En la oportunidad, las empresas mineras presentaron los diversos avances en la implementación de la conciliación aprobada en diciembre de 2024, donde se comprometieron 14 medidas ambientales que, en su conjunto, están diseñadas para cesar la extracción de agua del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, diagnosticar, restaurar y compensar los sistemas vegetacionales afectados por la extracción de agua de dicho acuífero, compensar y realizar actividades de gestión socioambiental enfocadas en la Comunidad de Peine principalmente, así como también contribuir a la divulgación y educación del conocimiento científico, poniendo en valor el patrimonio ambiental del ecosistema de Tilopozo.

El abogado Raimundo Moreno, en representación de Minera Escondida, señaló que el informe presentado permite verificar “avances sustantivos”, destacando la construcción y puesta en marcha de la Mesa de Gobernanza, el traspaso efectivo de recursos a la comunidad de Peine y el desarrollo de estudios y gestiones preparatorias indispensables para la ejecución de medidas ambientales de mayor complejidad.

Indicó además que el proceso ha enfrentado desafíos propios de la naturaleza técnica, interinstitucional y participativa del acuerdo, agregando que algunas medidas sociales han requerido tiempos adicionales debido a la complejidad del análisis ecosistémico y a la necesidad de asegurar estándares metodológicos adecuados.

Las partes reconocieron algunos retrasos en la ejecución, en particular respecto de la definición de los términos de referencia de la medida M0 consistente en la realización de un análisis de afectación ecosistémica para la determinación de la condición, de la cual depende la implementación de otras medidas contempladas en el acuerdo. Expusieron que, en tal sentido, han logrado avanzar hacia una metodología para la revisión de propuestas mediante reuniones de trabajo, lo que ha permitido consensuar aspectos técnicos de mejor forma. 

Moreno explicó también que, pese a haberse aprobado el acuerdo, el Consejo de Pueblos Atacameños decidió no participar en la Mesa de Gobernanza ni en el Fondo de Asesoría y Gestión, correspondientes a las medidas M6 y M7. Señaló que esta decisión fue comunicada formalmente por el Consejo, aunque se mantiene la disposición al diálogo y la posibilidad de que se reincorporen.

Según la parte demandada, esta determinación no ha impedido la ejecución del acuerdo, ya que la Mesa de Gobernanza cuenta con un diseño que contempla mecanismos de continuidad y representatividad.

Por su parte, el abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, el que actúa en la causa como tercero coadyuvante de la Comunidad de Peine, Sergio Chamorro, indicó que la asamblea del Consejo, integrada por representantes de 18 comunidades de la cuenca del Salar de Atacama, mantiene la decisión de no integrarse a la Mesa de Gobernanza.

Cumplimiento de medidas:

La abogada de Minera Escondida, Marcia Faerman, expuso que la medida M0 Análisis de afectación ecosistémica para la determinación de la condición de sitio, aún no se encuentra en ejecución material, pero sí en fase de elaboración de términos de referencia. Respecto de la medida M1 Cese de extracción de recursos hídricos con fines productivos en la cuenca MNT y cambio de destino de derechos de agua, informó que se iniciaron las tramitaciones y se cumplieron los hitos establecidos, estando a la espera del pronunciamiento de la Dirección General de Aguas.

Luego, señaló que las medidas M2, M3 , M11, M12 y M13, referidas a Compensaciones, Planes de Manejo y Fondos asociados, no han comenzado, por depender del avance de la M0. 

En tanto, las medidas M4, M5, M8 y M9, referidas al plan de gestión social, al financiamiento de proyectos de infraestructura, al plan de difusión y puesta en valor, así como al fondo de desarrollo comunitario, depende directamente de la comunidad, quienes solicitaron reprogramar el hito de inicio de las medidas para el mes de marzo del presente año. 

En cuanto al establecimiento de la mesa gobernanza, medida M6, informó que está fue constituida y ya se encuentra en funcionamiento, mientras que la medida M7, referida a implementar un fondo para asesoría y gestión para las comunidades, explicaron que los recursos ya fueron transferidos a la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, no siendo posible realizar esto respecto del Consejo de Pueblos Atacameños ya que decidieron no integrarse a la gobernanza, destacando que los recursos se encuentra disponibles para el caso en que dicha decisión cambie. 

