La Corte de Apelaciones de Antofagasta, en conjunto con la Academia Judicial, invitan a la comunidad a participar en el seminario “Delitos económicos y su regulación en la Ley 21.595”, instancia académica que abordará los principales aspectos de esta normativa y sus implicancias en el ámbito jurídico.

La actividad se realizará el martes 24 de marzo, a las 15 horas, en dependencias del tribunal de alzada, y contará con la participación de destacados especialistas en derecho penal económico.

Entre los expositores estará María Soledad Krause, doctora en Derecho y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra, quien además es profesora de Derecho en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

También participará José Luis Ayala, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Málaga, quien abordará distintos aspectos prácticos relacionados con la aplicación de la legislación en materia de delitos económicos.

El seminario busca generar un espacio de reflexión y análisis sobre la Ley 21.595, normativa que moderniza el marco jurídico en torno a los delitos económicos y establece nuevas responsabilidades y sanciones en esta materia.

La actividad está dirigida tanto a profesionales del área jurídica, estudiantes y público interesado en conocer los alcances de esta legislación, que ha cobrado especial relevancia en los últimos años.

Quienes deseen participar pueden inscribirse enviando un correo electrónico a cgalloso@pjud.cl, o bien realizar su inscripción de manera presencial en dependencias de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, entre las 8.30 y las 13.45 horas de lunes a viernes.

Además, el seminario será transmitido en línea a través de la plataforma Zoom, permitiendo que personas desde distintos lugares puedan seguir la actividad.

El enlace de acceso es:
https://pjud-cl.zoom.us/j/98902081406

Con esta iniciativa, la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la Academia Judicial buscan promover el debate académico y la actualización en materias jurídicas de alta relevancia, acercando el conocimiento legal a la comunidad y fortaleciendo la formación en el ámbito del derecho penal económico.

El tribunal ratificó la sanción de 501 UTM aplicada por la Superintendencia de Educación tras detectarse que no se acreditó el destino de casi mil millones de pesos en subvenciones escolares preferenciales.

Un nuevo revés judicial sufrió la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmara una millonaria multa de 501 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación.

La sanción se originó tras detectarse que la corporación no logró acreditar la disponibilidad total de los saldos correspondientes a subvenciones escolares preferenciales del año 2022, recursos públicos destinados directamente a mejorar la educación de estudiantes vulnerables.

La decisión fue adoptada de forma unánime por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Hernán Cárdenas Sepúlveda, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Fernando Orellana Torres, quienes rechazaron el recurso presentado por la entidad municipal para dejar sin efecto la multa.

Según el fallo, el incumplimiento es particularmente grave porque se trata de recursos públicos que deben ser administrados bajo estrictos estándares de transparencia y control legal.

“El incumplimiento constatado dice relación con la no acreditación de la disponibilidad total de los saldos de subvención escolar preferencial por casi mil millones de pesos, monto que constituye recursos públicos destinados a fines educacionales y cuyo manejo exige un control estricto de legalidad y transparencia”, señala la resolución.

La Superintendencia de Educación calificó la infracción como grave, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°20.529, lo que habilitó la aplicación de sanciones económicas.

Además, el tribunal destacó que la corporación ya había sido sancionada anteriormente por una infracción similar, lo que agravó la situación y justificó el monto de la multa.

“La sanción de multa (…) se encuentra prevista expresamente por el legislador dentro del catálogo de sanciones aplicables a las infracciones graves”, señala el fallo, agregando que la medida no excede los márgenes de discrecionalidad de la autoridad administrativa.

De esta forma, la Corte concluyó que la resolución de la Superintendencia no fue arbitraria ni caprichosa, sino que estuvo debidamente fundada en los antecedentes del caso y en la normativa vigente.

Con esta decisión, el tribunal resolvió rechazar el recurso de reclamación judicial presentado por el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, en representación de la corporación municipal, dejando firme la multa aplicada por el organismo fiscalizador.

El caso vuelve a poner en el centro del debate el manejo de recursos públicos destinados a la educación, especialmente cuando se trata de fondos diseñados para apoyar a estudiantes con mayores necesidades dentro del sistema escolar.

