Positivo balance tras entrada en vigencia de la Ley de Inclusión laboral

En el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral para Personas en Situación de Discapacidad, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, visitó esta mañana a trabajadores de la empresa Dimerc, donde actualmente se desempeñan 21 personas con discapacidad.

“Queremos llamar a todas las empresas de Chile, a todos los servicios de Chile a que cumplamos esta Ley, pero que la cumplamos bien y que los empleos que entregamos a las personas con discapacidad sean empleos de calidad, donde ellos se desarrollen, que les paguemos lo justo, que les subamos el sueldo cuando lo hacen bien, que seamos capaces de corregir para que las cosas anden mejor”, señaló el secretario de Estado. “No queremos que esta ley veamos como un número, o una cuota que hay que cumplir, porque detrás de cada trabajador con discapacidad hay un sueño, hay un trabajador que tiene una esperanza y una familia que despide en las mañanas a ese trabajador y que espera que le vaya bien y, sobre todo, que sea feliz”, explicó el ministro Monckeberg.

El encuentro contó también con la participación del director del Trabajo, Mauricio Pañaloza; el director de Senadis, Daniel Concha; el gerente General de empresa Dimerc, Adolfo Gana; el secretario general de Sofofa, Jorge Ortúzar; el Gerente General de la CPC, Fernando Alvear; el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, Segundo Steilen; el vicepresidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, Roberto Zúñiga; y el gerente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, Marcos Veragua.

“La norma busca dar una aplicación concreta al principio de igualdad de oportunidades, evitando discriminaciones, garantizando un sueldo digno a las personas en situación de discapacidad, impidiendo que se estipule una remuneración menor al ingreso mínimo mensual”, agregó la autoridad ministerial.

En esta línea, la iniciativa legal, que será más rigurosa en el sector público, contempla también el fomentar una cultura laboral que valore la diversidad en la sociedad, incentivando un clima de respeto que contribuya a un desarrollo del país más inclusivo, consagrando legalmente un sistema de inclusión laboral, tanto en el ámbito público como en el privado. Actualmente, existe una brecha salarial de un 32% en desmedro de personas en situación de discapacidad, y la nueva Ley deroga el artículo N° 16 de la Ley N° 18.600, norma que permitía que las personas con discapacidad mental pudieran percibir salarios menores que el sueldo mínimo, y se les concibe como personas sujetas de derecho e iguales ante la ley.

Según datos del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015 (ENDISCII, 2015), 2.600 mil personas mayores de 18 años, que corresponden al  20% en Chile, tienen algún tipo de discapacidad. De ellos, el 8,3% están en situación de discapacidad severa, el 11,7% en situación de discapacidad leve a moderada y sólo el 39,3% de personas mayores de 18 años con discapacidad está trabajando. Cerca del 57% se encuentra inactivo.

“Nosotros queremos que esta ley se implemente lo antes posible, que cuanto antes las empresas y el Estado tengan contratos realizados de esta índole, y que esa cifra vaya mucho más allá del 1%, con empleos de calidad, donde se desarrollen y crezcan tanto profesional como personalmente”, indicó el jefe de la cartera. “En el caso del Estado, el propio Presidente Piñera nos ha pedido que esto se cumpla lo antes posible y se cumpla bien. Estoy seguro que la productividad de las empresas va a subir mucho si cumplimos esta norma, ya que mejora el clima laboral, elimina estereotipos, promueve el trabajo en equipo, genera un mayor compromiso, permite contar con trabajadores eficientes en tareas específicas, y mejora la reputación corporativa, ya que se desarrolla un orgullo de pertenencia a una empresa que respeta e integra a personas con discapacidad”, finalizó el ministro Nicolás Monckeberg.

Respecto de la implementación  de la ley, el director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, señaló que “durante el primer año de implementación de la ley, la Dirección del Trabajo (DT), realizará una fiscalización colaborativa con las empresas, con el fin que éstas se sumen a la iniciativa de inclusión”. En esta misma línea, el director agregó que “hay dos años para que las empresas puedan cumplir en forma directa con medidas alternativas, que es contratando personas con discapacidad o efectuando donaciones a fundaciones vinculadas con ello. Durante los primeros dos años de la Ley, se presume que las empresas tienen fundamento para usar esas dos medidas alternativas que da la Ley, y en caso de no cumplimiento, las sanciones van de 2 a 60 UTM”.