Investigación conjunta con Carabineros permitió detener banda criminal que pretendía trasladar a Santiago gigantesco cargamento, avaluado en 55 mil millones de pesos.

La mayor incautación de drogas en la historia de la Reforma Procesal Penal, concretaron la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros, tras la detención de una banda criminal que pretendía trasladar a Santiago 4.695 kilos de marihuana y 138 kilos de ketamina al interior de un camión cisterna.

La gigantesca incautación se gesta a través de una investigación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por OS7 El Loa, la cual permitió establecer la presencia de la droga en un predio en el sector oriente de Calama y, a partir de ello, ejecutar un allanamiento al lugar, donde se detuvo a tres imputados de nacionalidad colombiana, en momentos que cargaban el depósito del camión.

En diligencias paralelas se detuvo también a un ciudadano boliviano relacionado con los hechos, elevando así a cuatro los detenidos en esta histórica operación.

Los detenidos fueron formalizados esta mañana por el delito de tráfico de drogas y por petición del Ministerio Público, quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad.

ESTRATEGIA

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la relevancia de este procedimiento conjunto, el cual dijo, marca un hito en la historia del combate al crimen organizado en Chile, al ser la más cuantiosa incautación de drogas de los últimos 25 años.

“Esto no es menor, es un hito para nuestra Fiscalía, pero también para el Ministerio Público en su conjunto. En 25 años de Reforma Procesal Penal, ninguna investigación había puesto fuera de circulación tanta droga en una sola operación, como lo hicimos hoy, en una demostración tangible de que, cuando el Estado chileno opera articulado, el crimen organizado retrocede”, manifestó.

Castro Bekios subrayó que esta incautación no es un accidente, sino que nace de una investigación profesionalmente llevada adelante por OS7, enmarcada además en una estrategia conjunta y coordinada que busca el estrangulamiento absoluto de toda la logística de las organizaciones criminales.

“Este año hemos detectado acopios en el desierto, droga en dobles fondos de camionetas y camiones, droga al interior de cilindros de gas, en encomiendas, en repuestos, en vehículos que son trasladados en camiones cigüeña, y ahora tenemos un camión cisterna completamente cerrado, es decir, un amplio repertorio de modalidades que han fracasado y seguirán fracasando”, sostuvo.

VOLÚMENES

El persecutor manifestó que, la cantidad de droga incautada en los primeros cuatro meses del año ya supera las 30 toneladas, y si se considera desde octubre de 2023, fecha en que se inicia su administración como Fiscal Regional, el total alcanza las 95,6 toneladas.

“Eso significa que en esta región se incautan 100 kilos de drogas al día, 700 kilos a la semana, 3 toneladas al mes. Eso es lo que están haciendo las policías y el Ministerio Público en la Región de Antofagasta, y eso es lo que vamos a procurar seguir haciendo en el futuro”, afirmó.

Respecto a este caso en particular, el Fiscal Regional manifestó que la investigación recién comienza, pero desde ya manifestó que, por la logística detrás de la operación, se trataría de una organización criminal muy sofisticada.

“Aquí no estamos en presencia de un grupo de delincuentes que organizan un tráfico de drogas. Aquí estamos en presencia de una logística muy grande, que tiene el sello del crimen organizado transnacional”, señaló.

Para el fiscal, esto es concordante con la posición del norte de Chile como pasadizo de la droga desde la zona andina al resto del continente, pero al mismo tiempo como tapón estratégico para el narcotráfico. “A las organizaciones criminales transnacionales que evalúan rutas hacia el Pacífico, este caso comunica una sola cosa: Antofagasta tiene capacidad institucional para detectarlas, perseguirlas y condenarlas”, apuntó.

Por su parte, el jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, destacó la calidad de la investigación llevada adelante por OS7 El Loa, la que permite detectar el acopio de la droga, que estaba destinada principalmente para ser distribuida a la región centro-sur del país.

“Se trata de una organización criminal compuesta por colombianos. En total de la incautación que se mantenía acopiada, estamos hablando de más de 4.695 kilos de marihuana y casi 65 litros de ketamina. Esto es tremendamente importante, estamos hablando de que en incautación evaluada son más de 55.000 millones de pesos. Y no nos quedamos con eso, si ustedes ven el tema de lo que va transcurrido del año, carabineros de Chile ha incautado ya cerca de las 20 toneladas, que estamos hablando de cerca de 200.000 millones de pesos en avalúo”, señaló.

