Fiscalía, Carabineros y PDI consolidan históricos resultados en combate al narcotráfico con acciones conjuntas en frontera, carreteras y ciudades.

El trabajo conjunto entre Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, permitió la incautación de 2.840 kilos de drogas en distintos procedimientos desarrollados los últimos días, tanto en frontera, como en carreteras y ciudades.
Detalles de las operaciones fueron entregados esta mañana por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios; junto al jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto; y el jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector, Freddy Castro Crespo.
Según explicó el fiscal Castro Bekios, se trató de acciones investigativas y de control enmarcadas en la estrategia conjunta de combate al tráfico de drogas implementada en esta región, resultado de la articulación interinstitucional entre Carabineros, la PDI -que ha implementado un equipo especializado denominado Grupo Fuerza de Tarea Frontera-, además de Ejército y Aduanas, entre otros organismos que participan activamente en la persecución de este delito.
“Esto no es algo azaroso, este es el resultado de la acción conjunta de todas las instituciones que conforman el Estado, las cuales en esta región están decididas a dar una lucha frontal, coordinada y permanente, contra las organizaciones criminales que pretenden penetrar nuestro territorio”, apuntó el persecutor.

PROCEDIMIENTOS
En el primero de los procedimientos, oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile en un despliegue operativo efectuado en la Ruta CH-27, a la altura del kilómetro 35 en San Pedro de Atacama, fiscalizaron un furgón que transportaba en su interior más de mil paquetes de marihuana, con un peso total de 1.179 kilos.
Posteriormente, en el proceso investigativo se detectó la presencia de un segundo vehículo que cumplía funciones para concretar el ilícito, manteniendo comunicación radial con el transporte principal y cuyo conductor ocultaba una importante suma de dinero en efectivo.
A partir de los antecedentes obtenidos por los detectives y tras las coordinaciones con el Ministerio Público y el trabajo conjunto con la Brigada Antinarcóticos Calama, se gestionó la entrada y registro a un inmueble en la comuna de Calama, donde fue hallado un segundo furgón que contenía 1.089 kilos de cannabis.
Como resultado del operativo se incautaron 2.269 kilos 480 gramos de cannabis, distribuidos en 2.074 paquetes, además de dos furgones, un automóvil, dos equipos radiales y $7.710.000 en efectivo.
Al respecto, el Jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo, destacó la relevancia de este procedimiento y el trabajo especializado que desarrolla la PDI en la zona fronteriza.
“Este procedimiento refleja el permanente compromiso de nuestros detectives en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La labor desarrollada por la Fuerza de Tarea Frontera Interna, junto al trabajo coordinado con la Fiscalía y las unidades especializadas de la PDI, permitió sacar de circulación más de dos toneladas de cannabis que pretendían ingresar a distintos mercados ilícitos del país. Seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades investigativas y operativas para proteger a la ciudadanía y enfrentar a las organizaciones criminales que buscan utilizar nuestra región como ruta para el tráfico de drogas”, señaló.

CARABINEROS
Casi de manera simultánea, Carabineros de El Loa ejecutó tres procedimientos que derivaron en la incautación de otros 571 kilos de drogas.
El primero corresponde a la detección en una ruta secundaria próxima a Calama de una camioneta abandonada y con encargo por robo, la cual se encontraba cargada con 12 sacos contenedores de 318 kilos de marihuana.
Más tarde la misma institución detuvo en la ruta B-75 al conductor de un vehículo marca Chevrolet, quien transportaba 32 kilos 500 gramos de marihuana. Finalmente, en el sector de Tocorpuri, carabineros captura a otros dos imputados en momentos que transportaban 115 kilos de clorhidrato de cocaína, 95 kilos de pasta base y 11 kilos de ketamina en dos vehículos.
Al respecto, el jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, destacó que estos resultados son reflejo del despliegue permanente que mantiene la institución en la frontera y en la segunda línea de control.
“Estamos desarrollando un trabajo constante en distintos puntos de la región, tanto en sectores fronterizos como en carreteras y zonas urbanas, lo que demuestra el esfuerzo que realiza Carabineros en todo el territorio regional para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado”, señaló.
La autoridad agregó que estos procedimientos son resultado de una estrategia que combina investigación especializada, análisis criminal y una fuerte presencia preventiva en terreno, y son el “reflejo del trabajo que hoy desarrollan nuestros Carabineros, tanto desde el ámbito investigativo, mediante coordinaciones permanentes con el Ministerio Público y las unidades especializadas; como también desde el ámbito preventivo, a través de nuestros Carabineros territoriales de frontera y carretera”, precisó.

