en la Comunidad de Peine principalmente, así como también contribuir a la divulgación y educación del conocimiento científico, poniendo en valor el patrimonio ambiental del ecosistema de Tilopozo.

El abogado Raimundo Moreno, en representación de Minera Escondida, señaló que el informe presentado permite verificar “avances sustantivos”, destacando la construcción y puesta en marcha de la Mesa de Gobernanza, el traspaso efectivo de recursos a la comunidad de Peine y el desarrollo de estudios y gestiones preparatorias indispensables para la ejecución de medidas ambientales de mayor complejidad.

Indicó además que el proceso ha enfrentado desafíos propios de la naturaleza técnica, interinstitucional y participativa del acuerdo, agregando que algunas medidas sociales han requerido tiempos adicionales debido a la complejidad del análisis ecosistémico y a la necesidad de asegurar estándares metodológicos adecuados.

Las partes reconocieron algunos retrasos en la ejecución, en particular respecto de la definición de los términos de referencia de la medida M0 consistente en la realización de un análisis de afectación ecosistémica para la determinación de la condición, de la cual depende la implementación de otras medidas contempladas en el acuerdo. Expusieron que, en tal sentido, han logrado avanzar hacia una metodología para la revisión de propuestas mediante reuniones de trabajo, lo que ha permitido consensuar aspectos técnicos de mejor forma. 

Moreno explicó también que, pese a haberse aprobado el acuerdo, el Consejo de Pueblos Atacameños decidió no participar en la Mesa de Gobernanza ni en el Fondo de Asesoría y Gestión, correspondientes a las medidas M6 y M7. Señaló que esta decisión fue comunicada formalmente por el Consejo, aunque se mantiene la disposición al diálogo y la posibilidad de que se reincorporen.

Según la parte demandada, esta determinación no ha impedido la ejecución del acuerdo, ya que la Mesa de Gobernanza cuenta con un diseño que contempla mecanismos de continuidad y representatividad.

Por su parte, el abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, el que actúa en la causa como tercero coadyuvante de la Comunidad de Peine, Sergio Chamorro, indicó que la asamblea del Consejo, integrada por representantes de 18 comunidades de la cuenca del Salar de Atacama, mantiene la decisión de no integrarse a la Mesa de Gobernanza.

Cumplimiento de medidas:

La abogada de Minera Escondida, Marcia Faerman, expuso que la medida M0 Análisis de afectación ecosistémica para la determinación de la condición de sitio, aún no se encuentra en ejecución material, pero sí en fase de elaboración de términos de referencia. Respecto de la medida M1 Cese de extracción de recursos hídricos con fines productivos en la cuenca MNT y cambio de destino de derechos de agua, informó que se iniciaron las tramitaciones y se cumplieron los hitos establecidos, estando a la espera del pronunciamiento de la Dirección General de Aguas.

Luego, señaló que las medidas M2, M3 , M11, M12 y M13, referidas a Compensaciones, Planes de Manejo y Fondos asociados, no han comenzado, por depender del avance de la M0. 

En tanto, las medidas M4, M5, M8 y M9, referidas al plan de gestión social, al financiamiento de proyectos de infraestructura, al plan de difusión y puesta en valor, así como al fondo de desarrollo comunitario, depende directamente de la comunidad, quienes solicitaron reprogramar el hito de inicio de las medidas para el mes de marzo del presente año. 

En cuanto al establecimiento de la mesa gobernanza, medida M6, informó que está fue constituida y ya se encuentra en funcionamiento, mientras que la medida M7, referida a implementar un fondo para asesoría y gestión para las comunidades, explicaron que los recursos ya fueron transferidos a la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, no siendo posible realizar esto respecto del Consejo de Pueblos Atacameños ya que decidieron no integrarse a la gobernanza, destacando que los recursos se encuentra disponibles para el caso en que dicha decisión cambie. 

El abogado de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, Miguel Campos, reconoció el trabajo realizado, señalando que han participado activamente en la Mesa de Gobernanza y que se mantienen informados de los avances, desafíos y retrasos del proceso.

Plazos y coordinación institucional

La abogada jefa de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado, Natalia Alfieri, ratificó el estado de ejecución de las medidas, destacando que se han adoptado nuevas metodologías para la revisión de propuestas en su implementación orientas a acortar los plazos de ejecución. Señaló que esperan avanzar en la determinación de los términos de referencia de la medida M0 durante el primer semestre, agregando que sostendrán reuniones con el Servicio Agrícola y Ganadero para cerrar observaciones necesarias para tal efecto. 

La demanda

Fue en marzo de 2022 que la  Comunidad Indígena Atacameña de Peine, interpuso una demanda en contra de Minera Escondida por reparación de daño ambiental, imputando la sobre explotación del acuífero Monturaqui, Negrillar Tilopozo y un descenso permanente del nivel freático en el sector Tilopozo.

En su acción afirmaron que desde el 2005 existiría una afectación significativa de Las Vegas, con pérdida de cobertura y vegetación en territorio considerado ancestral. 

En el mismo, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Estado de Chile, demandó por daño ambiental a las empresas Minera Escondida, Compañía Minera Zaldivar y Albemarle.

En diciembre de 2024 se alcanzó un acuerdo de conciliación entre las partes acordado por voto de mayoría y que contempló la ejecución de 14 medidas ambientales orientadas a la recuperación del acuífero. 

Se acordó establecer reportes asociados al cumplimiento de las medidas, los que son enviados al tribunal de manera anual, el primero de ellos fue entregado en diciembre de 2025. Es respecto de la revisión de este informe que el tribunal solicitó la presentación de información específica respecto de la ejecución de las medidas y citó a todas las partes a una audiencia de seguimiento para el 24 de febrero del presente. 

La revisión periódica de los avances en el cumplimiento de las sentencias y de los acuerdos de conciliación permite al Tribunal conocer el estado de ejecución de cada una de las medidas establecidas, realizando así un seguimiento de su efectiva implementación.