El sujeto, que mantenía una orden de captura vigente, fue detenido por Carabineros tras protagonizar incidentes en el cesfam Corvallis, hasta donde concurrió solicitando atención médica, portando en sus vestimentas un arma cortopunzante con la cual amenazó al personal de salud, hecho por el cual también fue formalizado.

Según los antecedentes que maneja el Ministerio Público, el sujeto sería parte de un grupo de delincuentes que en marzo de 2024 se trasladó en dos vehículos hasta un domicilio del pasaje 20 de Julio con el objetivo de liberar a otro integrante de la banda que se mantenía retenido en dicho lugar.

Tras realizar disparos hacia el interior del domicilio, algunos integrantes del grupo habrían subido por una escalera exterior al segundo piso de la vivienda, donde disparan en contra de un grupo familiar que no tenía participación en los hechos, causando la muerte de dos adultos varones y heridas a una mujer.

Por petición del Ministerio Público, el detenido quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 60 días.

Cabe precisar que, con la detención de este imputado, la investigación por el doble homicidio del campamento Villa Constancia entra en su etapa final, toda vez que los seis sujetos que habrían participado directamente en el hecho, tres chilenos, dos colombianos y un venezolano, ya están detenidos y en prisión preventiva, a la espera de juicio oral.

Un importante resultado en la persecución del crimen organizado obtuvieron la Fiscalía Regional de Antofagasta y la Policía de Investigaciones de Chile, tras la incautación de 861 kilos de cannabis que eran transportados en dos camionetas con encargo por robo, por rutas de la Provincia de El Loa.

Durante el procedimiento, desarrollado por detectives de la Brigada Antinarcóticos Calama, en coordinación con la unidad SACFI de la Fiscalía, además se recuperó un fusil con su número de serie borrado, un cargador, 27 cartuchos calibre 5.56, equipos de comunicación y un dispositivo satelital Starlink.

El procedimiento se origina a partir de un trabajo investigativo sustentado en análisis criminal e inteligencia policial, que permitió identificar rutas y patrones de desplazamiento asociados al traslado de droga en la zona. En este contexto, se detectó la circulación de dos vehículos sin placas patentes visibles, procediendo a su fiscalización.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes de ambos móviles intentaron evadir el control, logrando la detención de uno de ellos, correspondiente a un ciudadano boliviano en situación migratoria irregular en el país.

La revisión de los vehículos permitió establecer que transportaban 786 paquetes contenedores de droga, los cuales tendrían como destino la zona central del país.

COORDINACIÓN
El Fiscal Regional (s), Eduardo Peña Martínez, señaló que este procedimiento refleja el trabajo coordinado y especializado entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile en la región.

“Junto a la PDI hemos dado un importante golpe al crimen organizado en un área prioritaria como es el combate al tráfico de drogas transnacional. Este resultado es una señal clara para estas organizaciones, en el sentido que existe un trabajo coordinado y especializado para perseguir estos delitos y evitar su instalación en la región”, indicó.

El persecutor también relevó la presencia de armamento y munición de alto calibre, lo que confirma la peligrosidad de las organizaciones que operan en la zona, agregando que este tipo de resultados impacta directamente en sus capacidades logísticas y operativas.

Asimismo, reiteró que el lineamiento del Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, apunta a una persecución penal focalizada, orientada a impedir la instalación y circulación de organizaciones criminales en la región.

Por su parte, el Jefe de la Región Policial Antofagasta, Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo, destacó que: “Este resultado es reflejo de un proceso investigativo de largo aliento, basado en análisis criminal e inteligencia policial, que nos permite intervenir rutas utilizadas por organizaciones criminales y afectar directamente su capacidad operativa, considerando tanto la droga como los medios que emplean para su funcionamiento”.

Finalmente, el Jefe de la Brigada Antinarcóticos Calama, subprefecto Patricio Méndez Charcas, precisó que: “Hoy no solo estamos abordando el tráfico de droga, sino también la detección de armamento asociado a estas estructuras criminales. En este caso, la presencia de un fusil y munición da cuenta de organizaciones que buscan incrementar su capacidad de fuego y peligrosidad en el territorio. Como PDI, estamos trabajando con análisis e inteligencia policial para anticiparnos a estas dinámicas y evitar que este tipo de elementos continúe ingresando y circulando en la región”.

El imputado boliviano detenido fue formalizado hoy por SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta por los delitos de tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado, quedando en prisión preventiva por la causal de peligro para seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 100 días.

La víctima fue atacada con un arma cortopunzante al interior de una vivienda en el sector norte alto de la ciudad. Fiscalía investiga el caso.