El abogado de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, Miguel Campos, reconoció el trabajo realizado, señalando que han participado activamente en la Mesa de Gobernanza y que se mantienen informados de los avances, desafíos y retrasos del proceso.

Plazos y coordinación institucional

La abogada jefa de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado, Natalia Alfieri, ratificó el estado de ejecución de las medidas, destacando que se han adoptado nuevas metodologías para la revisión de propuestas en su implementación orientas a acortar los plazos de ejecución. Señaló que esperan avanzar en la determinación de los términos de referencia de la medida M0 durante el primer semestre, agregando que sostendrán reuniones con el Servicio Agrícola y Ganadero para cerrar observaciones necesarias para tal efecto. 

La demanda

Fue en marzo de 2022 que la  Comunidad Indígena Atacameña de Peine, interpuso una demanda en contra de Minera Escondida por reparación de daño ambiental, imputando la sobre explotación del acuífero Monturaqui, Negrillar Tilopozo y un descenso permanente del nivel freático en el sector Tilopozo.

En su acción afirmaron que desde el 2005 existiría una afectación significativa de Las Vegas, con pérdida de cobertura y vegetación en territorio considerado ancestral. 

En el mismo, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Estado de Chile, demandó por daño ambiental a las empresas Minera Escondida, Compañía Minera Zaldivar y Albemarle.

En diciembre de 2024 se alcanzó un acuerdo de conciliación entre las partes acordado por voto de mayoría y que contempló la ejecución de 14 medidas ambientales orientadas a la recuperación del acuífero. 

Se acordó establecer reportes asociados al cumplimiento de las medidas, los que son enviados al tribunal de manera anual, el primero de ellos fue entregado en diciembre de 2025. Es respecto de la revisión de este informe que el tribunal solicitó la presentación de información específica respecto de la ejecución de las medidas y citó a todas las partes a una audiencia de seguimiento para el 24 de febrero del presente. 

La revisión periódica de los avances en el cumplimiento de las sentencias y de los acuerdos de conciliación permite al Tribunal conocer el estado de ejecución de cada una de las medidas establecidas, realizando así un seguimiento de su efectiva implementación.

La SMA fundamentó su solicitud en los ruidos emitidos por el equipo que es utilizado como fuente de suministro eléctrico del establecimiento, el que se encuentra instalado en el área externa del local sin contar con barreras acústicas y operando entre las 9:00 y las 22:00 horas.

Según los antecedentes aportados, entre el 25 de noviembre de 2025 y enero de 2026, se recibieron 23 denunciadas asociadas a ruidos molestos, lo que motivó la realización de actividades de fiscalización en terreno.

Las cifras dan cuenta que el pasado 17 de enero en horario nocturno, se registró un nivel de presión sonora que supera en 27 decibeles el límite máximo permitido en dicho horario y zona.

Así, la SMA sostiene que estos antecedentes configuran una hipótesis infraccional verosímil a la norma de emisión de ruidos, así como un riesgo para la salud de las personas considerando la magnitud de la superación constatada, la reiteración de denuncias y la ubicación del establecimiento en un sector poblado, cercano a edificaciones residenciales y a un establecimiento educacional.

Resolución del Tribunal

Con los antecedentes presentados, el tribunal concluyó que se cumplen los requisitos legales previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA) para autorizar una medida provisional pre procedimental, estimando que esta resulta proporcional con la infracción denunciada y con las circunstancias del caso.

“Se decidió autorizar la medida provisional solicitada por la Superintendencia del Medio Ambiente para la detención de funcionamiento de un equipo generador diésel del local Mc Donald’s ubicado en la Avenida Cerro Paranal por 15 días, atendida la existencia de reiteradas denuncias de vecinos, así como por la superación de la norma de emisión de ruido que fue constatada por el personal fiscalizador de la SMA” declaró el ministro presidente Alamiro Alfaro Zepeda.