RÉCORD
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios explicó que, con estas incautaciones, la sumatoria de toda la droga decomisada por las instituciones del Estado en los primeros 5 meses y 21 días de este año, supera las 46 toneladas, lo que presenta 7 toneladas más de lo incautado durante todo el año pasado.
“De igual forma, desde octubre de 2023, que es el periodo en que a mí me ha correspondido ejercer como Fiscal Regional, ya llevamos 112 toneladas de drogas incautadas, con un avalúo de más de 700 mil millones de pesos. Eso no es azar, es trabajo mancomunado, trabajo coordinado, inteligencia policial y acción conjunta de todos los órganos del Estado”, manifestó.
Castro Bekios enfatizó que la acción coordinada de las instituciones ha constituido un “muro invisible” o “tapón estratégico” contra el tráfico de drogas en la Región de Antofagasta, evitando que grandes cargamentos de sustancias ilícitas lleguen a otros destinos nacionales o fuera de nuestras fronteras.
Por su parte, el Jefe de Zona de Carabineros, señaló que sólo durante la última semana Carabineros concretó siete procedimientos antidrogas en distintos puntos de la región, los que permitieron la detención de nueve imputados extranjeros y la incautación de más de 923 kilos de drogas, con lo cual “hoy ya superamos las 30 toneladas de droga incautadas por Carabineros en la Región durante este año”.
En tanto, la Delegada Presidencial Regional, Katherine López Rivera, destacó el trabajo conjunto de Fiscalía, Carabineros y PDI, calificándolo como “un tremendo apoyo a la seguridad de las personas en la región”.
La autoridad dijo que, con estas acciones, no solo se está evitando que la droga llegue a las ciudades y los barrios, también se está ahogando a las organizaciones criminales, atacando su logística y su patrimonio.

Auditoría reveló que la Central de Abastecimiento concentró el mayor volumen de compras directas del Estado durante la administración anterior. Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos aseguran que llevan años alertando sobre esta práctica y advierten consecuencias para la transparencia y la seguridad del suministro de fármacos.

Una auditoría gubernamental encendió las alarmas en el sector salud tras revelar que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) realizó compras por cerca de US$700 millones mediante tratos directos durante la administración anterior, convirtiéndose en el organismo público con mayor concentración de adquisiciones sin licitación del país.

La cifra no solo supera ampliamente a otros organismos estatales, sino que también reavivó las críticas de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, entidad que asegura haber advertido reiteradamente sobre esta situación tanto a CENABAST como a la Comisión de Salud del Senado.

“El número nos sorprendió por su magnitud”, afirmó Claudia Papic, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, quien sostuvo que la diferencia entre CENABAST y el resto de las instituciones auditadas “habla por sí sola”.

Según los antecedentes dados a conocer, el segundo organismo con mayor volumen de compras directas fue el Registro Civil, con US$350 millones, mientras que el tercero alcanzó US$56 millones, cifras considerablemente menores a las registradas por la central encargada del abastecimiento de medicamentos e insumos para la red pública de salud.

Alertan sobre falta de competencia y exclusión de la industria nacional

Desde la Cámara cuestionaron que adquisiciones de tal magnitud se hayan realizado sin procesos competitivos amplios y sin una consideración efectiva de la capacidad productiva instalada en el país.

Papic sostuvo que la industria farmacéutica nacional cuenta con infraestructura, conocimiento técnico y capacidad para responder a las necesidades de abastecimiento del sistema público, por lo que considera que el Estado está desaprovechando un activo estratégico para el país.

La dirigente afirmó que cuando se ejecutan compras por cientos de millones de dólares sin licitación ni competencia abierta, no solo se generan dudas respecto de la transparencia de los procesos, sino que también se pone en riesgo la disponibilidad futura de medicamentos para la población.

Temor por dependencia de proveedores externos

Uno de los puntos más sensibles planteados por la industria apunta a la dependencia de proveedores y cadenas de suministro internacionales.

Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos recordaron que durante la pandemia quedaron en evidencia las vulnerabilidades asociadas a depender exclusivamente de mercados externos para el acceso a medicamentos e insumos críticos.

A juicio del gremio, la ausencia de una estrategia que fortalezca la producción nacional podría traducirse en problemas de abastecimiento, retrasos en las entregas y mayores riesgos frente a futuras contingencias sanitarias.

Piden cambios estructurales

La organización aseguró que la investigación de los antecedentes revelados por la auditoría es necesaria, pero enfatizó que el debate debe avanzar hacia una revisión profunda del modelo de compras públicas en salud.

En esa línea, plantearon la necesidad de diseñar una estrategia de abastecimiento que incorpore de manera efectiva a la industria farmacéutica nacional, fortaleciendo la seguridad sanitaria del país y reduciendo la dependencia de proveedores externos.

“La industria local está disponible para dar respuesta a las necesidades de las personas que atiende la red pública de salud”, señalaron desde la entidad, insistiendo en que una mayor participación de los laboratorios nacionales podría contribuir a mejorar la sostenibilidad y resiliencia del sistema sanitario chileno.

