Un nuevo capítulo suma el conflicto entre la empresa Procesadora de Residuos Industriales Limitada (RECIMAT) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), luego de que la firma presentara una reclamación judicial tras el rechazo de su Programa de Cumplimiento (PdC).

La audiencia se desarrolló en el marco del procedimiento sancionatorio que enfrenta la empresa, ubicada en el sector industrial Puerto Seco de Calama, donde ambas partes expusieron sus argumentos ante el tribunal ambiental.

Desde RECIMAT, su abogado Camilo Jara cuestionó duramente la actuación de la SMA, asegurando que el proceso ha sido excesivamente largo. “La excesiva dilación del procedimiento sancionatorio… se ha extendido por cerca de cinco años, superando ampliamente los plazos legales”, afirmó, agregando que incluso se trata de un conflicto que lleva cerca de una década en discusión.

El representante de la empresa también sostuvo que las supuestas infracciones no corresponden a hechos graves, sino a incumplimientos administrativos. “No están siendo acusados de contaminar, sino más bien de incumplimientos de carácter administrativo”, señaló.

Además, acusó falta de apoyo por parte del organismo fiscalizador, indicando que no se les habría dado la oportunidad de corregir observaciones antes de rechazar el programa presentado.

Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente rechazó estas acusaciones y defendió la legalidad del proceso. El abogado del organismo, Francisco Sepúlveda, afirmó que la empresa no ha logrado cumplir con los estándares técnicos exigidos.

“El programa fue rechazado porque no había sustento científico en lo relevante”, explicó, añadiendo que durante el proceso se realizaron múltiples instancias de apoyo, incluyendo reuniones y observaciones técnicas.

La SMA también descartó que exista abandono o demora injustificada, señalando que el procedimiento formal comenzó en 2020, pese a que las fiscalizaciones iniciales datan de años anteriores.

El conflicto se origina en inspecciones realizadas entre 2016 y 2017, que derivaron en cargos formulados en marzo de 2020. Desde entonces, la empresa ha presentado seis programas de cumplimiento, siendo el último rechazado en septiembre de 2025 por no cumplir con criterios de integridad y eficacia.

Cabe recordar que este caso ya había sido revisado previamente por la justicia ambiental en 2021, instancia en la que se anuló la aprobación inicial del plan por falta de respaldo científico.

RECIMAT insiste en que se deje sin efecto la resolución de la SMA y que se reevalúe su propuesta, mientras el tribunal ya adoptó acuerdo, quedando a la espera de la sentencia que definirá el futuro del proceso.

La empresa se dedica al reciclaje de residuos con plomo provenientes de la minería y baterías, actividad que ha estado bajo observación debido a su potencial impacto ambiental y en la salud de la población.

· Minera Escondida asegura que hay un cambio de criterio de la SMA.

Con la visita a seis sectores del sector sur del Salar de Atacama, el Primer Tribunal Ambiental realizó una inspección personal en el marco de la reclamación que efectuó minera Escondida contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la multa de más de 7.600 millones de pesos aplicada debido a incumplimientos ambientales.

La diligencia, que fue encabezada por el ministro en ciencias, Marcelo Hernández, comenzó en Peine y finalizó en el sector norte del acuífero. En ella participaron los abogados y profesionales de la minera y de la SMA, así como el equipo del tribunal.

Entre los sectores inspeccionados están el pozo de observación DGA-4, los pozos de monitoreo SAT-2, TP-1, TP-2 y TP-3; así como el punto de monitoreo H-PAT, las Vegas de Tilopozo, el sistema de lagunas La Punta y la Brava y el denominado canal de disolución.

El lugar que concitó la mayor atención fue el de Las Vegas de Tilopozo, debido a que en ese sector, de acuerdo a la SMA, la minera provocó un daño ambiental, por lo cual el ministro a cargo de la diligencia, efectuó una serie de consultas y se llevó a cabo un recorrido para observar en terreno las características del ecosistema.

Durante la visita, la abogada de la SMA Katharina Buschmann reiteró los argumentos de la superintendencia respecto a que la minera no detuvo la extracción de agua, aun cuando había constatado los descensos en el acuífero más allá de lo permitido en su permiso ambiental. Esto porque la minera ha indicado que no sobrepasó el umbral permitido y que la medición se efectuó en un lugar distinto.  A juicio de la profesional, la compañía “no está considerando el descenso de los pozos, sino el flujo pasante mediante un modelo que no está validado”.

Finalmente,  Buschmann concluyó que “parece poco razonable  para la SMA que estén tratando de excusarse de un incumplimiento  en un sector tan sensible”.

En tanto, el abogado de la minera Patricio Leyton, sostuvo que no desconocen el descenso del nivel del acuífero en algunos sectores, pero que no se ha provocado un daño ambiental en Las Vegas.

Además, Leyton aseguró que “permanentemente informó a la Dirección General de Aguas (DGA) de los monitoreos realizados y los descensos. Sin embargo, Buschmann indicó que “en ningún caso se puede entender que la obligación de Escondida estaba en reportar, porque la obligación de cese de extracción es del titular”.

Con la reclamación, la minera espera revertir la multa que le aplicó el organismo fiscalizador luego de un proceso sancionatorio y la formulación de cargos graves y gravísimos debido a la sobreextracción de aguas subterráneas.