En la decisión se destaca la importancia del cumplimiento de la norma de emisión de ruido, cuyo objeto de protección es la salud humana, así como los potenciales efectos que el incumplimiento podría tener sobre la población expuesta.

La resolución fue dictada por el ministro presidente Alamiro Alfaro Zepeda, quien actúo en su calidad de ministro de turno.

Causa Rol S-27-2026

En la primera audiencia, correspondiente a la reclamación de Javier Avalos Ramos, alegó el abogado de la parte reclamante Marcos Bastías Merino, y en el caso de la parte reclamada, se presentó el abogado Agustín Tello Hernández, del Consejo de Defensa del Estado en representación del Ministerio del Ambiente. Además, concurrió el abogado Diego Bascuñán Loyola, por la Municipalidad de Calama, como tercero coadyuvante del ministerio.

Este caso se sustentó en que Avalos es dueño del Fundo Esperanza, propiedad privada de carácter indígena, quien argumenta que la delimitación del humedal es ilegal y arbitraría, careciendo de sustento técnico y trabajo de campo que permitiera corroborar de forma correcta la inclusión de predios que colindan con el río pero no revisten carácter de humedal, entre otras alegaciones.

“Se agregaron predios que no son humedales como tal. Hay conceptos que deben ser analizados. Hacer un análisis de humedal y río, porque acá no parece haberse realizado un trabajo minucioso para que esa declaración sea sólida, impecable, donde se han incorporado tierras indígenas. Debemos recordar que las facultades del Estado deben ser ejercidas dentro de lo principios de legalidad y juridicidad”, expuso en su alegato el abogado del reclamante, Marcos Bastías.

En respuesta, el abogado Agustín Tello, por parte del Consejo de Defensa del Estado, sostuvo que el reclamo es vago e impreciso, no individualiza deslindes del “Fundo Esperanza” y se basa en meras expectativas, mientras que la resolución que reconoce el Humedal Urbano Río Loa siguió la Ley N° 21.202 y su Reglamento. Añadió que la solicitud municipal inicial de 980 ha fue refinada mediante el uso de sistemas de información geográfica, imágenes satelitales y dos campañas de terreno. Concluyó que el acto cuenta con motivación suficiente y un sólido sustento fáctico y técnico, tratándose de un procedimiento de alta discrecionalidad técnica, donde no existe espacio de negociación, en que la autoridad cumple una obligación legal fundada en criterios objetivos, por lo que no procede la apertura de un proceso de consulta indígena.

En el mismo sentido, el abogado Diego Bascuñán, por la Municipalidad de Calama, respaldó la argumentación del Ministerio del Medio Ambiente, confirmando el trabajo realizado para la declaración del humedal, así como su importancia para la comunidad. Sobre la necesidad de una consulta indígena, expuso que la “resolución exenta 2956 es técnica y jurídicamente completamente válida y por ende se debe rechazar la presente reclamación”, agregando que basta la concurrencia de cualquiera de los tres criterios del artículo 8° del Reglamento para declarar el humedal “lo cual concurre en este caso y, en particular, respecto a los vértices 18, 17 y 16, que fueron expresamente corroborados en terreno, en campañas de terreno por parte de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente”.

SQM

La segunda audiencia se refirió a la reclamación formulada por la empresa SQM S.A., representada por el abogado Mario Galindo Villaroel, mientras que en el caso del Ministerio del Medio Ambiente y de la Municipalidad de Calama, asistieron, nuevamente, los abogados Agustín Tello Hernández y Diego Bascuñán Loyola. La segunda reclamación tiene la misma base, pero cambia el reclamante. Es SQM S.A quien alega contra la declaratoria del Humedal del Río Loa.

