Cinco abogados entregaron sus argumentos ante el Primer Tribunal Ambiental para establecer y para descartar el daño ambiental del acuífero de Monturaqui, Negrillar y Tilopozo. Con dichos alegatos culminó, el lunes, la etapa de prueba de la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Minera Escondida, Minera Zaldívar y Albemarle.

Los alegatos de los abogados demandantes -esto es el CDE y los terceros coadyuvantes la Comunidad Indígena Atacameña de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños- se centraron en demostrar el daño ambiental, su significancia y el dolo o culpa de las tres mineras. Mientras que los abogados de las empresas desestimaron su responsabilidad y se refirieron a los permisos ambientales que les han sido otorgados para realizar su labor.

El primero en alegar con el fin de establecer el detrimento fue el abogado Osvaldo Solís, quien en representación del Estado de Chile “y de las futuras generaciones” dijo que “es un hecho asentado por testigos expertos y comunes que los ecosistemas dependientes del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo necesariamente van a desaparecer, los servicios ecosistémicos que éstos prestan van a dejar de prestarse y la biodiversidad que caracteriza el área también va a desaparecer”.

Solís se refirió al daño al medioambiente y afirmó que es “irreparable” porque se extiende más allá de la vida en escala humana y “permanente y continuo” porque las empresas Zaldívar y Albemarle continúan extrayendo agua.

Con la entrega de diversos antecedentes para demostrar que se configura la significancia y la culpa o dolo, Solís finalizó su alegato mostrando un documento del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en el que se exhibe el descenso del Sistema Lagunar La Punta y La Brava. “Lo que informa el MMA es que Laguna La Punta se va a secar el año 2028, Laguna La Brava va a subsistir un poco más”. También, exhibió imágenes del caracol de Tilopozo, una especie única del lugar y dijo que “va a perder su núcleo poblacional más importante por la muerte de la Vega”, lo mismo con los organismos extremófilos que habitan en las lagunas. “Allí hay una fuente inagotable de conocimiento científico que se va a desaprovechar”, aseguró Solís.

Luego, el abogado de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, Ronald Sanhueza hizo referencia a miembros de la comunidad de Peine presentes en la audiencia al manifestar que “nos encontramos ante representantes que podrían ser la última generación de Peineños que vieron Las Vegas de Tilopozo y los sistemas lagunares La Punta y La Brava”.

También para Sanhueza, “toda la prueba rendida hace ver que los niveles de agua del acuífero tienen relación con las extracciones de las demandadas lo que obedece penosamente a una forma de hacer negocio, a un modelo de explotación que no es racional, ni tampoco responsable, puesto que aun ante la evidencia no se toman medidas para corregir la situación de peligro y daño que se está provocando”.

“Hoy continúan las extracciones. En los 30 minutos de alegatos, el equivalente a 27 camiones aljibes de agua de 15 metros cúbicos, salieron del acuífero. No llegaron a Tilopozo y no llegaran nunca. Ese es el equivalente de agua que se continúa extrayendo”, afirmó Sanhueza.

Posteriormente fue el turno del abogado del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Sergio Chamorro, quién se refirió “al derecho reclamado de permanecer en un lugar y en un entorno natural que es propio del pueblo atacameño y al insistente llamado que han realizado respecto a que la cuenca, sus bofedales, el acuífero son sistemas altamente frágiles.

“Saben y sabemos que el lugar donde extraen cobre y litio es altamente frágil. Que vive un pueblo hace 11 mil años y que vive gracias a un equilibrio ecosistémico”, enfatizó el abogado del CPA.

Empresas

Por parte de las empresas, el primero en entregar sus fundamentos para establecer que no hay daño ambiental en el acuífero fue el abogado Patricio Leyton en representación de Minera Escondida. Entre sus argumentos estuvo que la empresa se ajustó siempre a su permiso ambiental; que dejó de extraer agua el 2019; y que las extracciones realizadas no generaron efectos en las Vegas de Tilopozo.

Respecto al acuífero dijo que “no puede haber daño ambiental si lo que se produjo es un impacto evaluado y aprobado”, al referirse a que se evalúo que los niveles del acuífero no bajaran de los 25 centímetros en lugares con vegetación y no en cualquier lugar.

