Más de 5 mil internos fueron intervenidos en un gigantesco operativo nacional encabezado por Gendarmería, que dejó incautaciones de elementos prohibidos y cinco denuncias ante el Ministerio Público.

Un amplio operativo de registro y allanamiento simultáneo se realizó esta semana en cárceles de todo Chile, en una intervención coordinada por Gendarmería que movilizó a una importante fuerza operativa desde Arica hasta Punta Arenas.

El procedimiento se desarrolló el jueves 14 de mayo y correspondió al noveno allanamiento masivo efectuado durante este 2026, alcanzando un total de 38 unidades penales intervenidas a nivel nacional.

Según informó Gendarmería de Chile, el despliegue fue liderado por el Departamento de Seguridad Penitenciaria y abarcó una población penal de 5.912 internos, en medio de una estrategia enfocada en reforzar el control dentro de los recintos carcelarios.

Durante los procedimientos se logró la incautación de diversos elementos prohibidos al interior de las cárceles, aunque la institución no detalló públicamente el tipo de objetos decomisados. Paralelamente, cinco internos fueron denunciados ante el Ministerio Público por infracción a la Ley 21.594.

Desde la institución penitenciaria señalaron que este tipo de operativos forman parte de acciones “coordinadas y sistemáticas” que buscan fortalecer la seguridad pública y mantener el control dentro de las unidades penales del país.

El operativo se enmarca en el endurecimiento de las medidas de fiscalización y seguridad impulsadas por Gendarmería durante el último tiempo, especialmente ante el aumento de delitos asociados al crimen organizado y el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles chilenas.

Más de 500 internos fueron intervenidos en operativos simultáneos que evidenciaron la peligrosa realidad al interior de los penales de la región.

Un amplio despliegue de Gendarmería encendió las alarmas en la Región de Antofagasta tras una serie de allanamientos simultáneos en las cárceles de Antofagasta, Calama, Tocopilla y Taltal, donde se logró sacar de circulación armas cortopunzantes, celulares y sustancias ilícitas que permanecían ocultas entre la población penal.

Los operativos, enmarcados en el Plan de Acción Institucional contra la Violencia Carcelaria 2026, intervinieron a un total de 511 internos, dejando en evidencia los riesgos latentes dentro de los recintos penitenciarios. En el procedimiento participaron 72 funcionarios especializados, incluyendo unidades tácticas, equipos caninos y grupos de reacción.

El resultado fue inquietante: 18 armas blancas de fabricación artesanal, 4 teléfonos celulares —clave en la coordinación de delitos desde el interior—, envoltorios con sustancias ilícitas y recipientes con fermento artesanal, todos elementos que representan una amenaza directa para la seguridad interna.

El director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Salinas Robles, fue enfático al señalar que estos operativos buscan frenar focos de violencia y crimen organizado dentro de los penales. “Estamos retirando elementos prohibidos que pueden generar graves problemas de seguridad. Nuestro compromiso es mantener el orden y proteger tanto a la población penal como a nuestros funcionarios”, afirmó.

Desde la institución destacan que el fortalecimiento de las unidades de investigación y la especialización del personal han sido clave para detectar y desarticular estas redes al interior de las cárceles, donde el control sigue siendo un desafío constante.

Estos procedimientos dejan en evidencia una preocupante realidad: pese a los controles, los recintos penitenciarios continúan siendo escenarios donde circulan elementos peligrosos, obligando a redoblar los esfuerzos para evitar que el crimen siga operando tras las rejas.

La Bridec Metropolitana, con colaboración de Bridec Antofagasta, desbarató una asociación delictiva que estafaba bajo la modalidad “cuento del tío” con falsos ejecutivos bancarios, simulando operativos junto a la PDI y la Comisión para el Mercado Financiero. Hubo 21 allanamientos en el país, siete detenidos y decomisos por más de $100 millones en efectivo, además de vehículos y artículos de lujo.

Entre las víctimas figura la actriz Amparo Noguera, con un perjuicio que ascendería a $700 millones.

Un operativo de gran escala, liderado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI y ejecutado en coordinación con la Fiscalía Local de Ñuñoa–Providencia, permitió desarticular una organización dedicada a estafas de alto impacto económico que, según los antecedentes del caso, operaba incluso desde el interior de un centro penitenciario. El procedimiento contempló además la colaboración de unidades regionales, entre ellas Bridec Antofagasta, debido a que en esta región se incautaron especies vinculadas a la investigación.