El abogado Mario Galindo, por SQM S.A., alegó que la resolución que declaró el humedal fue dictada fuera del plazo legal, 43 meses después de la solicitud inicial, argumentando que esto habría generado la caducidad de la potestad del ministerio o bien la imposibilidad material para su dictación. Al respecto, el abogado Galindo destacó que “no puede sostenerse válidamente que cuando la ley fija un plazo de 6 meses para el ejercicio de la facultad y un plazo de 6 meses de duración total del procedimiento sin que pueda aludirse al caso fortuito fuerza mayor, no haya ninguna consecuencia jurídica”.

Entre los argumentos de la reclamante, también se encuentran los argumentos de fondo, como la falta de fundamentación técnica. En este sentido, Mario Galindo expresó que “es una declaración hecha al voleo. No hay en eso una continuidad ecológica de ninguna manera. Y no queremos decir que el río en sí mismo no sea relevante, pero una cosa muy distinta es decir que todo el río es un humedal y no queremos decir, por supuesto, que no exista el concepto de humedales ribereños y que los ríos pueden estar incluidos dentro de ellos, por cierto, que existe, pero eso hay que demostrarlo”.

Mientras que abogado de la reclamada, Agustín Tello afirmó que “reconociendo las diferencias dentro de la cuenca con las que pretende desvirtuar la declaración la empresa, se puede afirmar que hay una conexión pese a la diferencia de caudales y eso tiene una base en literatura científica”. Agregó que “hubo cuatro campañas en que se visitaron múltiples puntos, cerca de 20 puntos se visitaron por parte de funcionarios de la seremi del medio ambiente, por parte de funcionarios municipales y el resultado de su trabajo se encuentra consignado justamente en las actas acompañadas anexas al expediente”.

De igual forma, el abogado Diego Bascuñán, por la Municipalidad de Calama, destacó que “la empresa SQM no tiene legitimación activa porque sus críticas apuntan solo a la legalidad del acto y no acreditan un perjuicio concreto a sus derechos. Cuestiona además la presentación de prueba pericial extemporánea por introducir antecedentes nuevos ajenos al expediente administrativo. Finalmente, defendió que la declaratoria del Humedal Urbano Río Loa es ajustada a derecho, recordando que los plazos administrativos no son fatales, la guía de humedales es meramente orientadora y los ríos pueden ser declarados humedales conforme a la ley y a la Convención Ramsar.

La causa quedó en estudio, periodo en el cual los ministros del Tribunal analizarán los antecedentes y la dictación eventual de medidas para mejor resolver, como requerir información adicional o concurrir a una visita en terreno.

El Humedal Urbano río Loa

Según la declaratoria, el humedal corresponde a un sistema ribereño permanente en zona hiperárida, inserto en la cuenca del río Loa, que abarca tramos de las subcuencas Loa Medio y Loa Alto y subsubcuencas asociadas a los ríos Salado y San Salvador. Su recarga proviene principalmente de escurrimientos superficiales y subterráneos del Loa superior, alberga una flora con especies autóctonas y endémicas (Atriplex atacamensis) y una fauna de 55 especies de vertebrados, incluyendo al pejerrey del Loa (Basilichthys semotilus). Además, presta servicios ecosistémicos claves de provisión de agua, regulación de inundaciones, depuración de contaminantes y usos culturales y recreativos para la ciudad de Calama y los pueblos originarios.La solicitud de declaración de este humedal fue presentada por el Municipio de Calama y tras el análisis de los antecedentes presentados en el expediente, la evaluación de los criterios de delimitación, así como visitas a terreno, se declaró como humedal urbano a través de la Resolución Exente 2956/2025, del Ministerio del Medio Ambiente.

Causa Rol R-134-2025

Causa Rol R-136-2025

Este nuevo producto comunicacional buscar fortalecer el vínculo con la comunidad a través de entrevistas, análisis y conversaciones con especialistas del ámbito legal, científico y académico. En su primer capítulo, la invitada fue  la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer Bodin, quien abordó los principales desafíos de la institucionalidad ambiental en Chile, los avances en la reforma de la Ley Orgánica de la Superintendencia y el uso de la  inteligencia artificial para optimizar los procesos de fiscalización.

