Jorge Lawrence Santibáñez
Presidente de Copanor
La provisión mixta de educación es un pilar fundamental de nuestro sistema de enseñanza, siendo las familias quienes escogen libremente dónde educar a sus hijos. Limitar la libertad de enseñanza, implica conculcar un derecho humano esencial que hoy está radicado en la familia, para ceder ese espacio al Estado. Sin libertad de enseñanza no hay educación, sólo hay instrucción. Y si esa instrucción es monolítica y proviene del Estado, dejamos de enseñar y pasamos a adoctrinar.
¿En qué se traduce lo anterior? Que la educación privada, sea particular o subvencionada, podría quedar fuera del marco constitucional, siendo la educación pública la única opción para padres y apoderados. Esto es grave, pero no es lo único.
El actuar de los convencionales ha dañado el proceso, logrando que el plebiscito de salida se transforme en una elección entre dos malas opciones: 1) Apruebo una mala Constitución, sólo porque es nueva; o 2) Rechazo la propuesta para quedar igual que antes. Desde la sociedad civil han surgido diversas voces advirtiendo este problema, pidiendo que se abra un camino que evite a los chilenos enfrentarse a esta paradoja.
Para hacerlo, habrá que convenir primeramente que la mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución (80% votó “Apruebo”). Por tanto, la opción del rechazo puro y simple debiera eliminarse de plano. En su reemplazo, debiese existir una opción que permita contrastar el texto que proponga la Convención, con uno alternativo que goce de legitimidad social y política. ¿Existe alguna propuesta constitucional que cumpla esas características?
A pocos días de terminar su mandato, la entonces Presidenta Bachelet presentó al Congreso Nacional su proyecto de Nueva Constitución. En un error que a estas alturas califica de histórico, el Presidente Piñera se negó a impulsar este proyecto. Sin embargo, en vista de las circunstancias actuales, la propuesta de Bachelet aparece como la mejor fórmula de contraste con la propuesta que surja de la Convención. Si bien ésta incorpora cambios profundos, no busca deconstruir cultural y políticamente el país.
Es hora de descomprimir la presión, quitar el protagonismo a las posturas extremas y maximalistas, dando alternativas razonables a los ciudadanos moderados (o “amarillos”, si gustan), lo cual nos lleve a tener una nueva institucionalidad que goce de la legitimidad necesaria para perdurar en el tiempo.
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