Exseremi de Minería de Antofagasta defiende legalidad de sus licencias médicas y evalúa acciones legales contra insinuaciones

Macarena Barramuño aclaró que su salida del cargo no está relacionada con el caso de licencias médicas irregulares, y recalcó que sus permisos fueron emitidos por un especialista en salud mental. Advierte posibles querellas por injurias y calumnias si se comprueba daño a su honra.

La exseremi de Minería de Antofagasta, Macarena Barramuño, respondió públicamente a las versiones que han intentado vincular su salida del cargo al escándalo nacional por el uso irregular de licencias médicas en el sector público. La exautoridad, que estuvo con licencia médica durante diez meses, aseguró que sus permisos fueron otorgados por un profesional médico especialista en salud mental, con total respaldo legal y sin ningún interés político o económico.

La polémica surgió luego de que la ministra de Minería, Aurora Williams, confirmara la desvinculación de Barramuño, señalando que la decisión se había tomado tras una revisión de los permisos médicos en la cartera, previo al estallido del caso de licencias “viajeras”.

Barramuño respondió con fuerza a través de una declaración pública: “Las insinuaciones o asociaciones implícitas que pretendan vincular mi caso a hechos de corrupción o fraude en el uso de licencias médicas resultan no solo falsas, sino también profundamente lesivas para mi honra y trayectoria profesional”.

Además, afirmó que no renunció voluntariamente, sino que fue el Ministerio el que solicitó su salida: “No presenté renuncia voluntaria. Fue el Ministerio quien solicitó mi renuncia, a la cual no accedí, declarándose vacante el cargo conforme a lo señalado en los artículos 142 y 144 del Estatuto Administrativo”.

La exseremi también denunció presiones desde los altos mandos ministeriales: “Esta solicitud fue realizada bajo presiones sostenidas por los altos mandos del Ministerio, en un contexto en el que ya existía una denuncia formal interpuesta ante la Contraloría General de la República por acoso laboral”.

Ante la posibilidad de haber sido injustamente asociada al escándalo nacional, Barramuño no descartó tomar acciones legales: “De constatarse que las declaraciones de la ministra tuvieron como propósito o consecuencia directa el asociarme a un proceso investigativo del cual no formo parte, me reservo el derecho a ejercer todas las acciones legales correspondientes, incluyendo la interposición de una querella por injurias y calumnias, así como la presentación de un recurso de protección”.

La exautoridad indicó que estas acciones están siendo evaluadas por su abogada laboralista, Susan Garate Tirado, y que buscarán “restituir su honra pública, obtener la aclaración de los hechos y exigir la eliminación de cualquier contenido difamatorio”.

Finalmente, Barramuño criticó el actuar de algunas autoridades ministeriales: “Lamento profundamente que, en lugar de garantizar espacios laborales seguros y respetuosos, algunas autoridades recurran a estrategias de desinformación y daño público para justificar decisiones que no se atreven a transparentar. Mi compromiso con la probidad, el trabajo territorial y el respeto a la salud mental de las y los funcionarios públicos permanece intacto”.

Con esta declaración, la exseremi busca desmarcarse del caso de licencias irregulares que afecta a más de 25 mil funcionarios en el país, y defender su trayectoria profesional frente a lo que considera una campaña de desinformación.