En 2023 se registró una caída de un 32% en las solicitudes de subdivisiones en nuestro país, cifra que, sin embargo, sigue siendo más alta del promedio de la última década. El problema es complejo y tiene varias aristas, por un lado existían proyectos sin ningún tipo de planificación fragmentando ecosistemas a gran velocidad; por otro lado personas optando al legítimo derecho de vivir en un entorno natural, y por otro un gobierno saltándose la discusión legislativa de fondo imponiendo un instructivo ilegal, el cual además de tener vigente una demanda por nulidad de derecho público, se ha prestado incluso para que se abran sumarios dentro del SAG por presuntos sobornos y coimas a funcionarios para aprobar subdivisiones.
Si al ministro Valenzuela le quedó grande la problemática y opta por judicializar el asunto sin llevar al Congreso un proyecto de ley que zanje el tema, no solo estará contribuyendo a la pérdida de certeza jurídica que ha provocado su propio sector en diversas materias e industrias, sino que también estará poniendo en riesgo la ruralidad en sí.
No le haría mal a su equipo recibir a los diversos actores que trabajan en iniciativas de subdivisión predial de manera innovadora, legal, profesional, e incluso superando los estándares actuales exigidos por ley e inspirados en modelos y metodologías internacionales.
La solución hoy existe, solo falta voluntad.
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