Un total de 18 testigos, entre expertos y comunes, prestaron declaración en el marco de la audiencia correspondiente a la demanda de reparación de daño ambiental presentada por diversas organizaciones sociales de Calama en contra del Estado de Chile. La acción se funda en lo que consideran una afectación al medio ambiente, a la salud de la población, a los recursos naturales renovables, a los sistemas de vida y costumbres, así como al valor paisajístico y cultural de la zona.

Según la parte demandante, la exposición permanente y acumulativa a un entorno afectado por material particulado respirable (MP10) habría generado un grave deterioro del ecosistema del oasis del río Loa.

La jornada comenzó con la declaración del testigo experto Jorge Bermúdez, abogado y ex Contralor General de la República, quien explicó que “el plan de descontaminación tiene como objetivo restablecer la situación de normalidad ambiental. Cuando existen medidas inidóneas —es decir, que no son suficientes, cuando se excluyen estaciones de monitoreo para mostrar una condición más favorable o cuando las proyecciones de emisiones no son correctas, en el fondo el plan no cumple su finalidad”.

El abogado Jorge Bermúdez, presentado por la I. Municipalidad de Calama, que actúa como tercero coadyuvante de la parte demandada, agregó que “me parece que existe una omisión por parte del Estado, una omisión ilegal, porque incumple la normativa ambiental. Estamos más cerca de una responsabilidad por daño ambiental que por falta de servicio. El Ministerio del Medio Ambiente tiene la obligación de dictar un plan de descontaminación”.

Entre los testigos presentados por la parte demandante se contó con gestores culturales, facilitadores interculturales y diversos especialistas. Reinaldo Díaz, técnico de nivel superior en medio ambiente, declaró que “no haber contado con un plan de descontaminación ni haber gestionado esta herramienta ha hecho que sigamos en la misma situación. Las medidas provisorias son equivalentes a los antiguos planes de gestión”.

Asimismo, Pía Cortés, directora de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES), señaló, desde su experiencia, que “la contaminación ambiental constituye un problema de salud pública que afecta directamente a las personas. Está comprobado que la presencia de material particulado genera alteraciones en las vías respiratorias, exacerbando cuadros de asma. Mitigar estos riesgos requiere la implementación de un plan de descontaminación”.

La prueba del Consejo de Defensa del Estado

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó la declaración de seis testigos comunes y expertos.

La testigo María de los Ángeles Hanne, Ingeniera en Geografía y funcionaria de la Superintendencia del Medio Ambiente, declaró que “hubo un plan de descontaminación, el cual actualmente está en proceso de elaboración. Las medidas definidas se están implementando y fiscalizando, al igual que los demás instrumentos de carácter ambiental en la zona. Hubo una sentencia que determinó la anulación del plan anterior y ordenó elaborar uno nuevo”.

En tanto, el testigo Cristian Tolvett, Jefe de la División de la calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente, explicó que “existen grandes pilares de instrumentos de gestión ambiental en materia de calidad del aire. Desde 2014 o 2015 se aplicó una norma sobre fundiciones que tuvo un impacto importante en la División Chuquicamata. Posteriormente, se elaboró un plan de descontaminación en 2017 que fue rechazado, por lo que se inició un nuevo proceso”.

Tolvett añadió que “se ha implementado una batería de acciones que han tenido efectos positivos en Calama, como medidas de control en las divisiones de Codelco, educación ambiental y la primera revisión de la red de monitoreo de la ciudad”.

ALEGATOS FINALES

El ministro presidente, Alamiro Alfaro Zepeda, explicó que “Durante estas jornadas se realizó el llamado a conciliación, el cual se tuvo por frustrado, luego de lo cual correspondió la declaración de los diversos testigos presentados por las agrupaciones demandantes, la I. Municipalidad de Calama y el Estado de Chile representado por el Consejo de Defensa del Estado. Fueron jornadas de un intenso trabajo en que el Tribunal pudo recibir importantes testimonios tanto de habitantes de territorio como de expertos y funcionarios públicos vinculados con el tema”. El ministro detalló que “próximamente citaremos a una audiencia para que las partes efectúen sus alegatos finales con sus apreciaciones sobre la prueba rendida en el juicio”.

Los próximos pasos

Posterior a la audiencia de conciliación, prueba y alegatos finales corresponde al Tribunal analizar la prueba rendida presentados para determinar si es necesario recabar mayores antecedentes, constituirse en terreno o si bien se encuentra en condiciones para adoptar acuerdo y comenzar con el proceso de redacción de la sentencia.

Causa Rol D-35-2025

La Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad es una pena sustitutiva impuesta por los Tribunales de Garantía, que consiste en la realización de actividades no remuneradas en favor de la comunidad o en beneficio de personas en situación de precariedad.