Un nuevo giro sacude el controvertido proyecto Dominga. La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló, de oficio, todo lo obrado en la etapa de cumplimiento incidental dictada por el Primer Tribunal Ambiental, al considerar que el procedimiento aplicado no correspondía a un caso previsto por la ley.

En fallo unánime (causa rol 2-2025), la Segunda Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca— determinó que la resolución emitida en febrero de 2025 por el tribunal ambiental no cumplía con los requisitos legales para ser ejecutada.

El fallo sostiene que, según lo establecido en los artículos 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil, solo son ejecutables las sentencias firmes que declaren un derecho a favor de quien lo invoca, condición que —según el tribunal— no se cumplía en este caso, conforme a lo ya resuelto por la Corte Suprema.

“De lo dicho, deviene categórico que se aplicó el procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley”, señala la resolución, agregando que ello generó un vicio procesal que debía ser corregido mediante las facultades oficiosas del tribunal.

La Corte explicó además que la sentencia invocada como título ejecutivo no estableció ningún derecho concreto a favor de alguna de las partes, ni resolvió la calificación del proyecto Dominga. Por el contrario, indicó que dicha sentencia solo anuló la decisión del Comité de Ministros y ordenó un nuevo pronunciamiento, sin poner término al proceso ni resolver el fondo del asunto.

El tribunal fue enfático al señalar que pretender que una Corte de Apelaciones, en el marco de un recurso sobre cumplimiento, se pronuncie sobre aspectos esenciales del proceso de evaluación ambiental —como límites y competencias de las autoridades— resulta improcedente y contrario a la ley.

Por estas consideraciones, y conforme a los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la Corte resolvió anular íntegramente lo actuado en el procedimiento de cumplimiento incidental en la causa R-95-2023 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, declarando improcedente su aplicación.

Con esta decisión, el caso Dominga suma un nuevo capítulo judicial que vuelve a tensionar el escenario en torno a uno de los proyectos más polémicos de la última década.

La organización ambiental valoró la resolución del tribunal de alzada que confirmó el tercer rechazo del proyecto minero portuario decidido por el Comité de Ministros en enero de 2025.

A través de una declaración pública, Greenpeace informó y valoró el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que confirmó el tercer rechazo del proyecto minero portuario Dominga. Según detalló la organización, el tribunal anuló de oficio lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en un procedimiento de cumplimiento incidental, considerando que su aplicación resultaba improcedente, dejando así firme el rechazo administrativo vigente.

Desde la organización ambiental señalaron que la resolución representa un nuevo revés judicial para la iniciativa impulsada por Andes Iron, en una controversia que se ha extendido por más de una década.

Roxana Núñez, abogada y encargada de Incidencia en Greenpeace, sostuvo que “el fallo de la Corte es claro y lapidario para Dominga, un proyecto nefasto, obsoleto, ilegal y corrupto, que no puede seguir avanzando por medio de presiones judiciales ni saltarse la ley. Valoramos que en esta oportunidad la justicia haya prevalecido y reconociera que sigue vigente su rechazo”.

No obstante, la profesional advirtió que la empresa podría continuar con acciones judiciales. “No nos extrañaría que Andes Iron, la compañía tras Dominga, no cese en sus intentos por torcer la justicia y seguir apelando judicialmente como ha hecho durante la última década”, afirmó.

En la misma línea, Núñez planteó que el contexto político y judicial actual exige respeto irrestricto a las resoluciones de los tribunales. “En el último año hemos sido testigos de la enorme corrupción desplegada sobre nuestro país, que ha manchado la reputación de empresas, la justicia y la política nacional; por eso, es de esperar que las autoridades —tanto salientes como entrantes— reconozcan este fallo, acaten lo señalado por la justicia y no diseñen soluciones a medida para mantener la corrupción, ilegalidad y daño ambiental irreparable que este proyecto conlleva”, indicó.

La abogada agregó que, a juicio de la organización, deben continuar avanzando las investigaciones penales relacionadas con eventuales hechos de corrupción y tráfico de influencias en torno al proyecto.

Finalmente, Greenpeace reiteró que continuará trabajando, junto a la Alianza de Humboldt, para la protección de la zona. “Desde Greenpeace, como parte de la Alianza de Humboldt, vamos a continuar trabajando inclaudicablemente para mantener protegido este lugar de biodiversidad única, junto a las miles de personas que se han opuesto al desarrollo de este proyecto industrial en la zona. Hoy, una vez más, queda demostrado que el trabajo de las comunidades pesa más que los cientos de millones gastados por una empresa en esta fallida estrategia legal”, concluyó Núñez.