Un violento hecho quedó al descubierto en Antofagasta luego que una discusión al interior de una vivienda terminara con la muerte de una persona, en un caso que hoy mantiene a un imputado en prisión preventiva.

Se trata de un ciudadano chileno que fue formalizado por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional como presunto autor de un homicidio ocurrido la noche del lunes en un domicilio del sector norte alto de la ciudad.

De acuerdo a los antecedentes expuestos en audiencia, el hecho se registró cuando el imputado y la víctima, ambos arrendatarios del inmueble, comenzaron una fuerte discusión por motivos domésticos, la que escaló rápidamente hasta un desenlace fatal.

En ese contexto, el imputado habría atacado a la víctima utilizando un objeto cortopunzante, provocándole la muerte en el mismo lugar.

Tras lo ocurrido, equipos especializados de la Fiscalía y la PDI se trasladaron hasta el sitio del suceso para iniciar las diligencias. En el procedimiento participaron el equipo ECOH, junto a personal del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) y la Brigada de Homicidios, quienes quedaron a cargo de la investigación.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, considerando la gravedad de los hechos y el peligro para la seguridad de la sociedad.

La investigación tendrá un plazo de 90 días, periodo en el cual se buscará esclarecer completamente lo ocurrido en este nuevo hecho de violencia que impacta a la ciudad.

Un operativo antidrogas en Calama dejó al descubierto una red de tráfico de ketamina que utilizaba redes sociales para comercializar la sustancia, terminando con ocho detenidos y una importante incautación de droga, dinero y vehículos.

Siete de los imputados fueron formalizados por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva, al considerarse que representan un peligro para la seguridad de la sociedad.

El octavo involucrado, en tanto, fue formalizado por tenencia de armamento prohibido y municiones, quedando con arresto domiciliario total mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días.

Venta de droga por redes sociales

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia, la investigación se inició luego de detectar que un grupo de personas comercializaba ketamina a través de un perfil cerrado de Instagram, coordinando entregas en distintos puntos de la ciudad.

A partir de estas diligencias, personal de OS7 de Carabineros El Loa logró detener a tres de los imputados en flagrancia, justo en el momento en que realizaban la entrega de un frasco de esta droga en la vía pública.

Operativo y hallazgos

El procedimiento continuó con nuevas acciones investigativas que permitieron ubicar y detener a otros cinco involucrados, quienes mantenían en su poder más ketamina, tanto en formato líquido como en polvo.

Además, durante los allanamientos se encontró armamento adaptado y de fabricación artesanal, lo que aumentó la gravedad del caso.

Como resultado del operativo, se incautaron 57 frascos de ketamina de 100 ml, 34 bolsas con más de 37 gramos de la droga, tres vehículos, dinero en efectivo, además de armas y municiones.

Investigación en curso

El caso evidenció una modalidad de tráfico que utiliza plataformas digitales para concretar ventas, lo que encendió las alertas de las autoridades.

La Fiscalía continuará con la investigación durante los próximos cuatro meses, mientras los principales imputados permanecen privados de libertad.

Los imputados corresponden a dos ciudadanos chilenos y un venezolano con situación migratoria irregular, quienes serán formalizados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. La investigación permitió detectar la planificación del traslado y ubicar el inmueble donde el contenedor era almacenado, logrando su incautación junto a cerca de 500 paquetes de cannabis.

El procedimiento se concretó tras diversas diligencias investigativas basadas en análisis criminal e inteligencia policial, lo que permitió gestionar órdenes judiciales para la entrada y registro del lugar. El contenedor se encontraba sellado y listo para su traslado al momento del operativo.

Desde la Fiscalía y la PDI indicaron que el uso de este sistema de ocultamiento refleja la adaptación de las organizaciones criminales ante la acción de las autoridades. Además, se informó que en los primeros 80 días del año se han incautado más de 19,2 toneladas de droga en la región, en el marco de operativos dirigidos a desarticular redes de tráfico ilícito.

El caso, denominado “Caso Josefa”, revela graves antecedentes de posibles agresiones reiteradas y abre una investigación clave sobre el entorno familiar de la menor.

Un caso que ha impactado profundamente a Antofagasta mantiene en prisión preventiva a una mujer imputada por el delito de homicidio calificado de una niña de solo 4 años y 9 meses, hecho ocurrido el pasado 16 de marzo y que hoy es investigado por la Fiscalía Regional a través de su unidad SACFI.