Un trabajo colaborativo con Gendarmería es el que iniciarán las Juntas de Vecinos “La Última Esperanza” y “Villa Progreso” ambas de la comuna de Antofagasta, para que las personas que son sancionadas a cumplir una Pena Sustitutiva de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad puedan realizar colaboraciones en estas organizaciones que necesitan mano de obra para ejecutar las labores que se requieren en sus sectores.

Es así como estas Juntas de Vecinos podrán de ahora en adelante, contar con mano de obra que les ayude a concretar labores de mejoras en sus sedes vecinales así como en sus sectores; ya sea con obras menores, operativos de limpieza, mantención de áreas verdes por mencionar algunas de las actividades que pueden realizar quienes reciben estas penas.

La jefa técnica regional (s) de Gendarmería, Yoselyn Pérez Gallardo indicó que “La ejecución de esta pena busca reparar el daño causado por la infracción penal, contribuyendo al desarrollo comunitario de un determinado lugar. Estas acciones nos permiten generar los espacios necesarios para el cumplimiento de esta pena sustitutiva y que las personas que son sancionadas, puedan de cierta manera, acercarse más a sus comunidades y hacer algo positivo por su entorno. Son espacios de convivencia que además generan un vínculo con las personas a cargo y muchas veces esa interacción ayuda a que las personas que cometieron una falta conozcan que hay muchas formas de salir adelante y de mejorar el entorno”.

Actualmente en la región existen 127 personas con esta pena sustitutiva, de ellas 110 cumplen con la sanción en la ciudad de Antofagasta, donde a través de estos convenios realizan un trabajo en beneficio de la comunidad. Las organizaciones sociales que vean en esta forma de reinserción una alternativa para materializar sus proyectos de mejora pueden acercarse a la dirección regional de Gendarmería o solicitar antecedentes con la coordinadora territorial al email yoselyn.perez@gendarmeria.cl para conocer más sobre estos convenios con la comunidad.

Esta normativa representa un hito en el Código del Trabajo de Chile al abordar de manera integral la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Su objetivo es crear un ambiente laboral seguro, libre de violencia y con un enfoque de género que promueva la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores.

Sin embargo, datos del Primer Informe de Equidad Empresarial y Buen Gobierno, revelan que aún queda un camino por recorrer en esta materia. Según el informe, el 12,5% de las empresas declara no contar con políticas de prevención para gestionar el acoso laboral y sexual. Además, el 35% no cuenta con programas de capacitación en la materia y el 32,5% carece de programas de capacitación en acoso sexual. Estos números evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y capacitación en las empresas para erradicar estas prácticas y promover entornos laborales seguros y respetuosos.

Los comportamientos de intimidación abarcan desde insultos verbales y exclusión social, hasta sabotaje del trabajo de la víctima, abuso sexual y agresión física. La manipulación y la provocación también son parte de la dinámica del acoso. Además, el ciberacoso ha emergido como una nueva forma de acoso en el entorno laboral.

Frente a este panorama Miguel Capurro, Director de Capital Humano de Randstad en Chile, Argentina y Uruguay, explica que “ El acoso laboral es un problema serio que afecta no solo la salud y el bienestar de los trabajadores, sino también la cultura de una empresa. En cualquier organización, es fundamental crear un entorno de trabajo donde las personas se sientan seguras y respetadas. Para esto, se deben implementar políticas claras y tomar medidas decisivas para prevenir y abordar cualquier forma de acoso, asegurándose de que la fuerza laboral se sienta valorada y protegida”.

Randstad, dio a conocer las 7 recomendaciones sobre Ley Karin para las organizaciones, identificadas por los expertos en gestión del talento.

Políticas, protocolos e investigación:

Las organizaciones deben establecer y comunicar políticas claras contra el acoso laboral y procedimientos específicos para abordar estos casos. Las investigaciones son cruciales para garantizar un entorno laboral seguro y libre de acoso. Estas investigaciones deben ser llevadas a cabo de manera exhaustiva, imparcial y con un enfoque de género, asegurando la confidencialidad y protección de todas las partes involucradas.

Capacitación y Sensibilización:

Implementar programas de capacitación continua para todos los niveles de la organización. Estas formaciones focalizadas y con perspectiva de género deben incluir la identificación de señales de acoso, los procedimientos a seguir y la importancia de un entorno de apoyo.

Creación de espacios seguros y confidenciales:

Proveer espacios seguros donde los trabajadores puedan reportar casos de violencia de manera confidencial y recibir el apoyo necesario. Es vital que estos espacios sean gestionados por personal capacitado en el manejo de situaciones sensibles.

Apoyo psicológico y legal:

Ofrecer acceso a servicios de apoyo psicológico y asesoría legal para las víctimas. Facilitar la conexión con organizaciones externas, que puedan proporcionar asistencia adicional, es también una práctica recomendada.

