Gloria Ana Chevesich asumió como la primera mujer en liderar el máximo tribunal, en medio de una profunda crisis de credibilidad del Poder Judicial

En un discurso marcado por la autocrítica y el reconocimiento explícito del malestar ciudadano, la ministra Gloria Ana Chevesich juró este martes como presidenta de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Chile en encabezar el máximo tribunal del país, en un momento especialmente sensible para el Poder Judicial.

Lejos de eludir los cuestionamientos que hoy pesan sobre la justicia, Chevesich abordó uno de los reproches más extendidos entre la ciudadanía: la percepción de que en Chile existe “una justicia para ricos y otra para pobres”. La nueva presidenta reconoció que se trata de una crítica que “muchos comparten” y que ha calado hondo en la evaluación pública del sistema judicial, señalando que esta percepción no puede ser ignorada ni desestimada como una simple mala interpretación.

En su intervención, la magistrada fue enfática en rechazar cualquier tipo de privilegio asociado a la posición social, económica o política de quienes litigan ante los tribunales. Sostuvo que el trato igualitario a todos los justiciables es uno de los pilares que da sentido y legitimidad a la labor judicial, y advirtió que los errores —inevitables en una labor humana— no pueden ni deben opacar el trabajo cotidiano de cientos de resoluciones que sí contribuyen a la paz social.

El discurso se dio en el contexto de una crisis institucional sin precedentes, marcada por la remoción y destitución de ministros de tribunales superiores por faltas a la probidad, hechos que la propia presidenta calificó como graves y determinantes en el descrédito del Poder Judicial ante la opinión pública. No obstante, defendió que estas conductas no pueden transformarse en un estigma para las más de 14 mil personas que integran el sistema judicial y que, a diario, cumplen su función de manera honesta y comprometida.

Chevesich también reconoció otros factores que alimentan la desconfianza ciudadana, como los retrasos excesivos en la tramitación de causas, la deficiente atención a usuarios, y una justicia que, al tardar, “deja de ser justicia”. Admitió que los atrasos, en algunos casos de años, generan frustración y desgaste tanto en las personas que acuden a tribunales como en los propios funcionarios y jueces.

En un mensaje dirigido directamente a la ciudadanía crítica del sistema, la nueva presidenta afirmó que, si bien la opinión pública no debe influir en el contenido de los fallos, sí importa —y mucho— en la evaluación del comportamiento, la ética y la credibilidad del Poder Judicial, ya que sin confianza en la justicia se debilita no solo el Estado de Derecho, sino también la democracia.

Finalmente, Gloria Ana Chevesich destacó el carácter histórico de su nombramiento, señalando que su llegada a la presidencia de la Corte Suprema pone fin a más de 200 años de exclusión femenina en el máximo cargo de la magistratura. En un mensaje dirigido especialmente a niñas y mujeres, sostuvo que no existen límites insuperables y que las barreras de género pueden ser enfrentadas con perseverancia, estudio y convicción.

El discurso, lejos de ser triunfalista, dejó en evidencia el desafío que enfrenta el Poder Judicial para reconstruir su legitimidad, responder a las críticas ciudadanas y demostrar, en los hechos, que la justicia debe ser igual para todos.

Con intervenciones artísticas, batucadas y la voz de familiares de víctimas de femicidio, la ciudad vivió dos movilizaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Ayer, 8 de marzo, Antofagasta fue escenario de dos masivas marchas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde la Plaza Sotomayor, cientos de mujeres salieron a las calles para exigir justicia, equidad y visibilizar la lucha feminista.

Las movilizaciones se realizaron en distintos horarios, la primera a las 11:00 horas y la segunda a las 17:00 horas, congregando a una multitud que marchó con pancartas, cánticos y mensajes en memoria de aquellas que ya no están. Durante los recorridos, intervenciones artísticas y batucadas marcaron el ritmo de la jornada, transformando el espacio público en un escenario de expresión y resistencia.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de familiares de víctimas de femicidio. La hija de Ximena Cortés y nieta de Ruth Rojas tomó la palabra para recordar la lucha incansable de su abuela en busca de justicia y reafirmar su compromiso con esta causa: “Voy a seguir luchando por justicia para mi madre, como lo hizo mi abuela hasta el último día de su vida”.

