La Comunidad Atacameña de Toconao presentó una reclamación contra la aprobación del proyecto “Exploraciones Aida”, acusando posibles impactos sobre el sistema hídrico del Salar de Tara y afectaciones a usos culturales y espirituales del territorio.

El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una reclamación presentada por la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao contra la aprobación del proyecto minero “Exploraciones Aida”, ubicado en las cercanías de San Pedro de Atacama.

La acción judicial busca dejar sin efecto la decisión del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quien aprobó la iniciativa de Minera Planta Carina Spa, pese a que anteriormente había recibido una calificación desfavorable por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.

La comunidad indígena sostiene que durante la evaluación ambiental no se consideraron adecuadamente las observaciones ciudadanas relacionadas con posibles impactos sobre el sistema hídrico del Salar de Tara, sector protegido como Reserva Nacional y Sitio Ramsar.

Según la reclamación, existirían deficiencias en la información hidrogeológica presentada por la empresa, además de errores metodológicos en el modelo utilizado para descartar impactos sobre vegas, bofedales y acuíferos protegidos.

Asimismo, la comunidad acusa que no se evaluaron correctamente los posibles efectos sobre sus sistemas de vida y costumbres, incluyendo el uso cultural y espiritual del territorio.

Por esta razón, solicitan que se mantenga la calificación ambiental desfavorable del proyecto y que se determine que la iniciativa debe ingresar mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), debido a los posibles efectos ambientales involucrados.

Además, pidieron la suspensión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y la paralización de las obras mientras se resuelve el caso. Esa solicitud actualmente está siendo analizada por el tribunal y podría resolverse en los próximos días.

Proyecto contempla ocho sondajes

El proyecto “Exploraciones Aida” considera la realización de ocho perforaciones mediante sondajes de diamantina para determinar la existencia de minerales en profundidad.

La iniciativa contempla una inversión cercana a un millón de dólares y tendría una duración aproximada de tres meses.

El área de trabajo se ubica a unos 120 kilómetros al este de San Pedro de Atacama.

La causa quedó registrada bajo el Rol R-159-2026.

La justicia rechazó una reclamación presentada contra la iniciativa que busca reemplazar el carbón por biomasa en las centrales CTA y Hornitos. El proyecto se enmarca en el proceso de descarbonización de la matriz energética del país.

El Primer Tribunal Ambiental rechazó una reclamación presentada contra la aprobación ambiental del proyecto de reconversión energética “Operación Unidades CTA/CTH con 100% Biomasa”, iniciativa impulsada por Central Termoeléctrica Andina SpA que busca reemplazar el uso de carbón por biomasa en sus unidades de generación eléctrica ubicadas en Mejillones, Región de Antofagasta.

Con esta decisión judicial, se ratifica la autorización ambiental otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta (COEVA), despejando uno de los principales obstáculos que enfrentaba el proyecto.

La iniciativa se desarrolla en Mejillones, una de las zonas históricamente ligadas a la generación termoeléctrica en el norte del país, y forma parte del Plan de Descarbonización de la matriz energética, que busca reducir progresivamente el uso de carbón en centrales eléctricas.

Tribunal descarta irregularidades

En su sentencia, el tribunal revisó las reclamaciones presentadas contra el proyecto y concluyó que no existen ilegalidades en el proceso de evaluación ambiental.

El fallo estableció que el proyecto fue correctamente descrito durante su evaluación, descartando que existiera obligación de especificar el origen de la biomasa que será utilizada como combustible.

Además, los jueces señalaron que no se contraviene la normativa sobre cambio climático, ya que dicha legislación no estaba vigente cuando el proyecto ingresó al sistema de evaluación ambiental.

El tribunal también descartó que la iniciativa genere impactos significativos en la calidad del aire, destacando que la reconversión energética implica una reducción relevante de emisiones contaminantes.

Biomasa en lugar de carbón

El proyecto contempla reemplazar completamente el carbón por biomasa como combustible en las unidades generadoras de la Central Termoeléctrica Andina (CTA) y la Central Termoeléctrica Hornitos (CTH).

Para ello se utilizará infraestructura existente en las centrales, transportando la biomasa desde instalaciones portuarias hasta las actuales áreas de almacenamiento mediante correas transportadoras que hoy se utilizan para el carbón.