Flexibilidad Laboral:

Introducir políticas de flexibilidad laboral para las víctimas de acoso laboral. Esto puede incluir opciones de teletrabajo, horarios flexibles y permisos especiales para que puedan atender sus necesidades personales y legales sin afectar su estabilidad laboral.

Comunicación abierta y transparente:

Fomentar una cultura de comunicación abierta donde los colaboradores se sientan cómodos hablando sobre sus experiencias sin temor a represalias. Los líderes deben modelar esta transparencia y estar disponibles para escuchar y apoyar a sus equipos.

Monitoreo y evaluación continua:

Realizar evaluaciones periódicas de las políticas y procedimientos implementados para garantizar su efectividad. Incluir retroalimentación de los trabajadores es crucial para ajustar y mejorar las medidas de apoyo y prevención de manera continua.

“Si bien muchas empresas permiten la presentación de quejas de forma anónima y cuentan con sistemas digitalizados, estas investigaciones presentan un desafío significativo para los departamentos de recursos humanos y áreas legales. Es esencial que los líderes de la organización reflejen consistentemente los valores de la empresa y las expectativas establecidas. La alineación y el compromiso de toda la organización son cruciales para abordar y resolver los casos de acoso laboral de manera efectiva”, añade Capurro.

● Un total de 165 instituciones del ámbito público y privado, con presencia en Chile y Latinoamérica, participaron del estudio, el cual fue respondido por más de 44 mil 500 trabajadores de distintos estamentos.

● “Los resultados del Barómetro muestran que las organizaciones están trabajando activamente en la construcción de una cultura de integridad, gestionando este valor que es tan importante a partir de la detección de sus fortalezas y flancos débiles que deben reforzar”, sostuvo Janet Awad, presidenta de FGE.

Santiago, 25 de enero de 2024.- En un año desafiante para la integridad como fue 2023, marcado por numerosos casos que pusieron en vilo este valor tanto en el ámbito público como privado, las organizaciones están trabajando activamente para prevenir su ocurrencia, pese a lo cual perciben un alto riesgo de que estos puedan suceder. Así lo revelaron los resultados del Barómetro de Valores e Integridad Organizacional de Fundación Generación Empresarial, encuesta en la que participaron 165 instituciones con presencia en Chile y en Latinoamérica, siendo respondida por más de 44 mil 500 trabajadores de distintos estamentos.

Si bien un 78% de los encuestados dijo haber participado en alguna capacitación sobre temas de integridad en el último año, un 32% aseveró que percibe un alto riesgo de que el lugar donde se desempeña se vea envuelto en escándalos de corrupción o faltas a la integridad. Respecto de los temas en los cuales han estado recibiendo formación, los sondeados mencionaron la revisión de buenas prácticas, conducta ética o buen comportamiento (80%); mecanismos de denuncia de comportamientos antiéticos (75%) y prevención de delitos promovidos por la ley (71%) como las principales materias.

Desafío en el que tienen que trabajar y al que se suman otros relacionados con mejorar la comunicación de procesos internos, pues un 49% de los encuestados dijo no estar seguro de si su organización ha aplicado sanciones por la transgresión de normas éticas. Además, un 20% de las personas que sí está al tanto dijo que se enteró a través de medios informales, como rumores o conversaciones de pasillo.

También es fundamental fortalecer confianzas para que las personas se atrevan a alzar la voz. El Barómetro FGE dejó en evidencia que un 39% de quienes han presenciado situaciones al respecto no las ha reportado, debido a que dudan que denunciar tenga algún efecto y temen posibles represalias (55%) y, adicionalmente, desconfían de la confidencialidad de los sistemas de reporte (47%).

“Los resultados del Barómetro muestran que las organizaciones están trabajando activamente en la construcción de una cultura de integridad, gestionando este valor que es tan importante a partir de la detección de sus fortalezas y flancos débiles que deben reforzar. Valoramos que 165 instituciones públicas y privadas se hayan atrevido a hacer un autoexamen en el marco del Reconocimiento, cifra que marcó un récord respecto del año anterior cuando 104 fueron parte de este proceso”, afirmó Janet Awad, presidenta de FGE.

Comunicación de valores y efecto integridad

Así como hay retos que deben abordar las organizaciones, existen situaciones positivas que las animan a seguir adelante en el trabajo que están realizando para construir entornos laborales comprometidos con las buenas prácticas. Así lo muestran cifras como el 87% que afirma que el lugar donde trabaja tiene valores establecidos y los promueve. Principios que, además, inspiran a las personas, pues un 71% de los encuestados dice que se siente muy representado por ellos.

Adicionalmente, un 82% percibe que los valores son difundidos activamente, algo en lo que se involucran los directivos, pues un 72% dijo que estos actúan de acuerdo a ellos, dando el ejemplo, y un 63% que el Gobierno Corporativo comunica sobre ellos.