Cada capítulo incluirá entrevistas que permitan conocer y profundizar diversas temáticas tanto del derecho ambiental como de las ciencias. “Ambiente y jurisdicción es una plataforma para difundir conocimiento sobre las complejidades del derecho ambiental. Esperamos que contribuya a una mejor comprensión de los procesos jurisdiccionales y científicos que inciden en los conflictos ambientales”, sostuvo el Ministro Alamiro Alfaro.

El próximo episodio contará con la participación Juan José Romero, abogado, profesor de la Pontificia Universidad Católica y ex Ministro del Tribunal Constitucional, quien compartirá su visión sobre los marcos regulatorios y el rol del derecho en la gestión ambiental.

Uso de territorio ancestral
La Comunidad indígena alega también que el proyecto afectaría territorios de uso ancestral cuyos impactos no habrían sido evaluados de forma adecuada. Afirman que esta omisión vulneraría normas ambientales y derechos de los pueblos indígenas protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución. Aseveran que el proyecto debería haber ingresado a evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental y haber contado con un proceso de Consulta Indígena.
Al respecto, el SEA responde que los antecedentes presentados durante la evaluación dan cuenta que no existirá afectación a comunidades o pueblos indígenas, ya que estos no se encuentran ni realizan actividades dentro del área de influencia del proyecto, ubicándose la localidad de Peine aproximadamente a 95 kilómetros de la faena minera Zaldívar. El servicio agregó que el procedimiento de evaluación la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) se pronunció favorablemente y confirmó que no existe afectación directa a grupos o personas pertenecientes a pueblos indígenas, por lo que no resultaba procedente la apertura de un proceso de consulta indígena.

El proyecto
Se trata de una adecuación de las instalaciones existentes y extensión de la vida útil del proyecto por un periodo de 20 meses. Sus obras se ubican dentro del área industrial de la faena minera Zaldívar, ubicada a 175 kilómetros al sureste de la ciudad de Antofagasta y a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar.
El proyecto contempla una inversión de un millón doscientos mil dólares.

Los siguientes pasos
Después de la audiencia, los ministros adoptaron acuerdo en la causa y designaron como redactor de la sentencia al ministro Alamiro Alfaro Zepeda.
Causa R-113-2024

Se trata de una actividad que se realizará en Antofagasta y se transmitirá en directo por YouTube la que contará con la presencia de Martín Tironi Rodó, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y de Núcleo Milenio Futures of Artificial Intelligence Research (FAIR); de Mauricio Galleguillos Torres, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile; y Diego Rivera Lisboa, investigador de la Plataforma Sociedad, Diseño y Tecnología.

El seminario comenzará con la charla magistral de Martín Tironi con su ponencia “Futuros de la Inteligencia Artificial en un planeta en crisis” para luego dar pie a un conversatorio en el que los investigadores Mauricio Galleguillos y Diego Rivera expondrán sobre las aplicaciones de inteligencia artificial para la sostenibilidad ambiental.

La ministra presidenta (s) del tribunal, Sandra Álvarez Torres, dará las palabras de bienvenida; mientras que el ministro en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas ofrecerá el discurso de clausura.

La empresa asegura que la no aprobación del plan de acciones propuesto le impide retornar al cumplimiento de la normativa infringida y ajustar sus operaciones a los nuevos parámetros ofrecidos para eliminar o contener los efectos negativos generados por los supuestos incumplimientos que motivaron la formulación de cargos.

Lo anterior porque la SMA determinó que las acciones propuestas respecto de dos de los cinco cargos no cumplirían con los requisitos de integridad y eficacia, debido a que la empresa habría sido capaz de caracterizar adecuadamente los efectos negativos, ni ofrecer acciones ni metas eficaces para los cargos que dicen relación con el depósito de relaves en una cubeta y con el depósito de relaves finos en el rajo con menos del 60% de sólidos en peso.

No obstante, para la minera, las deficiencias invocadas por la SMA no serían suficientes para no acoger el PdC, debiendo haber sido abordadas en una nueva presentación, destacando que en este caso solo existieron dos rondas de observaciones.