La iniciativa considera una inversión estimada de 12 millones de dólares.

Debate técnico en el tribunal

La decisión fue adoptada de forma unánime por el tribunal ambiental y fue redactada por la ministra Sandra Álvarez Torres, contando además con observaciones de los ministros Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro.

El ministro Hernández planteó que, si bien compartía el rechazo de la reclamación, sería recomendable que en futuros proyectos de generación eléctrica con biomasa se incluya información más detallada sobre certificaciones de sostenibilidad del insumo y balances de carbono.

Por su parte, el ministro Alfaro coincidió con el resultado del fallo, aunque sostuvo que la acción presentada por los reclamantes podría incluso haberse declarado improcedente, debido al sistema especial de recursos contemplado en la legislación ambiental.

Avanza la transición energética

Con este fallo, el proyecto de reconversión energética queda respaldado judicialmente y se suma a los esfuerzos del país por reducir el uso de combustibles fósiles y avanzar hacia una matriz energética más limpia.

La iniciativa forma parte del proceso nacional que busca retirar o reconvertir centrales a carbón en distintas comunas del país, entre ellas Mejillones, una de las principales zonas industriales y energéticas del norte de Chile.

Un nuevo giro sacude el controvertido proyecto Dominga. La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló, de oficio, todo lo obrado en la etapa de cumplimiento incidental dictada por el Primer Tribunal Ambiental, al considerar que el procedimiento aplicado no correspondía a un caso previsto por la ley.

En fallo unánime (causa rol 2-2025), la Segunda Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca— determinó que la resolución emitida en febrero de 2025 por el tribunal ambiental no cumplía con los requisitos legales para ser ejecutada.

El fallo sostiene que, según lo establecido en los artículos 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil, solo son ejecutables las sentencias firmes que declaren un derecho a favor de quien lo invoca, condición que —según el tribunal— no se cumplía en este caso, conforme a lo ya resuelto por la Corte Suprema.

“De lo dicho, deviene categórico que se aplicó el procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley”, señala la resolución, agregando que ello generó un vicio procesal que debía ser corregido mediante las facultades oficiosas del tribunal.

La Corte explicó además que la sentencia invocada como título ejecutivo no estableció ningún derecho concreto a favor de alguna de las partes, ni resolvió la calificación del proyecto Dominga. Por el contrario, indicó que dicha sentencia solo anuló la decisión del Comité de Ministros y ordenó un nuevo pronunciamiento, sin poner término al proceso ni resolver el fondo del asunto.

El tribunal fue enfático al señalar que pretender que una Corte de Apelaciones, en el marco de un recurso sobre cumplimiento, se pronuncie sobre aspectos esenciales del proceso de evaluación ambiental —como límites y competencias de las autoridades— resulta improcedente y contrario a la ley.

Por estas consideraciones, y conforme a los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la Corte resolvió anular íntegramente lo actuado en el procedimiento de cumplimiento incidental en la causa R-95-2023 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, declarando improcedente su aplicación.

Con esta decisión, el caso Dominga suma un nuevo capítulo judicial que vuelve a tensionar el escenario en torno a uno de los proyectos más polémicos de la última década.

La organización ambiental valoró la resolución del tribunal de alzada que confirmó el tercer rechazo del proyecto minero portuario decidido por el Comité de Ministros en enero de 2025.

A través de una declaración pública, Greenpeace informó y valoró el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que confirmó el tercer rechazo del proyecto minero portuario Dominga. Según detalló la organización, el tribunal anuló de oficio lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en un procedimiento de cumplimiento incidental, considerando que su aplicación resultaba improcedente, dejando así firme el rechazo administrativo vigente.

Desde la organización ambiental señalaron que la resolución representa un nuevo revés judicial para la iniciativa impulsada por Andes Iron, en una controversia que se ha extendido por más de una década.

Roxana Núñez, abogada y encargada de Incidencia en Greenpeace, sostuvo que “el fallo de la Corte es claro y lapidario para Dominga, un proyecto nefasto, obsoleto, ilegal y corrupto, que no puede seguir avanzando por medio de presiones judiciales ni saltarse la ley. Valoramos que en esta oportunidad la justicia haya prevalecido y reconociera que sigue vigente su rechazo”.