Señales alentadoras que se suman a la positiva percepción de los trabajadores respecto del efecto que tiene la integridad. El Barómetro FGE mostró que un 75% cree que fortalece la marca, un 70% que refuerza lealtad y el compromiso del personal, un 69% que aumenta lealtad de los clientes y atrae a otros nuevos, y un 66% que genera mayor confianza y otorga credibilidad a la organización.

“Esperamos que estos resultados positivos sean la hoja de ruta sobre la cual las organizaciones puedan trabajar para elevar aún más sus estándares en materia de integridad. No debemos quedarnos en la autocomplacencia, pues construir una cultura organizacional con foco en este valor es un trabajo diario”, aseguró Fernanda Hurtado, gerente general de FGE.

Sobre el Barómetro de Valores e Integridad Organizacional

Esta encuesta que mide la definición, vivencia y comunicación de valores empresariales; el conocimiento de las herramientas de prevención de conductas antiéticas; la presencia de conflictos éticos y el compromiso de las jerarquías con la integridad al interior de las instituciones es aplicada desde hace 17 años por FGE. Un instrumento que cuenta con el respaldo técnico de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la Universidad Católica.

Iniciativas recibirán el aporte de Fundación Minera Escondida, como también el acompañamiento y formación a través de la Academia para Líderes y Dirigentes Sociales.

Son 36 las ideas seleccionadas en la vigésimo segunda versión del Concurso para Organizaciones Sociales (COS) de Fundación Minera Escondida (FME), luego de una exhaustiva revisión de 85 proyectos provenientes de distintas comunas de la región, todos ellos con el propósito de mejorar los barrios y territorios a través del liderazgo comunitario.

Reciclaje y medio ambiente, programas para el espectro autista, iniciativas de diversidad e inclusión LGBTI+, salud mental y socioemocional, actividades con comunidades indígenas, identidad territorial y adulto mayor, son algunas de las temáticas que se desarrollarán este año en las comunas de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama y Tocopilla.

María González es la coordinadora del club de adultos mayores “Recordando el Ayer” y expresó la importancia de este concurso para obtener recursos y cumplir los proyectos de la organización. “No creía que nos habíamos ganado el fondo y estamos felices porque es una oportunidad para hacer cosas con nuestros adultos mayores, estamos con hartas ganas de seguir”.

Emilia Alfaro llegó desde Tocopilla para representar a la Junta de Vecinos Arturo Prat para ser la representante de todas las instituciones seleccionadas y firmar un acuerdo en el que se comprometen todos y todas, junto a Fundación Minera Escondida, a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas. “Fue una alegría muy grande cuando supimos que habíamos quedado seleccionados. Como organización social es muy importante porque nos sirve mucho para nuestro proyecto de costura, confección y bordado. Nos vamos a perfeccionar este año y continuaremos trabajando en el barrio”, dijo Emilia.

Proyectos Sociales

Durante la versión 2022 del certamen, Fundación Minera Escondida financiará el 100% del desarrollo de los proyectos sociales ganadores, además de entregar formación y acompañamiento a través de la Academia para Líderes y Dirigentes Sociales, iniciativa realizada de manera conjunta entre FME y Fundación Junto al Barrio.

José Antonio Díaz, director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, explicó que esta versión renueva un compromiso con la comunidad. “Las comunidades van transformándose y la fundación ha ido leyendo esos cambios para acompañarlas en función de lo que van requiriendo y necesitando. Transitamos con ellas de manera conjunta e instalamos capacidades en nuestros líderes y dirigentes. El Concurso para Organizaciones Sociales es una iniciativa emblemática de FME, nos llena de orgullo y a través de ella nos proyectamos hacia el futuro”.

Nicolás Cruz fundador y presidente de Fundación Junto Al Barrio entregó una charla a todos y todas las líderes sociales, apelando a que se pueden generar transformaciones globales desde los barrios. “Chile es un país hermoso y está encarnado en los dirigentes sociales, en personas que tienen la esperanza para cambiar el mundo. Tenemos que demostrar que podemos trabajar juntos, que las instituciones se pueden involucrar como lo hace Fundación Minera Escondida. Es esencial activar las organizaciones comunitarias y que los vecinos y vecinas levanten soluciones a las autoridades para sus propios territorios. Debemos articularnos y colaborar unos con otros, de eso se trata ser país”.

El Concurso para Organizaciones Sociales está dirigido a organizaciones de la sociedad civil formalmente constituidas y busca ser un aporte a la materialización de proyectos sociales integrales que impriman dinamismo, pluralidad y pertinencia bajo el concepto de “aportando desde los territorios”, es decir, generar una transformación social a partir de las y los propios habitantes.

Los proyectos seleccionados están publicados en el sitio www.fme.cl