Además, en la reclamación se hace hincapié en la naturaleza de los programas de cumplimiento como instrumento de incentivo, finalidad que debería sobreponerse a la pretensión sancionatoria del organismo “en tanto el PdC produce un beneficio mayor al medio ambiente que la aplicación de una sanción”.

La empresa, de propiedad de Mantos Cooper, señala que “la SMA está exigiendo certezas absolutas y un nivel altísimo de fundamentación”, y asegura que no es efectivo que se continúen generando infiltraciones hacia a la napa subterránea, habiendo presentado antecedentes técnicos que establecen que la filtración se ha detenido.

En tanto, en lo que respecta a la depositación de relaves finos, la empresa indica que se han ejecutado la mayoría de las acciones, entre ellas la implementación de un nuevo espesador.

El rechazo del PdC implica que la SMA continúa con el procedimiento sancionatorio, en el cual la empresa arriesga una multa de hasta 22 mil Unidades Tributarias Anuales que representan más de 14 mil millones de pesos. Respecto a esto, la empresa indicó que “el programa presentado alcanza la cifra de $29,876,457,000, lo que equivale a 38.400 UTA, es decir, mucho más que el monto de una eventual a sanción a la que puede verse expuesta mi representada por los hechos infraccionales que imputa la SMA”.

Faena minera 

El proyecto, que consiste en la explotación de un yacimiento minero de cobre, se ubica a 45 kilómetros al norte de Antofagasta y cuenta, entre otras instalaciones, con dos cubetas de relaves finos, un nuevo depósito de relaves llamado Pit Fase 8, pozos de monitoreo y piscinas de emergencia, todo relacionado al proceso de tratamiento de relaves.

Cargos

En abril de 2022, el organismo fiscalizador formuló cinco cargos contra la minera Mantos Blancos por incumplimientos a dos Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), en relación con el manejo y gestión de relaves.

La fiscalización se inició por denuncias de la Sociedad Concesionaria Autopista de Antofagasta, quien indicó que se advertía la presencia de líquido bajo la Ruta 5, lo cual habría provocado deformaciones en la carretera. 

En la oportunidad, la ministra compartirá el panel con el geólogo y académico de la Universidad Católica del Norte, Guillermo Chong Díaz, quien abordará la presencia del litio en Chile, y con la abogada y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, María Elina Cruz Tanhnuz, quien ofrecerá una perspectiva sobre la regulación del litio.

La actividad se realizará mañana jueves 22 de agosto a las 16 horas, en formato mixto que incluirá tanto la modalidad presencial como la telemática, y será moderada por la asesora en Ciencias Natalia Fierro Vásquez.

Este es el cuarto coloquio del ciclo 2024, el cual se desarrolló entre mayo y agosto, y tuvo como temática principal las reformas a la institucionalidad ambiental. Durante el ciclo, se discutieron los principales alcances del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), así como las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Quienes deseen asistir de manera telemática pueden inscribirse en el siguiente enlace:  https://forms.gle/3XQzhTYSPqDepeqi8

La jornada de capacitación estuvo a cargo de Cecilia Aqueveque, geógrafa del equipo científico, quien introdujo a todo el personal en la utilización de esta herramienta, además de proporcionar una base teórica fundamental para comprender su importancia.

Durante la actividad, el ministro en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas, destacó la relevancia del Atlas al afirmar que “es una herramienta que democratiza la justicia ambiental, ya que no solo contribuirá al trabajo interno del tribunal para la resolución de las controversias, sino que también permitirá un mayor acceso a la labor jurisdiccional”.

“El Atlas de Justicia Ambiental, a través de un mapa digital, permitirá a los interesados conocer el emplazamiento de una causa y cómo esta se relaciona con otras variables socioambientales en el territorio cercano”, añadió el ministro Hernández.

También el ministro en Ciencias explicó que “la actividad se enmarca en una serie de capacitaciones internas que impartirá el equipo de ciencias sobre temáticas técnico-científicas relevantes para la resolución de controversias socioambientales revisadas por el 1TA”.