La información corresponde a una declaración pública emitida por Greenpeace tras conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

El domingo pasado, una falla eléctrica externa en una planta de Aguas Antofagasta generó problemas en la producción e impulsión del suministro, ocasionando un corte masivo de agua en la ciudad. La falta de agua ha tenido consecuencias significativas, provocando la suspensión de clases en varios colegios, la interrupción de procedimientos en el hospital regional y la declaración de Alerta Amarilla por parte de Senapred.

Héctor Sandoval, en representación de Conapyme, expresó hoy su solidaridad con la comunidad de Antofagasta, reconociendo los desafíos y graves consecuencias que enfrentan las microempresas y comercios locales en este contexto. “Comprendemos las dificultades que este corte masivo de agua ha traído a la región y queremos expresar nuestro apoyo a todas las empresas y ciudadanos afectados”, afirmó Sandoval.

Además, instó a las empresas y autoridades correspondientes a tomar medidas extraordinarias para minimizar el impacto en sus operaciones y a la población a mantener la calma y solidaridad en estos momentos difíciles.

Puntualizó que como presidente de Conapyme “nos mantendremos atentos a la evolución de la situación y expresamos nuestro compromiso de trabajar en conjunto con la comunidad de Antofagasta para superar los desafíos actuales”.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó (el pasado 7 de mayo) el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la Armada de Chile, en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenaron la entrega de información sobre viajes del comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva, durante su período y de todos los vicealmirantes (amparo Roles C4885-18 y C4887-18).

Este es el segundo caso en tramitación en el mencionado tribunal vinculado con solicitudes de acceso a información sobre viajes de los funcionarios de mayor rango de dicha entidad. Entre los antecedentes requeridos se contemplan fechas de los viajes, costos de pasajes y estadías, montos de viáticos y gastos de representación.

La Armada respondió al requerimiento y aludió que éste implicaba que la institución debía elaborar un informe con lo solicitado dado que dichos antecedentes no se encontraran previamente procesados, solicitud que la institución estaba impedida de entregar “toda vez que se trata de información que se enmarca dentro de los planes de empleo y estándares con que operan las FFAA” (sic), los que se encontrarían bajo reserva –acorde a lo establecido en la Ley Nº 20.424 y en el Código de Justicia Militar-.

Asimismo, señaló que las actividades de su alto mando no sólo se relacionarían con cuestiones protocolares, sino “con aspectos propios vinculados a su función, el manejo adecuado de la institución con el objeto de lograr el estándar y empleo de las FFAA, como asimismo, las relaciones militares internacionales”, afirmando que esto hacía que la solicitud transgrediera la normativa relacionada con el Interés y Seguridad Nacional.

Sin embargo, el CPLT sostuvo que la publicidad de la información no revela de modo directo las acciones o funciones estratégicas que pudiere haber desarrollado el alto mando de la institución en cada uno de sus viajes, sino sólo permite conocer períodos en que se realizaron los viajes y costos institucionales asociados con cargo al presupuesto público, razones por las cuales el Consejo desestimó el argumento de afectación de la Seguridad de la Nación y la Defensa Nacional.

Lo anterior fue ratificado por el tribunal de alzada al concluir que no se aprecia que “pueda poner en riesgo la seguridad nacional, o se refiera a planes de empleo, o a los estándares en los que operan las Fuerzas Armadas, ni mucho menos se refieren a la planta o dotación de su personal”. Asimismo, precisa que: “Más bien, se refiere a rubros presupuestarios específicos y acotados, respecto de determinadas personas y sobre situaciones concretas” y agrega que: “resulta plenamente aplicable el principio de publicidad con que deben operar los órganos del Estado y la obligación de entregar información pública” según lo establecido en la Ley de Transparencia (art. 4 y 11 letra c).

En un caso anterior (Rol C1180-18), la decisión del CPLT en contra de la repartición fue remitida a Contraloría por eventual infracción a la Ley del Lobby, al no informarse por los canales oficiales algunos viajes del alto mando que sí fueron difundidos en la página web de la Armada.