Las calles de Antofagasta fueron testigo de una jornada de memoria, reivindicación y unidad, donde el llamado a la justicia y a la igualdad resonó con fuerza, recordando que la lucha por los derechos de las mujeres sigue más vigente que nunca.

Según el derecho internacional y la legislación chilena, los mandos a cargo de cuerpos policiales son, bajo ciertas circunstancias, responsables por los actos de sus subordinados, incluso cuando hubiesen omitido la supervisión de estos. Así lo ha señalado Amnistía Internacional en sus informes de 2020, “Ojos sobre Chile”, de 2021, “Responsabilidad penal por omisión de los mandos” y en un reciente informe publicado bajo el día de hoy, “Obligaciones de derecho internacional de investigar y sancionar a los responsables jerárquicos de violaciones de derechos humanos”.

El inicio de un proceso judicial, que comenzaría tras la celebración de esta audiencia, servirá para esclarecer si dichas personas tuvieron responsabilidad penal individual por no haber impedido las graves lesiones causadas a miles de manifestantes, a pesar de que habrían podido hacerlo, tal como era su obligación.

“Esta audiencia nos demuestra que es posible procesar no sólo a quien apretó el gatillo, sino sobre todo a quien omitió hacer todo aquello que estaba a su alcance para evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre manifestantes. La responsabilidad por estos hechos debe estar a la altura de la responsabilidad del puesto que tenían”, expresa Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde octubre de 2019, Amnistía Internacional y diversas organizaciones y organismos internacionales y nacionales de derechos humanos denunciaron el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con perdigones de metal y goma por parte de Carabineros, que dejaron a miles de personas heridas y a más de 400 con trauma ocular severo. Hoy en día, se cuentan en más de 1.100 las causas por apremios ilegítimos (malos tratos) causados por este tipo de acciones, lo que evidencia el daño generalizado cometido por la acción de Carabineros.

La investigación penal contra los altos mandos de la policía que habrían permitido que esto ocurriera, es un hito para Chile. Cada día, en distintos países, el derecho a protestar se ve amenazado por el uso de armas y munición sumamente lesivas y prohibidas por el derecho internacional para el control de manifestaciones. Hoy, Chile tiene la oportunidad histórica de hacer rendir cuentas a quienes desde posiciones de poder no actuaron para impedir daños irreversibles contra miles de personas.

Amnistía Internacional celebra que esta audiencia, que finalizaría mañana, inicie un proceso judicial que, bajo las garantías del debido proceso pertinentes, esclarezca los hechos y determine las responsabilidades por las graves violaciones a derechos humanos cometidas a partir de 2019.

“Los ojos del mundo continúan sobre Chile. La formalización de altos mandos es un  antecedente valioso para otros países de la región, pero sobre todo para Chile y las víctimas de la violencia policial, que han resistido cinco años para que esta puerta hacia la justicia se abriera paso”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Finalmente, Amnistía Internacional considera oportuna la salida del actual Director General de su cargo, ya que como ya denunció la organización en diversas ocasiones, su permanencia suponía un riesgo para la prueba procesal y el cumplimiento de garantías de no repetición. 

Más información:

Amnistía Internacional aportó a esta investigación penal antecedentes relativos a la violación generalizada del derecho a la integridad física ocurrida entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, documentadas en el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando en el estallido social”. En particular, este informe evidenció cómo, a través de un obrar omisivo y deliberado, distintos mandos de Carabineros —incluido el actual General Director y entonces Director de Orden y Seguridad— habrían implementado una estrategia para silenciar las protestas, donde se hizo un uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de personas heridas y más de 400 personas con trauma ocular.

El nuevo director regional de Gendarmería de Antofagasta, teniente coronel Rodrigo Salinas Robles, llegó desde la ciudad de Santiago, donde se desempeñaba como jefe operativo del Centro de Detención Preventiva Santiago I.

