El imputado reconoció haber registrado a niñas y adolescentes durante años, incluso en establecimientos educacionales donde trabajaba.

La Fiscalía de Antofagasta logró esta semana la condena de un imputado de 46 años, quien fue sentenciado en procedimiento abreviado a penas de 540 días y 300 días de presidio como autor de los delitos de captación y grabación de registros audiovisuales de partes íntimas, además de actos de significación sexual en presencia de una menor de edad.

De acuerdo con la resolución del tribunal, el condenado deberá cumplir la pena de manera efectiva, ya que no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para acceder a una sanción sustitutiva. En ese contexto, se le abonarán 359 días correspondientes al tiempo que ha permanecido privado de libertad, incluyendo detención, ampliación y prisión preventiva.

Durante el proceso, el imputado admitió que entre los años 2015 y 2025 realizó, en diversas ocasiones, registros audiovisuales sin consentimiento, principalmente a niñas y adolescentes. Estos hechos ocurrieron tanto en la vía pública como al interior de dos establecimientos educacionales de la ciudad donde se desempeñaba laboralmente.

Uno de los episodios clave ocurrió el 10 de abril de 2025, cuando el sujeto fue sorprendido grabando a una menor en la vía pública mediante el uso de una aplicación que permite registrar videos con el teléfono bloqueado. La situación fue advertida por transeúntes, quienes alertaron a familiares de la víctima, lo que permitió su detención.

Asimismo, durante la investigación se encontró en uno de sus dispositivos un registro que evidenciaba actos de significación sexual realizados en presencia de una menor en abril de 2021.

Como parte de las penas accesorias, el tribunal dispuso que el condenado quede bajo vigilancia de la autoridad durante los diez años posteriores al cumplimiento de la pena principal, debiendo informar su domicilio a Carabineros cada tres meses. Además, se le impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos, empleos u oficios en ámbitos educacionales o que impliquen contacto directo y habitual con menores de edad.

Finalmente, se ordenó la incorporación de su perfil genético al registro nacional de condenados, conforme a lo establecido en la Ley 19.970. La defensa cuenta con plazo legal para apelar a la resolución del Juzgado de Garantía.

Banda armada irrumpió en el local, ató de pies y manos al dueño y lo atacó con un cuchillo antes de huir con especies avaluadas en cerca de un millón de pesos. La Fiscalía presentó testimonios y registros audiovisuales que permitieron acreditar el violento actuar de los acusados.

Un violento robo ocurrido en una tienda de licores de Antofagasta terminó con severas condenas dictadas por la justicia. Un adulto fue sentenciado a 6 años de presidio efectivo, mientras que un adolescente deberá cumplir 3 años y 1 día de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, tras ser declarados culpables del delito de robo con violencia.

El hecho se remonta al 20 de febrero del año pasado, cuando ambos acusados, junto a otros sujetos aún no identificados, ingresaron a un local de alcoholes ubicado en calle Poupin, en Antofagasta.

Entraron armados y redujeron al dueño

Durante el juicio oral, la Fiscalía de Antofagasta expuso que los involucrados irrumpieron en el establecimiento portando un arma aparentemente de fuego y cuchillos, con los cuales intimidaron al propietario del negocio.

Los asaltantes ataron de pies y manos al dueño del local, dejándolo completamente indefenso mientras registraban el lugar.

En medio del ataque, los delincuentes sustrajeron licores y otras especies avaluadas en cerca de un millón de pesos.

Antes de huir, uno de los agresores incluso atacó a la víctima con un cuchillo, aunque afortunadamente la acción no le provocó lesiones.

Cámaras y testimonios fueron clave

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios de la víctima, declaraciones de funcionarios policiales y registros audiovisuales, donde se observa el violento actuar de los acusados al interior de la licorería.

Tras analizar todas las pruebas, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta resolvió condenar al adulto a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo por robo con violencia e intimidación.

En tanto, el adolescente fue sentenciado a 3 años y 1 día de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, pena que además considera su participación en otros tres robos cometidos en las semanas posteriores al asalto a la licorería.