La imputada, de nacionalidad chilena, fue detenida por personal del OS9 de Carabineros el mismo día en que se constató el fallecimiento de la menor. Posteriormente, su detención fue controlada y ampliada hasta este 21 de marzo, jornada en la que finalmente fue formalizada por el delito más grave contemplado en la legislación penal.

El tribunal decretó su prisión preventiva, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando además un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

Según los antecedentes preliminares entregados por el Servicio Médico Legal, el cuerpo de la niña presentaba múltiples fracturas y lesiones atribuibles a terceros. A ello se suma que, de acuerdo con lo señalado por especialistas, existirían indicios de que estas lesiones eran de distinta data, lo que podría dar cuenta de un eventual patrón de maltrato previo.

La imputada mantenía una relación de convivencia con el padre de la menor y era parte de su entorno directo al momento de los hechos, lo que la sitúa como principal sospechosa en las agresiones que habrían derivado en la muerte de la niña.

En paralelo, nuevos antecedentes han ido configurando el contexto del caso. Según información conocida durante las diligencias, la menor tenía diagnóstico de autismo, situación que no había sido informada en un inicio y que ahora forma parte de la investigación.

El impacto del caso también se explica por su historia familiar. La madre biológica de la niña había fallecido hace aproximadamente ocho meses en Taltal. Tras ello, la menor permaneció al cuidado de su abuela, hasta que posteriormente quedó bajo la custodia de su padre en Antofagasta, donde residía junto a la imputada.

Mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido, el “Caso Josefa” ha generado un fuerte impacto en la comunidad y vuelve a instalar el debate sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, así como la detección oportuna de situaciones de riesgo al interior de los hogares.

Un grave caso de maltrato animal quedó al descubierto en Antofagasta, luego que un perro de avanzada edad fuera rescatado en condiciones extremas al interior de una vivienda del sector norte de la ciudad.

El hecho fue detectado tras una denuncia ingresada al sistema Bitácora Web, lo que motivó la rápida acción de la Fiscalía, que instruyó diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI.

Al llegar al lugar, los detectives se encontraron con un escenario impactante: el animal presentaba un evidente estado de desnutrición, además de signos visibles de una dermatitis crónica generalizada producto de una sarna avanzada.

Debido a la gravedad de la situación, el imputado —de nacionalidad chilena— fue detenido en el lugar por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal y posteriormente formalizado por la Fiscalía de Antofagasta.

El tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional mientras se desarrolla la investigación, la que tendrá un plazo de 80 días.

En paralelo, y para resguardar la vida del animal, el perro fue trasladado de urgencia por personal de la PDI hasta el PET Municipal, donde quedó internado debido a su delicado estado de salud.

Según se informó, una vez que logre estabilizarse, el can será derivado a un hogar temporal, en un intento por darle una nueva oportunidad tras el grave abandono sufrido.

El caso ha generado fuerte impacto, evidenciando nuevamente la crudeza de algunos episodios de maltrato animal y la importancia de denunciar este tipo de hechos para evitar consecuencias aún más graves.

Tamara Farren Llantén explicó que el avance de bandas criminales y los cambios migratorios han obligado al Ministerio Público a adaptar sus estrategias para resguardar a quienes colaboran con la justicia.

La protección de víctimas y testigos es una de las labores más sensibles del Ministerio Público y, aunque muchas veces pasa desapercibida, es clave para que el sistema judicial funcione. En la Región de Antofagasta, esta tarea ha debido adaptarse a un nuevo escenario marcado por el crimen organizado y los cambios en el perfil de quienes se ven afectados por delitos.

Así lo explicó la abogada Tamara Farren Llantén, jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de la Fiscalía Regional de Antofagasta, quien abordó los desafíos que enfrenta esta área frente a los nuevos fenómenos criminales que registra el país.

Durante el último año, la unidad brindó apoyo especializado a más de 6.000 personas, entre víctimas y testigos de distintos delitos, lo que refleja la magnitud del trabajo que realiza esta área dentro de la Fiscalía.

“La irrupción del crimen organizado nos obligó a cambiar la manera de trabajar con víctimas y testigos”, explicó Farren, agregando que este fenómeno no solo ha transformado la persecución penal, sino también las necesidades de quienes participan en los procesos judiciales.

Apoyo jurídico y psicológico

Desde URAVIT explican que la atención que se entrega a las personas afectadas por delitos no se limita a la asesoría legal. También incluye apoyo psicológico y contención emocional para evitar la denominada victimización secundaria, es decir, el daño que puede provocar el propio proceso judicial.