La auditoría incluye a Serviu Antofagasta y a municipalidades del norte como Calama, Taltal y María Elena. El informe revela que ninguna de las 73 entidades fiscalizadas —del Gobierno Central y municipios— logró acreditar la confiabilidad de sus estados financieros, comprometiendo recursos equivalentes a un sexto del presupuesto público 2026.

Un grave diagnóstico sobre la gestión financiera del Estado chileno quedó al descubierto tras la publicación del Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2) de la Contraloría General de la República, que revisó los estados financieros de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024. En este listado aparecen instituciones con impacto directo en la Región de Antofagasta, como Serviu Antofagasta, y municipalidades del norte grande como Calama, Taltal y María Elena, evidenciando que la crisis también alcanza de lleno a la administración pública regional.

El resultado fue categórico: en el 100% de los casos la Contraloría se abstuvo de emitir opinión, lo que en términos técnicos significa que no fue posible confirmar que las cifras presentadas fueran razonables ni confiables, debido a la falta de respaldo suficiente y adecuado de los saldos contables.

Según el informe, las causas se repiten transversalmente en todas las entidades auditadas: controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias no aclaradas, ausencia de análisis que sustente las cifras reportadas y fallas estructurales en los sistemas informáticos y en los controles de tecnología de la información. Estas deficiencias impidieron asegurar la confiabilidad de la información financiera y revelan riesgos significativos de mala gestión, errores graves o eventuales fraudes.

En términos de magnitud, el escenario es de alta gravedad. La Contraloría cifró en $15,9 billones de pesos los recursos involucrados en este desorden financiero, equivalentes a US $17.300 millones, monto que representa aproximadamente un sexto del presupuesto público proyectado para 2026. Del total observado, el 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% a municipalidades, lo que da cuenta de una crisis transversal que no distingue nivel administrativo.

Para los habitantes de la Región de Antofagasta, el informe adquiere especial relevancia considerando que Serviu Antofagasta —organismo clave en materia de vivienda e infraestructura— figura dentro de las entidades auditadas, junto a municipios de la macrozona norte. Si bien la Contraloría revisó una muestra acotada, la reiteración de las mismas falencias permite inferir que esta situación podría ser representativa de una realidad más amplia, tanto a nivel regional como nacional.

El impacto de este desorden financiero no es solo contable. La propia Contraloría advierte que la falta de información confiable afecta directamente la toma de decisiones estratégicas, limita la correcta planificación del gasto público y debilita la transparencia, un elemento clave para la confianza ciudadana en instituciones que administran recursos destinados a vivienda, salud, educación, obras públicas y programas sociales.

Como consecuencia de los hallazgos, el organismo fiscalizador instruyó 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos disciplinarios internos y 10 remisiones de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, lo que refleja la gravedad institucional del escenario detectado.

El listado de entidades auditadas —que incluye ministerios, servicios públicos estratégicos y municipalidades de distintas regiones del país— refuerza una conclusión inquietante: no se trata de casos aislados, sino de una falla estructural del sistema público chileno en materia de control financiero, rendición de cuentas y estándares de gestión.

En un contexto donde regiones como Antofagasta enfrentan fuertes demandas sociales, presión sobre el gasto público y grandes proyectos de inversión estatal, el informe de la Contraloría instala una advertencia mayor: sin una reformulación profunda de los sistemas contables y de control del Estado, la capacidad del Gobierno Central y de los municipios para responder con eficiencia, transparencia y credibilidad a la ciudadanía queda seriamente en entredicho.

Desde la CONECH A.G., gremio nacional que agrupa a empresas contratistas que ejecutan obras y servicios para el Estado, sostienen que la situación es aún más alarmante. El análisis de la CGR excluye todas las obras re licitadas de manera inmediata, es decir, aquellas que entran rápidamente a un nuevo proceso pero cuya raíz del problema nunca es analizada ni abordada.

Esto plantea a una pregunta fundamental:
¿Cuál es el análisis de causas que la Contraloría realiza sobre esta crisis?
Porque mientras no se identifiquen las razones de fondo, este fenómeno se repetirá año tras año; obras paralizadas, gastos duplicados o triplicados, retrasos que afectan la vida de miles de personas y una utilización ineficiente del dinero de todos los chilenos.

Un problema que supera la estadística

Que Chile tarde 25 meses en promedio en recontratar una obra pública es una señal inequívoca de una falla sistémica. Dos años sin avances significan consecuencias sociales, económicas y comunitarias que no están reflejadas en ningún cuadro estadístico:

¿Cuántas prestaciones de salud no se entregaron por centros inconclusos?
¿Cuántas mujeres vieron truncado su desarrollo por no contar con una sala cuna o jardín infantil?
¿Cuántos barrios quedaron sin áreas verdes, sedes comunitarias o infraestructura básica?