Plazo para recurrir

Tras la lectura de la sentencia, los intervinientes del proceso disponen ahora de un plazo legal para presentar recursos en contra del fallo del tribunal.

El tribunal de alzada rechazó todos los recursos de las defensas y dejó firme la histórica condena contra la banda que sembró el terror en el campamento Génesis II.

La justicia volvió a golpear con fuerza. La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó en todas sus partes la sentencia que condenó a 184 años de cárcel a una organización criminal colombiana liderada por Javier Valencia González, alias “Zeus” o “Satanás”, desbaratando los intentos de la defensa por anular el histórico fallo.

Con esta decisión, queda firme la condena dictada en diciembre de 2025 contra los diez integrantes de la estructura delictiva que operaba desde el campamento Génesis II, donde imponían su ley mediante drogas, armas y violencia.

El líder: 77 años tras las rejas

En la cúspide del grupo estaba “Zeus”, de 40 años, quien recibió 77 años de presidio efectivo por delitos que incluyen asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios, lesiones, amenazas e infracciones a la Ley de Control de Armas.

Valencia González no era un desconocido. De origen colombiano, llegó a Chile huyendo de la justicia de su país, donde enfrenta una condena de 33 años de cárcel y mantiene vigente un pedido de extradición.

La Corte descartó todos los argumentos de las defensas, concluyendo que la sentencia estaba sólidamente fundamentada y que no existieron vulneraciones al debido proceso ni errores de derecho.

Organización jerarquizada y control violento

Durante el juicio oral se acreditó que no se trataba de delitos aislados, sino de una organización criminal estructurada, con liderazgo definido y funciones distribuidas entre sus miembros.

El grupo mantenía puntos de venta de droga permanentes y contaba con abastecedores, dosificadores, vendedores, custodios armados y encargados de recaudación. Además, ejercían un férreo control territorial al interior del campamento Génesis II, utilizando armas de fuego, amenazas y hechos de extrema violencia para intimidar a vecinos, desplazar familias y asegurar el dominio de sus operaciones ilícitas.

Espaldarazo a la Fiscalía

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el fallo constituye “un espaldarazo a la labor de la Fiscalía y las policías en el combate del crimen organizado en nuestra región”.

El persecutor subrayó que la Corte confirmó la existencia del delito de asociación criminal, validando que existía un proyecto delictivo común, sostenido en el tiempo y con subordinación funcional entre sus integrantes.

La investigación fue liderada por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta, junto a unidades especializadas de la PDI, logrando primero la detención de “Zeus” en mayo de 2024 y, semanas después, la captura del resto de la banda en un masivo operativo en el campamento.

Con la sentencia ya firme, el caso se convierte en uno de los golpes más duros al crimen organizado en la región, dejando a “Zeus” y su estructura tras las rejas por décadas.

La propia institución denunció el hecho al Ministerio Público y el funcionario fue detenido por la PDI por infracción a la Ley 20.000.

Un funcionario de Gendarmería de Chile fue detenido tras ser sorprendido portando sustancias ilícitas al interior del Centro de Detención Preventiva de Calama, en la Región de Antofagasta.

El hecho ocurrió el sábado 21 de febrero, cuando personal del recinto aplicó los protocolos de seguridad para prevenir el ingreso de elementos prohibidos al penal. En ese contexto se detectó que el funcionario mantenía entre sus pertenencias sustancias ilícitas.

La situación fue denunciada de inmediato por la propia institución al Ministerio Público, que instruyó las primeras diligencias a la Oficina Regional de Investigación Criminal de Gendarmería. Durante la tarde, el funcionario fue detenido por la Policía de Investigaciones por infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El gendarme quedó a disposición de la justicia y pasará a control de detención durante esta jornada.

Desde Gendarmería señalaron que estas acciones responden a su “compromiso irrestricto con la probidad”, destacando que mantienen una postura firme para identificar cualquier conducta irregular, denunciarla a las autoridades competentes y separar de sus filas a quienes se aparten de la doctrina institucional.