Sobre la afectación a las vegas, Leyton aseguró que “los efectos de Escondida no han llegado a Las Vegas (de Tilopozo) y que los efectos que se perciben en esos puntos son producto de las extracciones de Albemarle y Zaldívar”.

Posteriormente, Rodrigo Guzmán alegó en representación de Minera Zaldívar, fundamentando que la demanda es “injusta, inconsistente, injustificada” en lo que concierne a Minera Zaldívar y enfatizó en que no les asiste responsabilidad de daño ambiental.

En sus alegatos, Guzmán dio que no ha habido mención alguna de la responsabilidad que le incumbe al Estado haber entregado sendos derechos para extraer agua. “El Estado nada ha dicho, sin embargo, es el responsable de haber entregado todas esas autorizaciones”, afirmó.

Otro argumento de Compañía Minera Zaldívar tuvo relación con que la empresa nunca ha sido objeto de un levantamiento de cargos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, haciendo alusión a lo que sucede con Minera Escondida, quien está sujeta a un procedimiento sancionatorio.

Finalmente, fue el turno del abogado de Albemarle, Gonzalo Montoya, quien afirmó no entender por qué la empresa ha sido demandada y aseguró que no hay prueba contra la compañía.

Para Montoya el pilar de la demanda del CDE es el procedimiento sancionatorio que la Superintendencia del Medio Ambiente levantó contra Minera Escondida y aseguró que ningún documento que entregó el Consejo dice relación con Albemarle y cuestionó el estándar probatorio. “El CDE se olvida que Albemarle es una empresa que se dedica a otra cosa, que tiene otro tipo de extracción”, manifestó.

El abogado recordó que el agua que la empresa extrae no es subterránea, sino de una vertiente producto del afloramiento del acuífero y enfatizó que es una extracción mínima en comparación con las otras empresas.

En su defensa, además, Montoya argumentó que, sobre la prueba de la empresa, “Albemarle realiza una actividad distinta, utiliza niveles de agua ínfimos y no forma parte del procedimiento administrativo que se sigue contra Minera Escondida”.

Finalmente mencionó que la demanda a la empresa que representa es “irresponsable” porque no se ha provocado ninguna afectación por la extracción que ellos realizan.

Padre e hija recibieron esta distinción, junto a otros 11 cultores y cultoras de los pueblos mapuche, rapa nui y aymara, en una ceremonia realizada en el marco de la Feria Nacional Artesanías que se realiza en la Plaza de la Constitución de Santiago y que contó con asistencia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, y el subdirector nacional de Pueblos Originarios, José Ancán, entre otras autoridades.

Floridor Ayavire fue uno de los seis usuarios y usuarias del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que este año obtuvieron el Sello Artesanía Indígena. Los otros son Carmen Huaylla, de General Lagos, por “Phullu Awayu”; Juana Mamani, de Colchane, por “Faja Purapi Churu”; Rosa del Carmen Melinao, de Cunco, por “Kachif”; Daniela Burgos, de Saavedra, por “Pilwa Wilal Tradicional”, y Osvaldo Güineo, de Quellón, por “Frazada Punto Ojo de Guanaco”.

Nacido en el pueblo de Toconce y radicado en Alto El Loa, Floridor Ayavire perdió a su madre a la edad de 16 años y creció con sus abuelos, Cristóbal Ayavire y Patricia Choque, con quienes tuvo sus primeros contactos con el barro, ya que ambos se dedicaban a la artesanía, además de cultivar maíz, habas y cebollas y criar corderos y llamas para el autoconsumo, tradición ancestral que él ha mantenido hasta nuestros días.

“Yo siempre ayudaba a mi abuela a hacer la masa, porque ella hacía toda la preparación para las artesanías. Mirando fui aprendiendo, igual que mi hija, que también jugó con el barro. Así hemos mantenido esta tradición de nuestros antepasados, tratando de hacer cosas mejores. Yo soy más rústico y mi hija tiene manos finas. Trabajar en esto es una manera de representar las costumbres de nuestro pueblo, y somos pocos los que tenemos la habilidad de hacerlo”, dice el cultor.

Comenta que cuando está con las manos en la greda, que recolecta en los cerros circundantes a su hogar, piensa siempre en sus abuelos, que hacían jarros y platos para poder alimentarse, ya que no contaban con utensilios de cocina. “Hoy hay tantas comodidades que nadie se dedica a esto”, señala con un dejo de tristeza.