Capacitación

La capacitación brindada por Cecilia Aqueveque abordó diversos aspectos clave para entender el uso e importancia de la herramienta. Aqueveque explicó la relevancia de la cartografía, los elementos de un Sistema de Información Geoespacial (SIG) y las plataformas de visualización de mapas digitales, destacando a IDE Chile como una plataforma especializada en la visualización de datos geoespaciales de los servicios públicos.

También, la geógrafa enfatizó que, para el trabajo interno del tribunal, la herramienta permitirá entender de manera clara y detallada las causas analizadas, facilitando la toma de decisiones basadas en datos sólidos y sobre la base de evidencia geoespacial.

Asimismo, subrayó que el atlas será fundamental para la ciudadanía y los interesados, ya que “contribuirá a la transparencia al proporcionar información detallada y visual sobre los conflictos socioambientales analizados”.

Durante la jornada, el equipo del tribunal se familiarizó con el funcionamiento de la herramienta y realizó un análisis metodológico de un caso.

Por incumplimientos ambientales relacionados con el embarque de concentrado de cobre y con el cumplimiento fuera de plazo de la limpieza de calles y veredas de zonas aledañas al puerto.

Un reclamo que pretende revertir la multa de 960 millones de pesos cursada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) interpuso la empresa portuaria Antofagasta Terminal Internacional (ATI) ante el Primer Tribunal Ambiental.

El recurso judicial fue admitido a trámite hoy y tiene relación con la sanción establecida por la SMA por el levantamiento de dos cargos debido a incumplimientos ambientales relativos al embarque de concentrado de cobre y a la medida urgente transitoria (MUT) de limpieza de calles y veredas de zonas aledañas al puerto.

En el escrito presentado ante el tribunal, la empresa reclama la oportunidad de la sanción, ya que dice relación con fiscalizaciones efectuadas hace ocho años. Además, aseguran que las sanciones para las infracciones referidas son improcedentes y que no existe claridad en por qué se aplicó una multa y no una amonestación por escrito al tratarse de infracciones leves.

Desde ATI indican que la sanción tiene deficiencias. En lo que se refiere a la superación de la cantidad de concentrado de cobre embarcado aducen que la SMA realizó una interpretación que carece de sustento, porque el cálculo de la cantidad de cobre a embarcar debe realizarse por año operacional y no calendario como se sostiene en el acto reclamado. “La ley 19.300 ha radicado esa facultad interpretativa en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”, asegura la empresa.

Para la portuaria, el organismo fiscalizador “no tuvo en consideración las obligaciones de ATI como concesionaria de una frente de atraque dentro del puerto Antofagasta”. Esto porque para la empresa el puerto es de acceso público por lo que no puede negar ni la recepción de las mercancías, ni su posterior embarque. Aquello “[…] implica que la minera Sierra Gorda puede entregar el concentrado de cobre siempre que tales entregas no superen, en un momento determinado, la capacidad de la bodega denominada RAEC (Recepción, Acopio y Embarque de Concentrados de Cobre)”, estipula el escrito.

En lo referente a haber efectuado la limpieza de calles y veredas fuera de plazo, ATI asegura que la medida se ejecutó dentro de los 30 días posteriores a la sentencia de la Corte Suprema y que “si la medida era exigible inmediatamente la SMA debió haber exigido su cumplimiento”.

Cargos

ATI fue sancionada con una multa de 1.237 Unidades Tributarias Anuales (UTA) luego de un proceso sancionatorio llevado adelante por una fiscalización efectuada en junio de 2015, en el primer año de funcionamiento del proyecto “Recepción, Acopio y Embarque de Concentrado de Cobre”.

El primero de ellos es porque las labores de limpieza que efectuadas por ATI se efectuaron fuera de plazo y no disminuyeron las concentraciones de metales pesados en los sectores aledaños al puerto. El segundo porque durante un año de operación desde junio de 2015 a junio de 2016 se embarcaron 439.580 toneladas de concentrado de cobre desde el galpón, es decir, 59.580 toneladas más de lo autorizado para ese año.