Asimismo, enfatizaron que refuerzan su responsabilidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, asegurando que sus integrantes actúen conforme a la ley y a los principios éticos que rigen su labor.

Con una alta convocatoria y resultados concretos, el Proyecto Virus Papiloma Humano (VPH) de la Universidad de Antofagasta (UA) desarrolló un operativo especial de salud en el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, logrando a través del moderno dispositivo de auto toma Evalyn Brush, la obtención efectiva de 84 muestras de VPH a mujeres privadas de libertad, de un total de 107 usuarias convocadas.

La iniciativa se enmarca en el trabajo permanente del Proyecto VPH de la UA y se realizó de manera colaborativa con el Centro de Políticas Públicas en Innovación en Salud (CIPS) de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, permitiendo fortalecer el acceso a exámenes preventivos en contextos de alta vulnerabilidad social.

En el operativo participaron académicos del Departamento de Obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta, entre ellos Michel Pizarro Vicuña, Verónica Callejas Espinoza y Valeria Escobar Méndez, junto a las estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Obstetricia y Puericultura, Valentina Pizarro Sales y Javiera Quilaleo Araya, reforzando además el rol formativo y social de la casa de estudios.

Las más de 80 muestras obtenidas formarán parte de un proyecto de investigación a nivel nacional, dirigido por la Dra. Paula Daza Narbona, ex subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud, lo que permitirá ampliar el análisis y la generación de evidencia científica en torno a la detección precoz del cáncer cervicouterino.

Enfoque de equidad y acceso a la salud

La jefa de carrera de Obstetricia y Puericultura de la UA, Valeria Escobar Méndez, destacó la relevancia del operativo, subrayando que el acceso a la salud preventiva debe garantizarse sin distinción.

“Es fundamental brindarles a todas las mujeres la oportunidad de realizarse el examen de VPH, indistintamente del lugar en el que se encuentren. La prevención del cáncer cervicouterino no puede depender de condiciones sociales, territoriales o judiciales”, señaló la académica.

Asimismo, Valeria Escobar enfatizó el compromiso institucional de la Universidad de Antofagasta en la formación de profesionales con sentido social.

“Nuestra responsabilidad como universidad formadora de profesionales de la salud es entregar atención de calidad, con un enfoque humano, respetuoso y basado en la equidad, especialmente en contextos donde el acceso a la salud suele estar más limitado”, agregó la jefa de carrera de Obstetricia de la UA.

Formación con sentido social

Desde la mirada estudiantil, la experiencia fue altamente significativa. Javiera Quilaleo, estudiante de cuarto año de Obstetricia y Puericultura, valoró el impacto formativo del operativo.

“Participar en el operativo de VPH en la cárcel de mujeres de Antofagasta fue una experiencia muy significativa para mi proceso como estudiante. Me permitió conocer de cerca la realidad de mujeres en situación de privación de libertad y comprender la importancia de garantizar el acceso a la salud reproductiva desde un enfoque humano, respetuoso y sin prejuicios”, comentó.

La estudiante agregó que la instancia fortaleció tanto sus conocimientos clínicos como sus habilidades comunicacionales, reafirmando el rol social de la obstetricia en la promoción, prevención y educación en salud, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Este operativo reafirma el compromiso de la Universidad de Antofagasta con la salud pública regional, la investigación aplicada y la equidad en el acceso a prestaciones preventivas, avanzando hacia estrategias inclusivas que permitan reducir brechas en la detección temprana del cáncer cervicouterino.

SernamEG reitera llamado a emplear medios de orientación como el fono 1455 y el whatsapp +569 9700 7000.

Rodrigo Orellana Quintana, de 37 años, fue condenado a más de trece años de cárcel por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, por una serie de ilícitos cometidos en San Pedro de Atacama en contra de su ex conviviente, JMN, de 36 años, entre ellos un femicidio frustrado delito por el que SernamEG intervino con la presentación de una querella.