La máxima autoridad penitenciaria en la región, Rodrigo Salinas Robles explicó que asume esta tarea y “tengo el desafío de direccionar el trabajo de Gendarmería en Antofagasta con el compromiso que nuestra institución requiere, realizando un trabajo coordinado con las autoridades locales, para continuar avanzando en mejoras sustanciales para nuestros gendarmes, y los usuarios y usuarias que tenemos en las diferentes unidades de la zona”.

En tanto que la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, señaló que “queremos desearle el mejor de los éxitos en su gestión al nuevo director que asumió. Nos va a permitir afrontar los desafíos de este 2024, en pro de la seguridad y de las actividades de reinserción que practica Gendarmería como importante servicio en nuestra región”.

En la zona, Salinas tendrá la tarea de liderar el trabajo de Gendarmería, en materia de seguridad, con énfasis en el control del crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios, y en lo que respecta a la reinserción de las personas privadas de libertad.

Luego 3 años de investigación, el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Hugo Pasten Espinoza, como autor del delito de Homicidio calificado contra tres mujeres de la región de Atacama.

Dirección regional del SernamEG participó como querellante.

“Como ministra de la Mujer y la Equidad de Género quiero destacar que el día de hoy en Atacama, se declaró culpable a Hugo Pastén por los crímenes de Sussy Montalván, Marina Cabrera y de la adolescente iniciales C.A.G., que fueron calificados como asesinatos con agravante de género, y para nosotros son femicidios”, afirmó la ministra Antonia Orellana, tras conocer el fallo dado a conocer hoy por el Tribunal Oral en Lo Penal de Copiapó.

La secretaria de Estado agregó que “lamentablemente la justicia antes había desestimado la gravedad de los crímenes sexuales cometidos por Hugo Pastén, lo que le permitió recuperar la libertad y volver a reincidir en su odio contra las mujeres”.

Junto con ello, la ministra Orellana agregó: “me hago parte de la carta que ha enviado hoy organizaciones feministas de Atacama e instamos a todas las instituciones a seguir buscando a la adolescente de iniciales C.A.G hasta encontrarla. Mientras su familia la sigue buscando, nosotras estamos comprometidas, a través de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, hasta encontrarla. Pediremos triple cadena perpetua para Hugo Pastén y esperamos que la justicia obre en consecuencia”, concluyó.

SernamEG Atacama querellante en estos casos

Actuando como querellante y representando a las familias de Sussy Moltalván, Marina Cabrera y de la menor aún desaparecida de iniciales C.A.G, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de Atacama participó activamente en el juicio contra del imputado Hugo Pastén Espinoza, el que se inició el pasado 23 de mayo.

Gracias al patrocinio entregado por las familias de las tres mujeres, fue posible que SernamEG Atacama pudiera participar de esta instancia judicial, dando a conocer y relevando la aversión, desprecio y odio del imputado hacia las mujeres, lo que lo llevó a cometer estos homicidios por motivos de género.

Hugo Pasten Espinoza será condenado en calidad de autor de homicidio calificado de Sussy Moltalván y Marina Cabrera. En el caso de la menor C.A.G, su condena será por el delito de sustracción de menor con homicidio. Sumado a las agravantes de cometer el delito cumpliendo condena y por motivos de género.

Tal como confirmó la ministra Orellana, a través del SernamEG Atacama, se ha solicitado que Hugo Pastén sea condenado a cadena perpetua por los tres casos, pena máxima que aplica el sistema de judicial, sin beneficios carcelarios.

El Tribunal Oral de Copiapó ha fijado una nueva audiencia para el domingo 7 de agosto a las 16 horas, con el fin de dar a conocer las penas que serán aplicadas contra Pastén Espinoza.

Estos lamentables hechos ocurridos en el 2019 y que hoy son sancionados por la justicia como homicidios, desde el 2020 son considerados femicidios consumados no íntimos, gracias a la promulgación de la Ley Gabriela impulsada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

La menor C.A.G. continúa desaparecida a pesar de los más de 3 años búsqueda, en las cuales han participado Carabineros, PDI, Rescate Atacama, Bomberos, además de múltiples organizaciones de la sociedad civil. Este último año las búsquedas estuvieron a cargo de LABOCAR de Carabineros, donde el SernamEG ha estado a disposición para las coordinaciones de estas acciones.