La vocería del caso estuvo a cargo del subprefecto David Castro, jefe de Bridec Metropolitana; la fiscal Alejandra Godoy, de Ñuñoa–Providencia; y el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez, quienes entregaron antecedentes sobre el trabajo investigativo que desembocó en siete detenciones de ciudadanos chilenos, sindicados como miembros de una asociación delictiva.

El subprefecto Castro señaló que “se logró establecer una agrupación delictual que se dedica al delito de estafas en la modalidad cuento del tío, falsos ejecutivos bancarios”, explicando que el modo de operar consistía en contactar a las víctimas para convencerlas de que terceros intentaban acceder a sus cuentas. En esa puesta en escena, dijo, los delincuentes afirmaban que el supuesto ejecutivo bancario estaba monitoreando la situación “junto a personal de la PDI y a personal de la Comisión para el Mercado Financiero”.

De acuerdo con la explicación policial, el engaño incluía instrucciones concretas a las víctimas: “Le solicitaban que para evitar el fraude, retiraran su dinero de los bancos y que este mismo tenía que ser entregado a personal de la PDI que concurriría a los domicilios a buscarlo”. Así, “las víctimas entregaban el dinero además de sus productos bancarios y otra especie de valor que mantenían”, agregó Castro.

El relato de la PDI sostiene que parte de la banda usaba los productos bancarios obtenidos para seguir lucrando: “Parte de la banda utilizaba las tarjetas de crédito o débito… para efectuar compras ya sea físicas o por internet y también giros de dinero”. En paralelo, el dinero en efectivo también era destinado a adquirir bienes: “lo utilizaban también para comprar diferentes bienes tales como vehículos o incluso propiedades”, los que quedaban registrados a nombre de terceros. “Estos bienes quedaban a nombre de terceras personas conocidas como testaferros para que ellos no figuraran con ningún bien propio”, afirmó.

Un mapa de allanamientos y una arista regional

La magnitud del caso quedó reflejada en las diligencias realizadas: se concretaron 21 Órdenes de Entrada y Registro en San Bernardo, La Florida, La Pintana, Cerrillos y Renca, además de procedimientos en La Serena, Iquique, Antofagasta y Valdivia, y una entrada y registro voluntario en Puente Alto.

La colaboración de Bridec Antofagasta se explica por la ejecución de diligencias en la región y por la incautación de especies asociadas al patrimonio de la organización. El operativo, según se informó, culminó con la incautación de $103 millones de pesos chilenos, 18 mil dólares, 2.120 pesos argentinos, cinco vehículos, teléfonos celulares, computadores portátiles y un alto volumen de artículos de lujo: ropa, zapatillas, lentes, carteras y relojes, “todo de marca”.

Castro detalló que el día de la operación se logró “la detención de siete integrantes de esta organización, cuatro hombres y tres mujeres, cuatro en la ciudad de Santiago, dos en la ciudad de La Serena y uno en la ciudad de Iquique”. En cuanto a lo incautado, afirmó: “se logró la incautación de más de 18 mil dólares, más de 100 millones de pesos en efectivo, cinco vehículos y teléfonos celulares y además diferentes especies como joyas, carteras, ropa, todo de marca, esto último avaluado en 60 millones aproximadamente”.

La clave: teléfonos operando desde la cárcel

Uno de los elementos que más inquietud genera en este caso es la presunta operación desde recintos penales. La fiscal Alejandra Godoy explicó que la investigación se inició con la denuncia de una primera víctima: “es una investigación que se inicia a mediados del mes de octubre del año pasado con la denuncia de la primera víctima… alrededor de 500 millones de pesos”.

La fiscal relató que, en ese punto, la investigación partió con un número reducido de pistas: “sólo teníamos dos números telefónicos que empezamos a seguir… pedimos inmediatamente las autorizaciones al tribunal… y nos percatamos de que estos teléfonos estaban operando desde el interior de la cárcel”. A partir de ese hallazgo, agregó, se fueron detectando nuevos hechos: “nos dimos cuenta de que se había producido un segundo hecho, luego un tercer hecho, luego un cuarto hecho”.

Según Godoy, el perfil de víctimas y la reiteración de eventos llevaron a una conclusión mayor: “ya no esto no era la típica estafa común… nos damos cuenta de que más bien se trata de una red criminal que está operando no sólo desde el interior del penal, sino que tiene brazos operativos fuera del penal, y que están absolutamente interconectados, cada uno con roles definidos”.

En ese contexto, la fiscal sostuvo que el monto total del fraude se acercaría al umbral de los mil millones: “ya el monto del fraude en general está cercano a los mil millones de pesos, un poco más de los 900 millones de pesos”. En este caso se debe incluir una referencia específica: una de las víctimas fue la conocida actriz Amparo Noguera, con un perjuicio que ascendería a $700 millones.