Según se desprende del libelo condenatorio fueron considerados elementos relacionados con la violencia de género por el “disvalor que se advierte de la diferencia de fuerzas”. En otro acápite el documento señala que la ejecución delictiva buscó “aumentar no solo el malestar físico, sino que además el daño moral de su ex pareja, por lo que se entiende concurrir la agravante en cuestión respecto de aquellos hechos indicados propios del delito de femicidio”.

“En este caso no sólo se llegó a ejercer la violencia física llevada a su extremo el 25 de abril de 2023, sino que antes de este hecho hubo agresiones ejercidas de forma sistemática, quebrantando el condenado inclusive dos medidas precautorias de órdenes de alejamiento. Llegar a este resultado nos motiva a seguir con nuestra labor de prevenir y perseguir penalmente todo tipo de agresión que pueda vivir una mujer en razón de su género”, afirmó la directora regional del SernamEG, Gabriela Araya Seguel.

Orellana deberá cumplir trece años de presidio mayor en su grado medio tras acreditarse la comisión de un femicidio frustrado, más 122 días de reclusión menor en su grado mínimo por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y otros 540 días de reclusión menor en su grado medio por un desacato. Para el cálculo total de la condena se restan 849 días de prisión preventiva ya cumplidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Calama.

Junto a los años de cárcel, fueron esgrimidas medidas accesorias que deberá acatar Orellana una vez que recupere su libertad como son la prohibición de acercarse a la víctima y la limitante de portar armas de fuego durante dos años.

Un proyecto de ley que busca sancionar hasta con penas de cárcel a conductores que, por negligencia o dolo, atropellen y den muerte a animales, fue presentado el pasado 15 de julio en la Cámara de Diputadas y Diputados por la parlamentaria Yovana Ahumada, del Partido Social Cristiano.

La propuesta apunta a una falencia del actual marco normativo, que —según la diputada— no contempla sanciones específicas ni agravantes en estos casos. “No existe una tipificación específica ni una sanción agravada para los casos en que la conducción negligente, descuidada o inclusive dolosa, provoque el atropello con resultado de muerte de un animal”, argumenta Ahumada en el escrito.

La iniciativa subraya que esta omisión representa “una seria deficiencia normativa frente a hechos cada vez más frecuentes que causan daño irreparable a la vida animal, así como un profundo sufrimiento a sus familias humanas y a las comunidades que conviven con estos seres vivos sintientes”.

El proyecto también evidencia que, mientras la actual Ley del Tránsito sí contempla sanciones cuando la conducción causa daños a personas, “se omite toda referencia al daño causado a animales”. Ante ello, se propone que el Estado envíe un mensaje claro sobre la responsabilidad ética al conducir: “Permitiría enviar un mensaje claro a la ciudadanía. Conducir implica una responsabilidad ética que abarca no solo a los seres humanos, sino también a los animales que comparten nuestro entorno”.

Respecto a las sanciones, la moción establece que se aplicaría “la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, multa de once a quince unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años” a quien, producto de una conducción negligente, descuidada o dolosa, cause la muerte de un animal.

De aprobarse, el proyecto significaría un importante avance en materia de protección animal y reforzaría el llamado a una conducción más empática y responsable.

Personal especializado de Gendarmería realizó procedimiento de registro y allanamiento en cinco módulos del recinto penal.

Un total de 70 funcionarias y funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios (USEP) de la Región de Antofagasta, junto con personal del establecimiento penal, efectuaron el operativo, interviniendo a 532 internos del Centro de Detención Preventiva de Calama.

El procedimiento arrojó el hallazgo de 9 teléfonos celulares, 20 litros de licor artesanal y 10 armas blancas, elementos que pueden vulnerar la seguridad de los establecimientos penales y del personal penitenciario, así como la propia integridad de las personas privadas de libertad.

El director (s) de Gendarmería Antofagasta, coronel Alex Meza Domínguez, señaló que “efectuamos un procedimiento de registro y allanamiento en la unidad de Calama, debido a los últimos hechos de violencia que han ocurrido en este establecimiento. Esto contó con la participación de las diferentes Unidades Especiales provenientes de las ciudades de Antofagasta y Calama, lo cual nos permitió detectar una serie de elementos prohibidos, disminuyendo la ocurrencia de nuevos eventos críticos que puedan alterar el régimen interno en este establecimiento”.