· Representantes del sector advierten que normas aprobadas vulnerarán la independencia del Poder Judicial y afectará la estabilidad futura del país.

Un dura crítica hacia las recientes normas aprobadas por la Comisión de Sistemas de Justicia realizaron los convencionales de “Vamos por Chile” Ruth Hurtado, Carol Bown, Rocío Cantuarias y Pablo Toloza por lo que consideraron “una vulneración de todos los principios básicos de la justicia moderna”.

Entre el lunes 7 y este martes 8 de febrero la instancia aprobó en general una serie de normas sobre la composición, facultades e independencia del actual Poder Judicial, como la que consagra la existencia de un sistema jurídico indígena que coexistirá con el Sistema Nacional de Justicia o la que rebaja a los 70 años el retiro de los jueces que componen el sistema, entre otras materias.

“Pese a que esta comisión tiene la importante misión de consagrar un Poder Judicial independiente, estamos presenciando una discusión que se aleja de los principios básicos de toda justicia moderna, e incluso del sentido común. Hubiéramos esperado un debate con mayor grado de profundidad, pero solo vemos que las propuestas se aprueban o rechazan dependiendo de qué sector la respalda”, dijo la convencional UDI Carol Bown.

Explicó, además, que el hecho de modificar el nombre “Poder Judicial” por el de “Sistemas de justicia” no se trata sólo de un asunto semántico, sino que de la pretensión de crear tribunales paralelos que no dependa de una Corte Suprema como ocurre hoy. “Esto podría provocar que una persona pueda escoger si someterse a la justicia común o alguna especial según su conveniencia, sin ningún tipo de control”, dijo.

Coincidió con ella su par independiente Rocío Cantuarias, quien alertó sobre la disposición que rebaja la edad de retiro de los jueces, debido a que será un factor que afectará la independencia de los magistrados en su rol de impartir justicia.

“La aprobación de la norma que limita el ejercicio de los jueces a los 70 años y crea formas de remoción impropias, atentan directamente contra su inamovilidad y su independencia. Los jueces deben fallar sin considerar las próximas elecciones o qué tan populares son sus fallos, sino que únicamente en los hechos presentados y el derecho. Sin fuero y con un plazo para tu retiro se afecta la independencia. Los jueces comenzarán a recibir querellas de quienes queden insatisfechos por sus fallos y, entonces, se dedicarán a “hacer campaña” para su reelección, agregó Cantuarias.

Sus palabras fueron respaldas por Ruth Hurtado, quien apuntó que “uno de los principales derechos humanos es el acceder a un juez natural independiente e imparcial”, y todas las normas aprobadas hasta el momento atentan contra esos conceptos.

De acuerdo a la visión unánime que existe en el sector, las distintas comisiones temáticas de la convención constitucional están aprobando reglas “fuera de todo sentido común”, sin considerar que pondrán en jaque la estabilidad futura del país si es que llegan a ser parte de la propuesta de nueva Constitución.

“Aun ante las advertencias de la izquierda moderada, la izquierda más radical está aprobando normas contrarias a los derechos humanos, a los principios básicos de la democracia, de la independencia del poder judicial. Los colectivos más ideologizados continúan aprobando normas negativas para el futuro del país”, agregó el convencional por Antofagasta Pablo Toloza.

Un análisis realizado por representantes de Vamos por Chile, indica que de las primeras 198 indicaciones presentadas en la instancia, se han eliminado todos los artículos respaldados por convencionales del sector y que habían sido aprobado en general anteriormente; en tanto que la totalidad de las indicaciones presentadas por los convencionales Royo, Bravo, Daza, Jiménez, Llanquileo, Logan y Stingo han sido ratificadas con al menos 12 votos.