No obstante, la profesional advirtió que la empresa podría continuar con acciones judiciales. “No nos extrañaría que Andes Iron, la compañía tras Dominga, no cese en sus intentos por torcer la justicia y seguir apelando judicialmente como ha hecho durante la última década”, afirmó.

En la misma línea, Núñez planteó que el contexto político y judicial actual exige respeto irrestricto a las resoluciones de los tribunales. “En el último año hemos sido testigos de la enorme corrupción desplegada sobre nuestro país, que ha manchado la reputación de empresas, la justicia y la política nacional; por eso, es de esperar que las autoridades —tanto salientes como entrantes— reconozcan este fallo, acaten lo señalado por la justicia y no diseñen soluciones a medida para mantener la corrupción, ilegalidad y daño ambiental irreparable que este proyecto conlleva”, indicó.

La abogada agregó que, a juicio de la organización, deben continuar avanzando las investigaciones penales relacionadas con eventuales hechos de corrupción y tráfico de influencias en torno al proyecto.

Finalmente, Greenpeace reiteró que continuará trabajando, junto a la Alianza de Humboldt, para la protección de la zona. “Desde Greenpeace, como parte de la Alianza de Humboldt, vamos a continuar trabajando inclaudicablemente para mantener protegido este lugar de biodiversidad única, junto a las miles de personas que se han opuesto al desarrollo de este proyecto industrial en la zona. Hoy, una vez más, queda demostrado que el trabajo de las comunidades pesa más que los cientos de millones gastados por una empresa en esta fallida estrategia legal”, concluyó Núñez.

La información corresponde a una declaración pública emitida por Greenpeace tras conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

La acción legal fue presentada por la Comunidad Indígena Atacameña de Conchi Viejo, en junio de 2024, en contra de la empresa AR Loa SpA, por la construcción del Parque Eólico Ckhúri, en la que afirmaron que su ejecución había causado daño ambiental sobre sitios arqueológicos, buscando conseguir la reparación del daño ambiental.

Durante el juicio, las partes presentaron diversos antecedentes, incluyendo informes técnicos y la declaración de un testigo experto. Además, el tribunal ofició al Consejo de Monumentos Nacionales para requerir información sobre el caso.

Tras el análisis de estos antecedentes, se pudo determinar que la prueba presentada por la parte demandante carecía del mérito suficiente para acreditar el daño ambiental alegado en la demanda, no existiendo prueba directa de una afectación del patrimonio arqueológico y advirtiéndose que los informes técnicos presentados no cumplían con un estándar metodológico mínimo que permitiera sustentar las conclusiones en ellos expuestas.

Además, de la información requerida al Consejo de Monumentos Nacionales se pudo establecer que solamente existieron en la ejecución del proyecto, las que fueron abordadas y subsanadas progresivamente por el titular en cumplimiento de las exigencias formuladas por el consejo.

“Conforme con toda la prueba examinada en los considerandos precedentes, se concluye que la demandante no logró acreditar la existencia del daño ambiental que atribuye a la demandada” explica la sentencia.

“Tras el análisis de toda la prueba rendida, se concluyó que no se acreditó una afectación significativa al patrimonio arqueológico ni a su valor cultural y espiritual. La evidencia presentada careció del rigor metodológico necesario y no demostró de manera directa el daño ambiental alegado”, señaló el ministro Alamiro Alfaro Zepeda, redactor de la sentencia.

La controversia

La comunidad imputó a la empresa AR Loa SpA intervenciones físicas sobre rasgos lineales, huellas troperas ancestrales, estructuras ceremoniales y espacios rituales asociados a períodos históricos relevantes, además de acusar la existencia de un manejo deficiente y reiteradas falencias en la identificación, documentación y resguardo efectivos de dichos monumentos.

Precisaron que, en relación con el Sitio Arqueológico Ckhúri, el que está compuesto por 34 estructuras pétreas, recintos, talleres líticos, al menos 16 elementos rituales, ofrendas y una red de caminos ancestrales, este habría sufrido una fragmentación significativa producto del desarrollo del proyecto, dejando fuera de los cercos de protección a diversas estructuras de carácter crítico.

