Con el objetivo de plantear una serie de inquietudes que afectan al sector, los directivos de la Coordinadora de Colegios Subvencionados del Norte (Copanor) sostuvieron una reunión con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y con el superintendente, Sebastián Izquierdo.
Al encuentro en Santiago asistieron el presidente de Copanor, Jorge Lawrence, y los directivos Marcos Riquelme, Teodoro Azócar y Rodrigo Vega, quienes fueron acompañados por la diputada Paulina Núñez, que propició la reunión.
Jorge Lawrence explicó que en la cita abordaron los nudos que aún existen para la adecuada implementación de la Reforma en los colegios del norte. Éstos radican en aspectos inmobiliarios, financieros, administrativos y la necesidad de dictar una ley general que fije normas permanentes para las Escuelas Especiales.
DIPUTADA
Al respecto, la diputada Núñez manifestó que “nos reunimos con la Ministra y le dijimos que la ley de inclusión se debe mejorar, de acuerdo con la realidad de las regiones, a través de propuestas administrativas y legislativas”.
También hizo un llamado al resto de los diputados y senadores de la región para apoyar estas modificaciones, agregando que “recibimos el apoyo del Ejecutivo, la ministra (de Educación) y el superintendente”.
“Algunas propuestas pueden ser administrativas y otras legislativas, esperamos avanzar en ambas. Ojalá esto se haga realidad en los próximos días”, detalló Núñez.
La parlamentaria señaló que la ley de inclusión se debe implementar con mejoras, razón por la cual pidió a la ministra conocer la realidad de los colegios subvencionados del norte, los que tienen una realidad diferente al resto del país.
PREOCUPACIÓN
Mientras que el presidente de Copanor detalló que los problemas inmobiliarios apuntan a simplificar los mecanismos para hacer uso de los edificios educacionales, dado que el actual modelo “puede arrastrar a los colegios a un CAE 2.0, por los efectos de la denominada autocompra bancaria”.
Además, aseguró que está en jaque la sustentabilidad económica de los colegios, debido al aumento en los costos de operación de los colegios, mientras van disminuyendo los ingresos de los mismos por efecto del fin progresivo del copago.
Otro tema de conflicto es el problema administrativo relativo a la correcta interpretación de la normativa educacional por parte de la Superintendencia de Educación, y la forma en que aborda los procesos de fiscalización.
Por último, respecto a las escuelas especiales, Lawrence reiteró que la actual legislación no recoge la realidad de este tipo de establecimientos. Por ello, aseguró que urge implementar un estatuto particular y no operar bajo decretos por gobiernos de turno, debiendo dictarse una Ley General para este sector y sus necesidades.
“Si no se da solución a los problemas que hemos planteado, especialmente a la sustentabilidad financiera de los colegios subvencionados en el largo plazo, los establecimientos de alto copago irán migrando progresivamente al sistema particular pagado, siendo las familias de clase media las que sufran tales consecuencias. Tenemos un ánimo colaborativo, pero estamos en alerta”, advirtió.
En Antofagasta, son más de 20 mil familias que están bajo este sistema educativo.
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