Para acceder, se debe solicitar una hora en el sitio web

A contar de esta semana, los problemas que deben enfrentar los padres en casos de pensiones de alimentos, cuidado personal (tuición) y régimen de visitas, pueden ser solucionados mediante la nueva Mediación Familiar en Línea, como una manera alternativa de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a un juicio. Para acceder, se debe solicitar una hora en el sitio web www.mediacionchile.gob.cl, ingresando a “Mi Portal”, o en el Centro de Mediación Familiar más cercano, a través de un correo electrónico o en forma presencial (ver paso a paso más abajo).

La Mediación Familiar en línea es fruto de la aprobación de la ley que “Reforma el Sistema de Justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional”, y está disponible —en una primera etapa— en 67 de los 161 Centros de Mediación Familiar del país. Posteriormente, en octubre de este año, se llegará al total de las oficinas (ver listado en www.mediacionchile.gob.cl/centros-de-mediacion/).

Asimismo, es importante recalcar que las sesiones de Mediación Familiar en Línea se realizarán solamente si: todas las partes están de acuerdo; todas las partes cuentan con internet y computador; y todas las partes cuentan con un lugar donde se pueda mantener la confidencialidad del proceso, sin presencia de terceras personas.

La Mediación Familiar en línea es gratuita en el 98% de los casos, y entrega una solución a los conflictos en un máximo 60 días, con la misma validez que un juicio completo.

Al respecto, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos (S), Ricardo Baeza indicó que “este es otro paso más que estamos dando para acercar la justicia a las personas, haciéndola más cercana y poniéndola a disposición de la ciudadanía. Con la Mediación Familiar en Línea, estamos seguros que este servicio aumentará mucho su uso, ya que permitirá que los padres puedan solucionar sus diferencias desde donde quieran, sin necesidad de realizar traslados, y con la posibilidad de llegar a un acuerdo rápidamente, evitando los largos y costosos juicios”.

El paso a paso para obtener una Mediación Familiar en Línea:

1.         Luego de pedir una hora, la parte interesada debe manifestar interés en tener sesiones remotas. El único requisito es que uno de los dos usuarios, viva en el territorio jurisdiccional del Centro de Mediación.

2.         El Centro de Mediación notifica a la otra parte solicitada, quien debe manifestar querer sesiones remotas; contar con internet y computador, y tener un lugar privado para realizar la mediación.

3.         En caso que todas las partes estén de acuerdo, el Mediador/a les enviará un “Consentimiento Informado”, donde están descritas las condiciones de la sesión, y que debe ser firmado con Clave Única, adjuntando una copia del carnet.

4.         El Mediador/a indicará el día, la hora de la sesión, la plataforma de videoconferencia a utilizar para la conexión (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams) y el link de conexión para la sesión.

5.         Si la Mediación se frustra, el Mediador/a emitirá un Acta de Mediación Frustrada.

6.         En caso de llegar a un Acuerdo, el Mediador/a les solicitará firmar el acuerdo en forma presencial o utilizando Clave Única, en el banner “Mi Portal” del sitio web www.mediacionchile.gob.cl

7.         Todos los documentos de la causa, quedarán disponibles para ser consultados u obtener copia digital gratuita en “Mi Portal” del sitio web de Mediación Familiar.

En la Región de Antofagasta, el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta y el Centro de Detención Preventiva de Tocopilla cuentan con espacios especialmente habilitados para albergar a mujeres embarazadas y/o mujeres con sus hijos menores de 2 años.

Las Secretarias Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, Paula García y de la Mujer y la Equidad de Género (s) Karla Cantero junto al Director Regional de Gendarmería de Chile, Coronel Juan Navarrete se reunieron en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Antofagasta para informar sobre la Campaña “Conoce tus Derechos”, que tiene como objetivo de difundir los derechos de las mujeres embarazadas privadas de libertad, los cuales están protegidos y establecidos por los tratados internacionales y el marco legal vigente en nuestro país.

Dicha campaña será difundida a en todas las regiones del país a través de afiches informativos que estarán visibles en las salas cuna, enfermerías, dormitorios y espacios comunes en los más de 30 establecimientos penitenciarios que cuentan con internas embarazadas en el país.