Las cifras más críticas provienen de organismos como JUNJI, municipalidades y diversos Servicios de Salud, donde se concentran obras con largos retrasos, recontrataciones sucesivas y montos que escalan sin control.
Resulta legítimo preguntar:

¿Qué sanciones se aplicarán a los servicios con estos resultados?
¿A los equipos directivos? ¿A los funcionarios responsables de planificación, control y supervisión?
¿O simplemente seguiremos viendo cómo quienes lideran proyectos fallidos son reasignados o ascendidos sin consecuencias?

El Estado existe para brindar bienestar. Hoy, ese bienestar no llega

La evidencia es clara; se está gastando más dinero, se están demorando más las obras y los beneficios para la ciudadanía no llegan de manera oportuna. Este problema ya no puede atribuírsele solamente a los contratistas, como durante años se ha intentado instalar. La causa es más profunda:
Bases administrativas con errores; planificación insuficiente; criterios distintos entre regiones y servicios; ausencia de estándares mínimos de control; falta de supervisión técnica real; nula evaluación de desempeño de los mandantes; inexistencia de mecanismos de aprendizaje institucional.

En consecuencia, es el propio Estado el que hoy está comprometiendo la entrega del bienestar que tiene el deber de garantizar.

CONECH: tres años denunciando lo mismo que hoy confirma Contraloría

Lo que hoy refleja la CGR no es nuevo. Desde hace tres años, la CONECH ha trabajado incansablemente para visibilizar estas falencias: oficios, reuniones, informes técnicos, presentaciones públicas y acompañamiento directo a decenas de empresas afectadas, donde se ha insistido que:
– Las paralizaciones no son exclusivamente responsabilidad de los contratistas.
– Existen fallas graves de origen en la planificación de los proyectos públicos.
– Los mecanismos de control y fiscalización no están corrigiendo el problema.
– La pérdida de recursos públicos, los sobrecostos y los retrasos se están normalizando.

Hoy, el informe de la CGR confirma públicamente lo que miles de empresas han sufrido en silencio durante años. Por eso, como gremio, la CONECH hace un llamado a establecer responsabilidades administrativas y técnicas reales. Revisar y corregir los procesos de planificación y licitación. Exigir estándares mínimos en fiscalización y control. Incorporar a los contratistas en la discusión técnica, en lugar de responsabilizarse en solitario y transparentar públicamente la información de paralizaciones y recontrataciones.

Desde CONECH señalan: “El país no puede permitir que miles de millones sigan perdiéndose en obras inconclusas mientras las comunidades esperan. A las empresas contratistas que han vivido paralizaciones, retrasos injustificados o recontrataciones interminables, les decimos:
No están solas.
Este es el momento de unirse, de fortalecer la voz colectiva y de exigir un sistema que funcione. En la CONECH A.G. estamos comprometidos en seguir empujando cambios reales, aunque incomoden, aunque revelen verdades difíciles. Porque Chile se construye con hechos, no con obras abandonadas”.

El llamado de CONECh es a afiliarse de forma gratuita: “discutimos tu caso y buscamos soluciones funcionales. Sé parte del gremio que defiende a los contratistas frente al Estado”.

En todo Chile, cientos de empresas —desde grandes constructoras hasta pequeñas firmas proveedoras y de servicios especializados— enfrentan una realidad que se ha vuelto cada vez más recurrente: contratos terminados anticipadamente, pagos retenidos sin justificación y procesos administrativos que dejan a las pymes sin defensa ni respaldo frente al Estado.

De esa necesidad de justicia, transparencia y equilibrio nació la CONECH A.G. (Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile), una organización abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, sin importar su tamaño o región, que busca fortalecer la representación gremial, defender los derechos de sus asociados y promover una nueva forma de relación entre la administración pública y el sector productivo.

Inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 5360/2023, la CONECH A.G. surge como una respuesta organizada ante una problemática estructural que por años ha afectado a quienes ejecutan obras, prestan servicios o proveen insumos al Estado: la falta de equilibrio, transparencia y responsabilidad en la gestión de los contratos públicos.

Representar, acompañar y equilibrar

El propósito de la CONECH A.G. es claro: representar, acompañar y defender los derechos de los contratistas y proveedores del Estado, promoviendo una contratación pública más justa, transparente y eficiente, que equilibre la relación entre el Estado y las empresas que lo hacen posible.

Durante la pandemia, la asociación identificó un patrón de malas prácticas que trascendía sectores: terminaciones unilaterales, retenciones arbitrarias, ejecuciones de garantías y atrasos prolongados, afectando no solo al rubro de la construcción, sino también a empresas de servicios, tecnología, seguridad, mantenimiento, etc. y proveedoras.