Sobre el Sello de Artesanía, dice que es “un orgullo, algo que nunca me imaginé”, y afirma que trabajar con su hija es “muy bonito, una gran satisfacción”.

Un amor incondicional

Carolina Alma estudió arquitectura en la Universidad Arturo Prat de Iquique, pero la sangre y la greda hicieron lo suyo y en 2016 creó Alma Atacameña para trabajar junto a su padre. “Fue difícil dejar de lado mi profesión, porque el esfuerzo que hicieron mis padres para que estudiara fue muy grande, pero cuando me reencontré con la arcilla nativa me di cuenta de que me hacía muy feliz, me encantaba y me llenaba en todos los aspectos. Me llevó el corazón y no pude hacer nada. Por fortuna esto vino de la mano con muchas oportunidades para desarrollar nuestro proyecto”.

Cuenta que cuando tenía 8 años su padre comenzó a traspasarle la información generacional que la marcó a fuego. “Él se dio cuenta que tenía una inclinación por los colores y los materiales. Yo jugaba con plasticina en el patio y cuando los monitos se me derretían por el sol y me ponía a llorar, él me tocaba la cabeza, me decía que no llorara más y me llevaba barro, que no se iba a derretir, para que siguiera jugando”.

“Mi papá es mi motor, además de un hombre sabio, nacido y criado en el pueblo de Toconce, en los campos de pastoreo de la precordillera, y eso significa que tiene un conocimiento muy puro, de crianza y de contacto con el territorio. Trabajar con él es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, porque es un amor idealizado desde niña y estar junto a él recibiendo este premio es mi mayor orgullo”, dice con emoción Carolina Alma.

Agrega que, en el trabajo conjunto, su padre es “el que busca las arcillas, el guano para la quema y la grasa de llamo, el que pisa la arcilla, el que revuelve el barro, el que arma los lulos, el que hace la tarea pesada y se ocupa del fuego, y yo lo acompaño para aprender. Las piezas las pensamos entre los dos; él me habla de los detalles, los ritos y las tradiciones más profundas de la cultura lickanantay, y le da sentido a todo lo que hacemos”.

Sobre la obra ganadora del sello, cuenta que “es reproducción de una pieza arqueológica hallada en el Cementerio Topater 1, que se usaba para rituales funerarios y que tiene un valor icónico para Calama. Representa la mixtura de las dos técnicas alfareras más significativas de la Región de Antofagasta: la roja, de Alto El Loa, y la negra pulida, de San Pedro de Atacama.

El Sello Artesanía Indígena busca revitalizar y proyectar los conocimientos y técnicas artesanales tradicionales, así como incentivar la difusión de las obras galardonadas como manifestaciones auténticas y distintivas de las culturas de los pueblos indígenas presentes en Chile. Desde 2016 se ha premiado a 88 obras –70 ganadoras y 18 menciones honrosas– de 90 cultores y cultoras de 14 regiones del país.

Destacando los objetivos que tiene el Instituto de Desarrollo Agropecuario Región de Antofagasta respecto al vínculo con la asociación indígena su directora María Loreto Pacasse destacó “esta unión lo que está produciendo, y lo que estamos buscando, es que tengamos comunidades desérticas que se adecuen a los cambios climáticos y además gente que este capacitada para generar alimentos con estas tecnologías, sin olvidar por supuesto la parte tradicional de nuestra agricultura”.

En palabras del presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Manuel Salvatierra “creo que con la implementación de estos módulos de cultivo tecnificado nos permitirá abrirnos a un espacio no explorado en nuestro territorio y que puede ser beneficioso para nuestra agricultura familiar campesina, nosotros tenemos toda la esperanza que ese conocimiento se transmita de la mejor forma a nuestros comuneros para que ellos tengan un buen desarrollo de este tipo de agricultura”.

El objetivo de este proyecto es otorgar nuevas competencias a los agricultores de la comuna, los cuales podrán diversificar en base a las grandes posibilidades que tiene una granja demostrativa, a opinión del profesor encargado del proyecto Guillermo Gallardo “lo rico de todo esto es poder hacer una mezcla entre lo tradicional y lo innovador, una mezcla entre riego tradicional y tecnificado, permitiendo tomar decisiones conociendo lo que hay, ya que el uso del agua es fundamental en la zona en que estamos”.