Para destacar la importancia de esta campaña, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula García destacó que “a las mujeres embarazadas que se encuentran privadas de libertad, se les debe respetar su dignidad, por esto es tan relevante esta iniciativa, ya que permite visibilizarlas y que puedan reconocer sus derechos y los de sus hijos. A través del trabajo que se realiza en conjunto con la SEREMI de la Mujer, estamos avanzando en distintas coordinaciones para asegurar que conozcan expresamente cada uno de sus derechos”.

Entre los derechos contenidos en el afiche se considera: un trato humano, digno, con respeto y amabilidad en todo momento; que se vigile y cuide su integridad física y psíquica, como también del que está por nacer; que permanezcas en un lugar adecuado para su embarazo, con características distintas y excepcionales al resto de las privadas de libertad en lo referido al régimen interno y acondicionamiento del lugar; ser trasladada en un vehículo distinto al utilizado en salidas cotidianas por el resto de las privadas de libertad, entre otros.

En tanto, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género (S), Karla Cantero Barrios indicó que “uno de los compromisos de la Agenda Mujer anunciados por el Presidente Sebastián Piñera es mejorar los protocolos de Gendarmería y su coordinación con los servicios de salud; y en ese contexto, como Ministerio queremos atender las necesidades de las mujeres privadas de libertad y parte de este trabajo es que ellas conozcan sus derechos, en especial de aquellas que van a ser madres y así, poder resguardarlas y entregarles mejores condiciones”.

A la fecha existe una población de 2.628 mujeres recluidas a nivel nacional, 41 de ellas embarazadas, de las cuales 5 mujeres se encuentran en el CPF de Antofagasta y 2 en el CDP de Tocopilla.

En tanto, el Director Regional de Gendarmería de Chile, Coronel Juan Navarrete precisó que “nuestra institución siempre ha tenido un compromiso con los derechos humanos, especialmente con las mujeres embarazadas, y en este contexto hemos querido relevar la protección de la maternidad, de las mujeres embarazadas en sus derechos, si bien nosotros contamos con normativas al respecto, hemos querido reforzar con este trabajo coordinado”.

En este contexto, se destacó también por parte de las autoridades, el restablecimiento de las visitas de niños y niñas menores de 14 años que tengan familiares en unidades penales en Fase 2 o superior del Plan Paso a Paso. De acuerdo a las nuevas medidas, los niños y niñas deberán estar enrolados y concurrir acompañados por un adulto a cargo de su cuidado personal, quienes deben cumplir con las exigencias sanitarias para evitar la propagación del Covid19, el uso obligatorio de elementos de protección personal, e idealmente contar con programa de vacunación completo.

Las visitas presenciales para la población penal se mantendrá condicionada a la fase en que se encuentre la comuna de la unidad, y serán suspendidas en caso de presentarse brotes de Covid19 al interior del recinto penitenciario.

El Diálogo de Acceso a la Justicia realizado en Antofagasta trató acerca de cuatro temáticas tales como Adulto Mayor, Infancia y Familia, Víctimas y Laboral.

Con el objetivo de fortalecer vínculos entre los actores relevantes relacionados al acceso a la Justicia de comunidad más vulnerable de la Región de Antofagasta, se efectuó el Diálogo denominado “Acceso a la Justicia en Pandemia: aprendizajes y desafíos”, el cual es organizado todos los años por la Corporación de Asistencia Judicial y apoyado por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos.

Este Diálogo, que se desarrolló por videoconferencia, permitió identificar las necesidades jurídicas emergentes, en el contexto de la emergencia sanitaria y visualizar acciones específicas en materia de acceso a la justicia, para fortalecer el trabajo de la Corporación de Asistencia Judicial. La modalidad de esta actividad fue a través de cuatro mesas virtuales que consideraron temas tan relevantes como Adulto Mayor, Infancia y Familia, Víctimas y Laboral.

Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula García expresó que “agradecemos la participación de los servicios en este nuevo diálogo que abrió la discusión en torno a los efectos positivos y negativos para el acceso a la Justicia de las personas vulnerables en el contexto actual, vinculados a la atención de usuarios, principalmente. Asimismo, se coordinó planificar un trabajo conjunto con la Corporación de Asistencia Judicial con los servicios participantes”.

En tanto, la Directora General de la Corporación de Asistencia Judicial, Carolina Fernández agradeció la activa participación de los servicios, detallando que en el esfuerzo por brindar acceso a la justicia y destacó a reciente incorporación a la Corporación, la unidad de Defensa Jurídica Integral a Adultos Mayores y el Programa Mi Abogado en la Región de Antofagasta.

En esta instancia, participó Gendarmería de Chile, Tribunal de Familia y Laboral de Antofagasta, Dirección Regional del Trabajo, SERNAMEG, SENAMA, SENADIS, Fiscalía Regional (URAVIT), Defensoría Penal Pública, SENAME. A la que se sumaron las distintas unidades de la Corporación: Consultorio Jurídico Norte, Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), Oficina de Defensa Laboral (ODL) de Antofagasta y Calama, Programa Mi Abogado y Defensa Jurídica Integral a Adultos Mayores.

Una vez concluida la discusión de las mesas de trabajo, se llevó adelante una reflexión conjunta respecto de los distintos puntos de vista, identificando los aprendizajes, potenciando la coordinación interinstitucional, las brechas de información y atención, y de esta manera, relevando los desafíos a corto y mediano plazo.

Esta iniciativa considera cuatro líneas de acción: Línea General; Defensoría de Víctimas de Delitos; Línea de Derechos Humanos y Línea Especializada.

El Presidente de la República, Sebastian Piñera, junto al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentó el proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

La iniciativa legal, busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción con el objetivo de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.

Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula García aseguró que “con este proyecto se logra crear una única institucionalidad, que hoy está en distintos ministerios, servicios y programas, bajo el alero de una Política Nacional de Acceso a la Justicia. Con ello se estandariza y profesionaliza la atención, orientación y representación jurídica a las personas, especialmente las más vulnerables en el ámbito laboral, de familia, civil y penal. Es la modernización más importante de los últimos 50 años en cuanto a Acceso a la Justicia, que ha sido un proceso trabajado desde el primer día que asumimos como Gobierno”.

En ese mismo sentido enfatizó, que “uno de los aprendizajes del año 2020 es la urgencia de acercar la justicia a las personas, que no es otra cosa que proveer los medios para que las personas puedan resolver sus necesidades y conflictos legales, lo que supone otorgar asesoría, defensa y representación jurídica para que las personas sepan cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y recurran a los mecanismos para resolverlos”.

Aspectos centrales del Proyecto de ley

Se considera la creación de un nuevo Servicio que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía. En dicho sentido, se propone la integración de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, que, desagregadas en las distintas regiones del país que considera cuatro líneas de acción: Línea General; Defensoría de Víctimas de Delitos; Línea de Derechos Humanos y Línea Especializada.

Dentro de la institucionalidad ligada al proceso penal, hoy no existe una única institución pública que se haga cargo de la defensa de la víctima, situándola así en una condición de desigualdad judicial frente a los intereses del Ministerio Público -que no son siempre coincidentes con los de la víctima- o del mismo imputado, que goza de defensa pública si así lo requiriese.

Además, se busca potenciar el rol de la víctima en el proceso penal, a través el establecimiento de un nuevo mecanismo de acceso a la información en el proceso mediante la representación de la víctima por parte del Nuevo Servicio ante el Ministerio Público.

Finalmente, y con el objeto de abordar los desafíos de acceso a la justicia de mediano y largo plazo, generando políticas públicas que aborden las problemáticas de manera sistémica y coordinada, se crea un Consejo Nacional integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil. Con este mismo propósito se plantea el desarrollo de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, con una duración de cinco años que permita avanzar en acciones, medidas y programas concretos, que materialicen los objetivos estratégicos propuestos por el Consejo Nacional, y que se implementen a nivel regional.