Convenios que marcan la diferencia

Uno de los principales hitos de la organización fue la firma del convenio con PRF & Asociados, estudio jurídico especializado en derecho administrativo, que financia la operación de la CONECH A.G. y permite que ser socio no tenga costos de incorporación ni mensualidades.

Gracias a esta alianza, las empresas afiliadas pueden acceder a asesoría y representación jurídica sin costo fijo, bajo un modelo basado exclusivamente en los resultados de recuperación efectiva de los recursos retenidos o adeudados por organismos públicos.

A este avance se suma el convenio suscrito con la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), firmado en marzo de 2025, que brinda respaldo técnico y académico a través de investigaciones en derecho administrativo, análisis de jurisprudencia y el apoyo a la fecha de siete alumnos pasantes de la carrera de Derecho.
Así, la CONECH une la experiencia gremial con el prestigio académico de una de las universidades más importantes del país.

Presencia nacional y representación territorial

Con más de 50 empresas asociadas y una comunidad digital que ha superado los 1.000 seguidores en solo dos semanas, la CONECH A.G. se consolida como un actor gremial con presencia real y proyección nacional.

Para asegurar una estructura descentralizada y cercana, la organización cuenta con delegados regionales que representan al gremio en terreno, canalizan casos y promueven la organización en cada territorio.

Actualmente, los delegados regionales son:
•Francisco Ríos – Tarapacá
•Enrique Miranda – Antofagasta
•Alejandro Urquieta – Coquimbo
•Rodrigo Valenzuela – O’Higgins
•Sergio Molina – Biobío
•Rodrigo González – La Araucanía
•Jorge Pávez – Los Lagos
•Patricio Flores – Región Metropolitana

Una causa con impacto social

El presidente de la asociación, Patricio Rojas, ha sido enfático en señalar que el problema no se limita al plano económico, sino que tiene una profunda repercusión social:

“Detrás de cada empresa hay familias, trabajadores y proveedores que han sostenido al país con su trabajo. Nuestro compromiso es que ninguna empresa quede sola frente al Estado”, señala Rojas.

En la misma línea, el secretario de la CONECH A.G., Patricio Flores, resalta la necesidad de construir una red nacional de apoyo gremial: “Cuando una obra se detiene o un contrato se termina injustificadamente, no solo pierde la empresa, sino también la comunidad. Cada jardín infantil que no se entrega, cada centro de salud paralizado y cada proyecto que se retrasa impacta directamente en la calidad de vida de los chilenos. Por eso, nuestro llamado es a unir fuerzas: empresarios, trabajadores, proveedores y profesionales del sector público deben entender que mejorar la contratación pública es mejorar el país.”

Un llamado a las empresas de todo Chile

La CONECH A.G. extiende una invitación abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, especialmente a aquellas que hayan enfrentado términos anticipados, retenciones injustificadas o atrasos en los pagos, así como a las que actualmente trabajan con instituciones públicas.

“Queremos que más empresas se sumen, no solo para defender lo que les corresponde, sino para construir juntos un nuevo estándar de equidad y responsabilidad en la administración pública”, subraya Flores.

El llamado es a unir fuerzas, organizarse y actuar juntos frente a una situación que afecta no solo a las empresas, sino al bienestar de todos los chilenos. “Cuando las empresas se organizan y colaboran entre sí, el país avanza. Esa es la convicción que mueve hoy a la CONECH A.G.”, declararon.

Contacto y redes

Correo: secretario@conech.cl
Sitio web: www.conech.cl
Redes sociales: @conechag
Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile – CONECH A.G.
“Unidos por una contratación pública más justa.”

Una resolución de la Corte de Apelaciones de Talca determinó que sólo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) tiene atribuciones para sancionar el mal uso de licencias médicas, lo que podría frenar más de 6.500 sumarios administrativos contra funcionarios públicos.

El escándalo por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, que estalló tras un informe de la Contraloría General de la República, podría dar un giro inesperado. Un reciente y poco conocido fallo de la Corte de Apelaciones de Talca abrió una puerta de escape para miles de funcionarios sumariados por viajar al extranjero o realizar actividades incompatibles con su reposo médico.

Según el informe del ente fiscalizador, se detectaron 25.078 licencias médicas utilizadas de forma irregular y se abrieron más de 6.500 sumarios administrativos a funcionarios públicos de todo el país. Diversos servicios anunciaron medidas drásticas, incluyendo despidos.

Incluso el presidente Gabriel Boric, señaló el medio El Dínamo, respaldó públicamente la línea dura durante la Cuenta Pública 2025: “Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia médica, debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad, es la destitución del cargo”.

Sin embargo, el panorama podría cambiar drásticamente tras el fallo favorable a una funcionaria del Hospital de Talca que fue desvinculada luego de que un sumario interno determinara que había trabajado en su emprendimiento durante un periodo de licencia médica.