Godoy añadió que, en paralelo, se solicitaron medidas patrimoniales: “logramos también que el tribunal nos autorizara el congelamiento de ocho cuentas bancarias” y “medidas cautelares… sobre tres bienes inmuebles”, con el objetivo de impedir que los imputados se desprendieran de activos, los que —según la fiscal— estaban a nombre de “palos blancos o testaferros”.

“Secuestro psicológico” y control sobre las víctimas

En una de las preguntas de prensa, la fiscal detalló cómo las víctimas se daban cuenta del engaño, describiendo una dinámica de presión y control sostenido: “una de las víctimas se dio cuenta al octavo día… otra al tercer día”, y añadió que en otros casos “las tenían… como de casi secuestro psicológico… las tenían nueve horas al teléfono”.

Godoy explicó que, además, “les entregaban un segundo teléfono para que sus familiares no sospecharan” y que la estafa podía extenderse por horas o días: “tengo relatos de víctimas que estaban cuatro horas, cinco horas, nueve horas conectadas al teléfono con los delincuentes”.

En uno de los episodios descritos, relató que, tras vaciar a la víctima, los delincuentes incluso montaron un “cierre” del engaño: “le envían… un vídeo temporal… de la supuesta detención de la banda y le dicen, vaya usted a tal cuartel policial… y recién en ese minuto la víctima se da cuenta que había sido víctima de una estafa”.

Roles definidos y ostentación: el ramo de billetes

Sobre la organización interna, Castro precisó que “las personas que están recluidas son las que realizan los contactos”, mientras fuera del penal operaban facilitadores y recolectores: “otras personas son las que concurren a los lugares a retirar el dinero… y otras son las que reciben los dineros y después los utilizan para comprar bienes… a nombre de un tercero… el testaferro”.

En materia de incautaciones, se consultó por un hallazgo particular: un ramo de rosas compuesto por billetes. Castro respondió: “se encontró este ramo de flores extraño, que en el fondo lo que demuestra es que quieren ostentar… alguna señal… para señalar que tienen dinero”.

Recomendaciones: cortar, verificar, no entregar claves

En un punto crucial, la vocería incluyó recomendaciones directas a la comunidad. Castro sostuvo que este tipo de estafa existe hace años, pero que en este caso “lo que llama la atención es la cantidad de perjuicio que existe”. Luego enfatizó: “cuando… empiezan a solicitar claves, porque eso jamás lo va a hacer un ejecutivo… la idea es cortar la llamada y de inmediato contactarse con el ejecutivo de uno”.

La recomendación, recalcó, es “cortar la llamada y tomar contacto con su banco para verificar si efectivamente se está haciendo una llamada desde ese banco”.

Finalmente, el seremi Alejandro Jiménez valoró el trabajo institucional: “es importante destacar el trabajo técnico y eficiente de la PDI en conjunto con la Fiscalía”, subrayando que el caso evidencia que “las bandas delictuales… también trabajan desde la cárcel”. En esa línea, aseguró que “sacaron de circulación una banda peligrosa… el daño patrimonial… ha sido inmenso”.

Se intervinieron todos los recintos con allanamientos programados y extraordinarios con la participación de más de 400 funcionarios de la región, para reforzar la seguridad de las Unidades Penales.

Con el objetivo de mantener el orden en los diferentes recintos penales del sistema cerrado de la Región de Antofagasta y reforzar la seguridad al interior de los mismos, es por ello, que Gendarmería de Chile incrementó los allanamientos en época de celebraciones, donde este año se suma además, un plan de control focalizado en las visitas y toda aquella persona que deba ingresar al interior a fin de evitar situaciones de riesgo.

En total se intervinieron a cerca de 3 mil internos de las diferentes unidades penales; Centro de Detenciones Preventivas de Calama, Taltal y Tocopilla, además, del Centro Penitenciario Femenino y el Centro Penitenciario de Antofagasta, desde donde se retiraron en total 53 celulares, 3 módem, 119 armas cortopunzantes de fabricación artesanal, más de 300 envoltorios con sustancias prohibidas y más de 50 litros de fermento artesanal.

Al respecto el director de Gendarmería en Antofagasta, coronel Rodrigo Salinas Robles indicó que “este tipo de procedimientos se intensifican en estas fechas con la finalidad de evitar complicaciones entre los internos y dar seguridad a quienes se encuentran en cumplimiento de condena, pero también resguardar la seguridad a nuestros funcionarios y funcionarias que laboran estos recintos. Al hacer retiro de los elementos y sustancias prohibidas estamos evitando que se generen situaciones de riesgo. Este año en particular estamos reforzando también los controles en el sistema de visitas y toda aquella persona que deba ingresar al interior”.