En tanto que la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera destacó que “a primera hora de este jueves, el director regional (s) de Gendarmería de Chile encabezó un operativo extraordinario en el recinto penitenciario de Calama, que contó con un amplio despliegue de funcionarios para continuar fortaleciendo la seguridad y prevenir eventos críticos”. Asimismo, destacó que “es importante puntualizar que no podemos minimizar lo que representa para la gestión penitenciaria el aumento de población penal, por ello, estamos trabajando para brindar una solución de fondo con el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, y junto a Gendarmería de Chile se realizan permanentemente acciones para mantener el control de esta unidad”.

Entre las dependencias allanadas se encuentran sectores de especial interés, identificados tras el análisis y procesamiento de información estratégica por parte de Gendarmería, que permitieron focalizar la búsqueda de elementos con un mayor impacto en seguridad.

Tanto Carabineros, la PDI y los órganos de justicia están facultados para recibir denuncias de este tipo.

La directora regional del SernamEG, Gabriela Araya Seguel, valoró la sentencia a cinco años de un día, dictaminada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, en contra de Fabián Torres Torres, de 27 años, quien fuera hallado culpable por el delito de femicidio tentado el 1 de octubre pasado.

La titular del SernamEG hizo estas afirmaciones, toda vez que las leyes actuales permiten condenar con años de cárcel cuando la violencia cometida en contra de las mujeres no tiene resultado de muerte. La ley 21.212, que modificó en 2020 el Código Penal, marca un avance sustantivo en ese sentido al reconocer y condenar distintos tipos de femicidio, incluido el tentado.

“Estamos muy contentas como Servicio de lograr esta condena efectiva. Afortunadamente tenemos una legislación que permite perseguir los delitos de las distintas formas de la violencia de género y los femicidios en cualquiera de sus grados, sean éstos tentados o frustrados, y no esperar a que sean consumados para que los agresores tengan una condena efectiva, lleguen a prisión y así estos hechos no queden en la impunidad”, afirmó Araya Seguel.

Durante el juicio SernamEG actuó como querellante en representación de la mujer afectada, quien además fue atendida por el programa Atención Sicosocial y Representación Legal para Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia de Género Grave y Vital –CAVG- este Servicio.

Junto con los años de cárcel, Fabián estará impedido de ocupar cargos públicos a perpetuidad. Además, cuando recupere su libertad, tendrá prohibido acercarse a la mujer que vivió violencia por un periodo de dos años.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron en Antofagasta en 2022, cuando el sujeto, quien no tiene hijas ni hijos en común con su ex conviviente, la golpeó físicamente hasta dejarla inconsciente en el inmueble que compartían con otros familiares. Fue la denuncia interpuesta por la madre del condenado lo que permitió la acción oportuna de Carabineros.

El nuevo director regional de Gendarmería de Antofagasta, teniente coronel Rodrigo Salinas Robles, llegó desde la ciudad de Santiago, donde se desempeñaba como jefe operativo del Centro de Detención Preventiva Santiago I.

La máxima autoridad penitenciaria en la región, Rodrigo Salinas Robles explicó que asume esta tarea y “tengo el desafío de direccionar el trabajo de Gendarmería en Antofagasta con el compromiso que nuestra institución requiere, realizando un trabajo coordinado con las autoridades locales, para continuar avanzando en mejoras sustanciales para nuestros gendarmes, y los usuarios y usuarias que tenemos en las diferentes unidades de la zona”.

En tanto que la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, señaló que “queremos desearle el mejor de los éxitos en su gestión al nuevo director que asumió. Nos va a permitir afrontar los desafíos de este 2024, en pro de la seguridad y de las actividades de reinserción que practica Gendarmería como importante servicio en nuestra región”.

En la zona, Salinas tendrá la tarea de liderar el trabajo de Gendarmería, en materia de seguridad, con énfasis en el control del crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios, y en lo que respecta a la reinserción de las personas privadas de libertad.