Pese a que la Contraloría respaldó la medida aplicada por el hospital, la Corte de Apelaciones de Talca consideró que la sanción no era válida, señalando que la única entidad facultada para pronunciarse sobre el uso indebido de licencias médicas es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Esta interpretación jurídica podría ser invocada por cientos —o miles— de funcionarios públicos para revertir sanciones similares y dejar sin efecto los procesos disciplinarios impulsados por los servicios afectados.

La sentencia ha encendido las alarmas en distintos organismos del Estado, ya que pone en cuestión no solo la validez de las desvinculaciones, sino también los fundamentos legales de los sumarios en curso.

El escenario abre un nuevo debate sobre los límites de las atribuciones institucionales en materia disciplinaria y la necesidad de reforzar la coordinación con organismos como la COMPIN antes de aplicar sanciones de alto impacto.

· Propuso control de las licencias médicas y bajar el ausentismo en el Estado; reducir las compras del Gobierno central, recortar asesores y limitar contrataciones en el sector público para que el dinero llegue a las personas y no se quede en burocracia.

· Esto más medidas anticorrupción, como atacar los “pitutos”, inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos, levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción y mayores herramientas y poder a la Contraloría.

La precandidata presidencial Evelyn Matthei presentó este martes nuevas medidas para combatir la corrupción y el despilfarro de dinero en el Estado, para asegurar que los recursos vayan en beneficio de los chilenos.

“La plata está. Lo que falta es que llegue a quienes más la necesitan. Y eso parte por cortar la corrupción y el despilfarro”, dijo Matthei en un acto con dueñas de casa en la comuna de San Miguel.

La exalcaldesa destacó que Chile necesita recursos para devolverle la seguridad a los barrios, proteger las fronteras, reducir las listas de espera, mejorar las escuelas y viviendas. Sin embargo, enfatizó que el dinero de los chilenos hoy se está despilfarrando: se gastaron $81 millones de más por cirugías fuera de horario; se han detectado municipalidades comprando remedios 400% por encima de su valor normal; y se pagaron casi $4.000 millones en pensiones de gracia con antecedentes penales o lesiones falsas. Además, 25 mil funcionarios viajaron con licencias médicas al extranjero, mientras el Estado gasta US$350 millones en reemplazos, el equivalente a 10 teletones.

“El Estado no es un botín. Es una responsabilidad. Y con nosotros, la corrupción se va a acabar. El que roba recursos públicos debe ir preso, quedar inhabilitado de por vida y perder todos sus privilegios”, dijo Matthei.

Entre las medidas propuestas para reducir el despilfarro de recursos del Estado, se reducirá en US $500 millones el presupuesto del gobierno central con recortes en compra de activos no esenciales, personal, bienes y servicios; y se recortarán en un 70% los asesores a honorarios de las autoridades, limitando a 300 cupos por gobierno y ajustando los sueldos según la Comisión de Altas Rentas.

También se limitará el crecimiento del empleo público a una tasa no superior al crecimiento del empleo privado, con un tope del 1% anual; se reducirá el ausentismo laboral injustificado en el sector público, que hoy triplica al del sector privado, eliminando gastos por reemplazos innecesarios; y se controlarán las licencias médicas falsas mediante cruces de datos y sanciones reales para médicos y funcionarios involucrados.

Además, se fijarán topes de sueldos para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República. Sin bonos escondidos ni asignaciones disfrazadas; y se rediseñará el proceso de compras, contrataciones y licitaciones para cerrar los vacíos que hoy permiten corrupción legalizada.

“Chile necesita orden, transparencia y resultados. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, concluyó Matthei.

MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

1. Poner urgencia al proyecto “antipitutos” de Chile Vamos. Regularemos la contratación de parientes directos en el Estado. Será causa de cesación inmediata.

2. Si alguien que trabaja en el Estado roba, queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

3. Transparencia total para fundaciones y ONGs que reciben recursos públicos, con mayor fiscalización en el gasto. Caso Procultura no se repite.

4. Se podrá levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción, con autorización judicial, en menos de 24 horas.

5. Se reducen los gastos reservados y serán auditados por la Contraloría.

6. Más fuerza a la Contraloría para fiscalizar como corresponde los $88 mil millones del presupuesto nacional, regional y los municipios.

7. Todos los contratos públicos deberán ser publicados y auditables por la ciudadanía

La Agencia de Calidad de la Educación, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Cancillería, a través de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, obtuvieron el Premio Anual por Excelencia Institucional (PAEI) 2025, reconocimiento que entrega anual el Gobierno de Chile, a través del Servicio Civil, a los tres organismos públicos que destacaron por su eficiencia institucional, calidad de servicios prestados a la ciudadanía y políticas en gestión de personas.