La empresa, en tanto, acusó graves deficiencias formales en la demanda, afirmando que no se identifican de forma clara cuáles son las acciones específicas atribuidas a la empresa como dañinas, ni tampoco se aclara en que consiste el daño ambiental invocado. Indicó que tampoco se estableció una relación entre acciones específicas y el daño supuestamente causado.

Además, la demandada negó la afectación de sitios arqueológicos, afectaciones culturales o espirituales, afirmando haber cumplido con las autorizaciones ambientales y la normativa establecida durante todo el avance del proyecto, donde además fueron fiscalizados de forma permanente por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

El proyecto

El proyecto “Parque Eólico Ckhúri” se encuentra localizado en la comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. Este consiste en la construcción, instalación y operación de un parque eólico encargado de transportar la energía generada hasta la subestación eléctrica existente denominada El Abra, esto es, aproximadamente a 65 kilómetros de la ciudad de Calama.

El proyecto consistía, originalmente, en la construcción, instalación y operación de un parque eólico con una potencia máxima de 240 megavatios (“MW”). Para ello, se contempló un máximo de 160 aerogeneradores (“AG”), cada uno con una altura aproximada de 85 metros y una capacidad individual de generación de 1,5 MW.

Durante los años 2014 a 2018, el titular presentó tres consultas de pertinencia, mediante las cuales efectuó diversas modificaciones al proyecto, reduciendo la cantidad de equipos y el área a intervenir, contemplando, finalmente, la instalación de 26 aerogeneradores en lugar de los 160 originales. El proyecto contempla una inversión de 500 millones de dólares y una vida útil de 20 años.

En el escrito ingresado al tribunal la empresa solicita que se deje sin efecto la resolución que objeta la iniciativa y aduce variados fundamentos, entre ellos que es ilegal pues abiertamente contradice lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en causa rol R-1-2017; que el proyecto ha sido rechazado exclusivamente en instancias políticas; y que Dominga  es plenamente compatible con el ordenamiento territorial y con la protección del ecosistema del territorio donde pretende localizarse,  entre otros.

Como primera alegación, la empresa argumenta que “se han tenido a la vista consideraciones no técnicas sino políticas y sin cumplir las directrices jurisdiccionales” y asegura que “ha superado el test técnico ambiental una y otra vez”.

“Dominga ha sido un proyecto que, como pocos, ha superado repetidamente las exigencias más elevadas en materia ambiental, tanto en sede administrativa como judicial; posicionándolo como uno de los proyectos con escrutinio más intenso en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, dice el escrito.

Otro aspecto cuestionado por el reclamante es la aseveración del comité respecto a que los tribunales ambientales no pueden establecer directrices. “El tribunal ambiental es un tribunal especializado, facultado para pronunciarse sobre temas técnico-ambientales, contrario a lo sostenido por el Comité de Ministros”, se estipula en el documento.

Además, Andes Iron afirma que dio estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos por el órgano jurisdiccional respecto al área de influencia, la línea base, la identificación de impactos y medidas.

Proyecto

El proyecto minero-portuario Dominga, cuya inversión es de US$2.500 millones, se localiza en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. Su objetivo es la producción y comercialización de concentrado de hierro como producto principal y de concentrado de cobre como subproducto.

Considera la producción de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro y 150 mil toneladas anuales de concentrado de cobre, como resultado de la explotación de dos rajos. El concentrado de hierro será enviado a través de un concentraducto subterráneo al terminal de embarque en la Caleta Totoralillo Norte.

Causa ROL N° 95-2023

Una inédita capacitación a funcionarios y funcionarias de la Armada de Chile realizó, y espera seguir ejecutando, el Primer Tribunal Ambiental gracias a un convenio de colaboración firmado este año entre ambas instituciones.

La actividad, efectuada el pasado jueves en dependencias del órgano jurisdiccional, fue encabezada por la ministra presidenta, Sandra Álvarez y el Gobernador Marítimo, Capitán de Navío LT Domingo Hormazábal y contó con la participación de funcionarios de la Gobernación Marítima, de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático; así como de uniformados de las capitanías de puerto de Tocopilla, Mejillones y Taltal.

La ministra presidenta dio la bienvenida a los uniformados y personal de la Armada en la Región de Antofagasta y agradeció la voluntad de poder interiorizarse sobre el funcionamiento del tribunal. En la ocasión explicó la composición mixta con ministros abogados y en ciencias, así como también dio a conocer el trabajo del equipo.