“La atención de URAVIT no es solo jurídica, incluye contención psicológica para evitar la victimización secundaria (…) nuestra unidad atiende a víctimas y testigos principalmente en el ámbito proteccional y para facilitar su participación en el proceso penal”, señaló la jefa de la unidad.

El objetivo es que las personas puedan entregar información, declarar y participar en los juicios sin temor a represalias o presiones.

Medidas de protección según el riesgo

Para determinar las medidas de resguardo, la unidad realiza una evaluación de riesgo que considera tanto la situación de la persona afectada como la de su entorno familiar.

Dependiendo del nivel de amenaza, se pueden aplicar distintas acciones de protección. Entre ellas, medidas inmediatas como la entrega de teléfonos de emergencia o, en casos más complejos, traslados de domicilio o incluso desplazamientos fuera de la ciudad o región.

“Siempre se hace una evaluación de riesgo de la situación de la persona y su familia y, de acuerdo a eso, se toman las medidas correspondientes”, explicó Farren.

Migración y crimen organizado

Según la abogada, en los últimos años el trabajo de la unidad ha enfrentado dos cambios importantes. El primero tiene relación con el impacto migratorio, que implica atender a personas provenientes de distintos contextos culturales y con percepciones diferentes respecto de las instituciones.

El segundo está vinculado al avance del crimen organizado, que ha modificado el perfil de las víctimas y testigos. “Al tratarse a menudo de migrantes irregulares, enfrentamos una fuerte resistencia a declarar o aceptar medidas de resguardo, lo que nos ha forzado a transformar nuestra manera de trabajar para ganar su confianza”, explicó.

En muchos casos, estas personas desconfían de las instituciones del Estado, lo que obliga a realizar un trabajo adicional para generar vínculos que permitan avanzar en las investigaciones.

Trabajo especializado y acompañamiento prolongado

Para enfrentar estos desafíos, URAVIT trabaja coordinadamente con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que cuenta con profesionales especializados en el análisis psicológico y social de este tipo de delitos. “No se trata solo de un trámite, sino de una especialización técnica para generar vínculos de confianza”, explicó Farren.

El acompañamiento que realiza la unidad no tiene un plazo fijo. En casos relacionados con bandas criminales, el apoyo puede extenderse incluso después de la sentencia si persisten los riesgos. “El acompañamiento depende exclusivamente de las necesidades del usuario. En casos vinculados a bandas criminales, el apoyo puede prolongarse mucho más allá de la sentencia”, precisó.

Un pilar silencioso del sistema judicial

Desde el Ministerio Público recalcan que la protección de víctimas y testigos es tan importante como la persecución penal.

Para el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, esta función es fundamental para que la justicia pueda avanzar. “La eficacia de la justicia no se mide solo en condenas obtenidas, sino en la capacidad del Estado para proteger la integridad de quienes se atreven a testificar”, señalan desde la institución.

En ese sentido, aunque muchas veces el trabajo de esta unidad se desarrolla con absoluta discreción para resguardar la seguridad de las personas, desde la Fiscalía destacan que se trata de un pilar esencial para evitar que el miedo termine imponiendo silencio en los tribunales.

Fuente: Fiscalía

Al menos una veintena de familias denunció haber entregado dinero a personas que ofrecían incorporarlas a un programa habitacional del Serviu. El caso ya es investigado por la Fiscalía y la PDI.

Una grave denuncia por presunta estafa vinculada a promesas de vivienda social comenzó a ser investigada por la Fiscalía de Calama, luego de que cerca de 20 familias aseguraran haber sido engañadas por personas que ofrecían incorporarlas a un supuesto programa habitacional del Serviu.

De acuerdo con los antecedentes entregados por los denunciantes, en distintas fechas individuos que afirmaban tener vínculos con el servicio público habrían solicitado pagos en dinero, ya sea mediante transferencias o en efectivo, con la promesa de integrar a las familias al proceso de asignación de viviendas en un proyecto en desarrollo.

Con la esperanza de acceder a una casa propia, varias de las familias accedieron a realizar los pagos solicitados, sin embargo, posteriormente dejaron de recibir respuestas claras por parte de quienes habrían recibido el dinero, lo que despertó las sospechas y motivó la denuncia.

Ante estos antecedentes, la Fiscalía de Calama acogió la denuncia por presunta estafa e instruyó las primeras diligencias investigativas a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la eventual existencia de delitos.

Las diligencias buscan establecer cómo operaba el presunto engaño, quiénes estarían detrás de las ofertas de vivienda y si existen más víctimas afectadas por esta situación.