En una jornada, que contó con un video saludo del Presidente Gabriel Boric y que estuvo cargada de emociones y vítores de las delegaciones presentes en el auditorio del Edificio Moneda Bicentenario, los ocho servicios finalistas -de los 31 que postularon este año- expusieron ante el jurado los argumentos que los hacían merecedores del galardón.

Dicha instancia estuvo integrada por los subsecretarios Nicolás Facuse (Segpres) y Pablo Chacón (Trabajo); Rodrigo Lavanderos, coordinador de Modernización del Estado, en representación de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); Pedro Guerra, director del Servicio Civil y presidente del jurado, y Lorena Pérez, subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personas en su rol de secretaría ejecutiva.

En los 22 años de existencia del PAEI, 27 servicios públicos (algunos en 5 o 6 oportunidades) han sido premiados, beneficiando a 105.197 funcionarios/as a lo largo del país.

Instituciones premiadas

1. Agencia de Calidad de la Educación

Con 410 funcionarios/as, su secretario ejecutivo, Gino Cortés, destacó durante su presentación la implementación de un aplicativo que automatizó la entrega de información a profesores/as durante el proceso de Evaluación Docente, logrando llegar al 98,9% de profesionales supervisados.

En materia de calidad de servicio, relevó el desarrollo del proyecto “Impulsando el aprendizaje: Evaluaciones y Orientaciones claves para el Desarrollo Escolar y Parvulario”, herramienta integral para centros educativos que permite recopilar información relevante sobre el desarrollo y aprendizaje de niños/as, logrando una cobertura aproximada del 80% a nivel nacional.

“La Agencia de Calidad es mucho más que el SIMCE. Nosotros creemos que la evaluación es un instrumento que nos permite medir, pero al mismo tiempo tomar decisiones pedagógicas y no para castigar”, sostuvo, añadiendo que de los 17 instrumentos de evaluación que se aplicaban desde primer básico a cuarto medio hace pocos años, hoy se realizan 136.

1. Consejo de Defensa del Estado

El presidente del CDE, Raúl Letelier, señaló que con una dotación de casi 600 funcionarios/as y 20 mil juicios a cargo, el organismo se constituye como el “estudio jurídico más grande del país”. Entre las iniciativas destacadas en 2024, mencionó la implementación del Proyecto “Trabajo 360°”, que permitió, por un lado, cuantificar de manera precisa, confiable y verificable el trabajo de cada funcionario/a, siendo una pieza clave en la instalación del teletrabajo, y, por otro, posibilitar cambios en los flujos laborales, mejorando la eficiencia y mejora continua de los procesos.

En el ítem Calidad de Servicio, destacó el desarrollo de la iniciativa “HUB legal”, que significó el traslado de las y los abogados a las instalaciones de los servicios requirentes, modificando de esta manera la forma tradicional de trabajo.

Por último, en el criterio Gestión de Personas, Letelier relevó la iniciativa “Capacitación estratégica orientada a problemas”, que transformó el clásico modelo de capacitación basado en la compra de cursos estandarizados ofrecidos por el mercado, por otro que junto a la academia permitió crear capacitaciones pertinentes y muy específicas para el CDE.

1. Subsecretaría de Relaciones Exteriores

Representada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, la institución cuenta con 1.130 funcionarios y funcionarias. “Nuestro territorio no es solo Chile, sino es el mundo”, afirmó.

La jefa de servicio sostuvo que uno de los compromisos fundamentales de Cancillería es la transversalización del enfoque de género, destacando entre las iniciativas exitosas la “Atención consular con perspectiva de género: Un modelo innovador para la protección de mujeres chilenas, en todas sus diversidades, víctimas de violencia de género en el exterior”, que desarrolló un nuevo estándar en la atención consular para ellas y sus familias. En su primer año de funcionamiento, permitió la atención de 124 casos, con un total de 268 personas involucradas.

La subsecretaria también presentó la iniciativa “ Consulado.gob.cl : Ventanilla única digital para servicios e información consular”, en respuesta al problema de la dispersión de información y trámites en Múltiples plataformas digitales, lo que generaba confusión, ineficiencia y una experiencia fragmentada para los/as usuarios/as.

Criterios evaluados para la entrega del Premio

1. Eficiencia y Productividad: Considere la evaluación del avance obtenido en aquellas iniciativas de gestión implementadas por los Servicios para mejorar la productividad de la institución y la eficiencia en el uso de los recursos, teniendo en cuenta la dotación del Servicio y su presupuesto anual.
2. Calidad de servicio: Considere la evaluación del avance en las iniciativas realizadas por las instituciones para mejorar la calidad en la prestación de sus servicios, la incorporación de la ciudadanía en ello, y la satisfacción de los usuarios finales.
3. Gestión de Personas: Considere la evaluación de las iniciativas realizadas por los servicios para fortalecer el desarrollo y el desempeño de las personas, el perfeccionamiento de las políticas de gestión de personas, la implementación de buenas prácticas laborales y participación funcionaria.