En tanto, el Gobernador Marítimo resaltó la importancia de la vinculación entre ambos organismos y resaltó el trabajo de su institución vinculado al medioambiente. “En la Armada, a través de DIRECTEMAR, somos pioneros en el tema ambiental, principalmente en el tema de los océanos”, dijo la autoridad marítima.

Además, compartió la mirada de la ministra respecto a la importancia de generar alianzas que permitan un relacionamiento permanente. “Para nosotros es muy interesante, como un órgano sectorial más que tiene el Estado que ustedes también conozcan nuestra labor”, aseguró.

Exposiciones

Las exposiciones estuvieron a cargo del jefe de la Unidad de Estudios, Kim Echeverría y de la asesora abogada de la misma Unidad Karina Fernández, quienes abordaron la institucionalidad y los tribunales ambientales.

La abogada Fernández dio a conocer los ámbitos del derecho ambiental y sus hitos, el reconocimiento en la Constitución, su protección y los roles de las instituciones que conforman la institucionalidad ambiental.

En tanto, el jefe de la unidad Kim Echeverría explicó el funcionamiento de los tribunales ambientales, el tipo de causas que les toca resolver; así como también abordó de qué manera la DIRECTEMAR se vincula con estos órganos jurisdiccionales.

DIRECTEMAR

La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, es el organismo de la Armada que cautela el cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales vigentes para dar seguridad marítima, proteger la vida humana en el mar, zonas fluviales y lacustres; preservar el medioambiente acuático y los recursos naturales marinos; ejercer la policía marítima, entre otras. Cuenta entre las instituciones que la conforman con el SHOA, DISOMAR Y DIRINMAR.

Por variados incumplimientos ambientales entre ellos el derrame de más de 15 mil litros de ácido sulfúrico en el radio urbano de Tocopilla.

El Primer Tribunal Ambiental autorizó la suspensión del transporte de sustancias corrosivas que realiza la empresa TransFahum SpA entre las regiones del norte del país, luego de una solicitud efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Se trata de una Medida Urgente y Transitoria (MUT) solicitada por tres meses la que fue ingresada al tribunal debido a continuos incumplimientos ambientales de la transportista, entre ellos, el derrame de más de 15 mil litros de ácido sulfúrico.

Para la ministra presidenta Sandra Álvarez “existen antecedentes suficientes para considerar que se configura una hipótesis infraccional que justifica la adopción de la medida”.

Lo anterior a la luz de los antecedentes entregados por la SMA respecto al riesgo que significa la operación de TransFahum. “Se justifica en la entidad del riesgo al que se expone al medio ambiente debido al actuar ilegal del titular (la empresa), quien ejecuta un proyecto que genera impactos ambientales sin reparar en las medidas que la autoridad competente definió para otorgar su autorización”.

Además, en la resolución dictada por el tribunal se hace hincapié en la peligrosidad del transporte de ácido sulfúrico y los incumplimientos respecto a la certificación de los conductores, quienes incluso no contaban con licencia de conducir emitida en Chile y el hecho de que Carabineros comprobó el manejo bajo la influencia del alcohol, “lo que solo ayuda a acrecentar el riesgo inminente al que está expuesta la salud de la población”.

Entre lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental también está sugerir a la SMA oficiar a Carabineros de Chile y a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta para que fiscalicen el cumplimiento de la medida en lo que respecta a su competencia. Además, se sugiere oficiar a las municipalidades de Calama, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta; y/o a la Asociación de Municipalidades de Chile para que informen mensualmente y por el tiempo de duración de la MUT, el listado de licencias de conducir A-5 emitidas.

Finalmente, la resolución deja en claro que “si se presenta evidencia de que han sido realizadas acciones encausadas a gestionar adecuadamente el riesgo, y le permitan volver a un estado de cumplimiento de lo que la respectiva RCA establece, las mismas podrán ser levantadas antes de terminado el plazo requerido”.

Incumplimientos

Entre los incumplimientos al permiso ambiental otorgado a la empresa, la SMA identificó el derrame de ácido sulfúrico en un sector urbano de Tocopilla, luego del volcamiento de uno de los camiones, lo que generó un derrame de aproximadamente 15 mil litros vertidos al mar.  Sumado a esto, el parte policial evidenció que el conductor no tenía licencia de conducir y estaba bajo los efectos del alcohol.