Para el dirigente gremial, “el fallo genera alivio de que un crimen tan grave como este no quede en la impunidad, como si ha ocurrido con otros ataques en la zona, donde cuesta encontrar a los culpables y ponerlos tras las rejas.

El dirigente gremial indicó que “en Chile el Estado debe restablecer el imperio de la ley, y eso pasa por atrapar a los criminales y que paguen por sus delitos. En este caso, hay que esperar la pena que se le otorgará al condenado, pero confiamos en que sea la más alta que establece la ley, para que se haga justicia a este servidor público que dio su vida en el cumplimiento de su labor”.

Sergio Pérez agregó que ‘como transportistas y ciudadanos deseamos que la familia del carabinero Nain encuentre algo de paz y llamamos al gobierno a seguir desbaratado a estos grupos criminales”.

· Pérez Debelli habló por primera vez de este tema en Antofagasta, en el marco de una campaña nacional en defensa de la función pública.

La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios Fiscales -Anef- realizó una manifestación en el frontis de los edificios de cada gobierno regional del país, a fin de respaldar la función pública dado los acontecimientos que son investigados por el traspaso irregular de dineros desde algunas reparticiones del Estado a fundaciones.

El presidente nacional de la Anef, José Pérez Debelli , lo hizo desde Antofagasta, capital de una de las regiones cuestionadas, acompañado por el vicepresidente de la gremial, Helmut Griott Bohn, la secretaria general, Nayadet Zúñiga Romo, la secretaria de finanzas, Oriana Urrutia Grez, la presidenta regional del consejo Anef regional, Nora Biaggini Suárez, y unos cincuenta dirigentas y dirigentes de diversas reparticiones públicas locales.

“Estamos acá para reafirmar el compromiso de un Estado probo y presente” afirmó Pérez Debelli desde la sede de la Anef, en momentos de sostener previamente reuniones bilaterales con las dirigencias del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Seremi de Vivienda, Gobierno Regional y Seremi de Desarrollo y Social y Familia, con quienes “nos percatamos que hay agobio, que se sienten postergados y por eso estamos dando un respaldo desde la dimensión humana”.

“Este respaldo responde a su vez a una población adonde no llegamos oportunamente, porque nos falta presupuesto, nos falta dotación, vivimos bajo un Estado subsidiario que nos asfixia y precariza las condiciones laborales por medio de la modalidad de contratos a honorarios, con menos dotación de plantas y la externalización de servicios por ejemplo, a través de fundaciones. Somos menos del diez por ciento de la dotación laboral en Chile y por todo ello queremos recuperar un Estado social, democrático y que sea garante de los derechos de la ciudadanía”, apuntó el líder gremial.

Arista judicial

Respecto de las diversas investigaciones que están llevando a cabo la Contraloría General de la República y la Fiscalía en las regiones del Maule, Arica y Parinacota y Antofagasta, solicitó que las autoridades que pudiesen estar involucradas se hagan responsables.

“Hay un capital humano que está disponible para colaborar, porque no es posible que una autoridad circunstancial que es elegida políticamente venga aquí a ser dueño de un lugar donde pueda beneficiar a un partido, un conglomerado o un club de amigos. Eso es impresentable”.

“Pero tampoco nos perdemos porque si un funcionario está en complicidad habrá que despejar rápidamente si omitió o guardó silencio. Si alguien sale a la palestra entendemos que nuestra obligación es acompañar en ese proceso. Debemos entender que el trabajo público está sujeto a presiones de diversa índole, en la medida que cada funcionario realiza un trabajo en condiciones de subordinación. Una persona con contrato precario está expuesta”.

Fundación jesuita

Pérez Debelli y Biaggini Suárez se reunieron además con la delegada presidencial regional, Karen Behrens Navarrete, y el gobernador Ricardo Díaz Cortés, para defeder la función pública y, entre otros temas, abordar la consulta efectuada por Biaggini como presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional -Afungra- a Contraloría por supuestas irregularidades de la fundación jesuita “En todo amar y servir” al trabajar en dependencias del Gobierno Regional.

“Como funcionaria de carrera y presidenta de Afungra hice una consulta a Contraloría con respecto al accionar de una fundación específica dentro del Servicio. Hoy no podemos decir que no es incorrecto, porque debemos tener en cuenta que desde que se crea la figura del gobernador regional, y que es distinta a la Delegación Presidencial Regional, existen de por medio atribuciones propias del cargo que desconocemos”.

En este tema Pérez Debelli agregó que “Nora como dirigenta de base presentó una observación para se investigue. Es la forma correcta de actuar, porque las dirigencias sindicales tienen fuero y el fuero se pone a disposición para clarificar estas situaciones”.