La causa fue presentada por la empresa luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no diera el visto bueno para la ejecución de la iniciativa que pretende desarrollarse en el Salar de Atacama, Región de Antofagasta.

Los ministros Mauricio Oviedo, Cristián López y la ministra presidenta, Sandra Álvarez, decidieron que se deberá retrotraer la evaluación ambiental del proyecto, específicamente a la etapa del ICSARA, es decir, previo a la emisión del informe que consolida las consultas, aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones solicitadas por los servicios públicos competentes al titular de la iniciativa.

Sin embargo, condicionaron la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a la presentación de un nuevo modelo hidrogeológico. “Para el tribunal se hace necesaria la confección de una nueva modelación hidrogeológica que tenga en consideración las observaciones técnicas que la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) plantearon durante la evaluación ambiental, excepto a lo que se refiere al tipo de modelación, ya que es la empresa quien debe justificar cuál es la mejor técnica disponible para alcanzar el resultado más robusto”, explicó el ministro redactor, Mauricio Oviedo.

En cuanto a la justificación de la decisión, el ministro Oviedo dijo que “la empresa debió haber realizado las modificaciones que eran relevantes de ser evaluadas para el correcto descarte de efectos y fundar técnicamente todas sus decisiones, en particular aquellas donde difiere la autoridad, como la consideración de escenarios desfavorables acordes con los permisos ambientales, consistencias de balance hídrico en zonas sensibles, entre otras”.

Respecto a la controversia y presentación de un nuevo modelo hidrogeológico, la ministra presidenta, Sandra Álvarez, con su voto preventivo, estableció que de cara al último ICSARA que se debe realizar, éste debe cuidar aspectos como una presentación completa, oportuna, acorde al estándar que se le requiera y no entorpecer la evaluación en sede ambiental con estrategias dilatorias. Asimismo, la ministra Álvarez estableció una prevención al SEA en torno al informe.                     

También el tribunal analizó otras controversias como la supuesta falta de permisos ambientales sectoriales y lo que sería la ilegalidad de la resolución reclamada, no obstante, no las acogió.

Proyecto

El proyecto tiene por objeto la recuperación de sales de potasio de las prospecciones en el oeste del Salar de Atacama, con el fin de alcanzar una producción de 200.000 toneladas por año de cloruro de potasio.

*Foto referencial Salar de Atacama

Abogado antofagastino Javier González Cuevas.

En una ceremonia interna y ante la ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental, juró el nuevo secretario abogado del órgano jurisdiccional. Se trata del profesional Javier González Cuevas, quien cuenta con una destacada trayectoria en el sector público.

La ceremonia de juramento, que se realizó en la sala de audiencias, contó con la participación del equipo del tribunal, quienes presenciaron el juramento que se efectuó ante la ministra presidenta, Sandra Álvarez Torres y el relator primero, Pablo Miranda.

Durante la ceremonia, la ministra Álvarez dio la bienvenida al profesional y destacó su paso por el servicio público. “Enfrentamos importantes desafíos como tribunal y estoy segura que la llegada del nuevo secretario abogado contribuirá a avanzar en cada meta que nos hemos propuesto”.

En tanto, Javier González expresó su satisfacción por integrarse al equipo del tribunal y aunque reconoció que “no fue una decisión fácil”, aseguró que enfrenta con humildad los retos que implica su nuevo cargo. “Estoy seguro que puedo aportar con mi experiencia y conocimientos, no sólo en el ámbito profesional, sino también personal; y asimismo aprender de todas las personas que integran el Primer Tribunal Ambiental”, manifestó el abogado.

Además, el nuevo secretario abogado hizo referencia a su vida profesional dedicada al servicio público, lo que -aseguró- le permitirá “aportar con una mirada concreta a problemas que día a día como ciudadanos nos vemos expuestos”.

Experiencia

El abogado Javier González cuenta con una vasta experiencia en el ámbito público, donde ejerció como agente zonal de la Superintendencia de Salud, cargo que desempeñó desde el 2006.

Además, es docente de las cátedras de Derecho Político e Introducción al Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Norte.