Al respecto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera destacó que “estos operativos y allanamientos de fin de año son el resultado de un trabajo permanente y sostenido que ejecuta la institución para mantener el control de los recintos penitenciarios de la Región de Antofagasta. Para nuestro Gobierno, la seguridad penitenciaria ha sido una prioridad desde que asumimos en 2022, ya que Gendarmería de Chile realiza un trabajo clave para nuestro sistema de justicia, por lo que estos operativos dan cuenta de la coordinación para fortalecer la seguridad penitenciaria. Señalar además que durante el 2025, se han realizado en las unidades penales de la región, 571 operativos ordinarios y 476 extraordinarios”

Durante los allanamientos, además del personal de cada unidad se reforzó con el apoyo de funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, el Equipo de Canes Adiestrados, el Grupo de Apoyo y Reacción Primaria de la región.

En el marco del décimo tercer allanamiento nacional 121 funcionarios de Gendarmería en la región realizaron las revisiones en los recintos penitenciarios de Taltal, Tocopilla, Calama, el Centro  de Cumplimiento Penitenciario Concesionado y el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, donde se requisaron diversos elementos y sustancias prohibidas realizado en estrictas condiciones de seguridad para resguardar a quienes se encuentran en cumplimiento de condenas así como funcionarios y funcionarias de la institución.

En total se incautaron 12 teléfonos celulares en los recintos de Tocopilla, Taltal, Calama y el  Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta. En este último y también en el Centro Penitenciario Femenino se encontraron envoltorios con sustancias ilícitas, en total 202 unidades entre pasta base de cocaína y marihuana. En los penales de Tocopilla y Calama se incautaron en total 24 elementos corto punzantes.

El Director de Gendarmería Antofagasta, coronel Rodrigo Salinas Robles, indicó que “nosotros como Gendarmería estamos de forma permanente realizando revisiones aleatorias en todos los recintos. El de ahora corresponde a un operativo de carácter masivo que se hace a nivel nacional y que busca justamente evitar, que la tenencia de estas sustancias y elementos prohibidos, estén al interior de los penales y generen inseguridad en los recintos. A pesar de que hay varias medidas de control para que esto no llegue a quienes están privados de libertad de igual forma hay quienes vulneran los controles, pero estamos siempre buscando nuevas formas para evitarlo y los allanamientos aportan a que detectemos quienes están cometiendo estas irregularidades”.

En tanto que la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera agregó que “con estos operativos lo que se busca es que las personas que están al interior de los recintos cumpliendo una condena, no persistan en conductas que son sancionadas y además resguardar la integridad de quienes encuentran bajo la custodia del Estado, pues justamente el consumo de sustancias ilícitas o mantener en su poder elementos prohibidos implica un riesgo respecto al cumplimiento de los fines de la institución, que corresponden a reinserción social y seguridad pública. Con Gendarmería estamos realizando un trabajo permanente con el propósito de cumplir nuestra labor”.

Estos operativos se enmarcan en el Plan de Seguridad Penitenciaria Contra el Crimen Organizado, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2022 y que Gendarmería de Chile aplica en las unidades penales de todo el país.

Es el noveno operativo a nivel nacional en lo que va del año, con lo que se busca prevenir la ocurrencia de emergencias y delitos al interior de los recintos.

Más de 120 funcionarios de Gendarmería participaron en Antofagasta del noveno operativo nacional de allanamientos en los recintos penitenciarios, que en la región de comprendió los penales de Calama, Tocopilla, Taltal, el Centro Concesionado y el Centro Penitenciario Femenino de la capital regional, todo bajo estrictas condiciones de seguridad para resguardar la integridad de quienes se encuentran privados de libertad, como de quienes realizan las revisiones.

En total se incautaron 19 elementos corto punzantes, encontrados en Calama, Tocopilla y el recinto de varones de Antofagasta, 3 teléfonos celulares y una llave de esposa que se encontró en poder de una mujer condenada a 541 días de presidio y que cumple condena hasta abril del 2025. Además se encontraron sustancias ilícitas en baja cantidad y también líquidos fermentados que están prohibidos en los recintos.

El teniente coronel Alex Meza Domínguez, Jefe Operativo Regional señaló que “los allanamientos masivos se están realizando hace bastante tiempo a nivel nacional, La finalidad es la de encontrar elementos prohibidos disminuyendo la posibilidad que los internos se agredan entre si y también que sigan cometiendo delitos al interior de los establecimientos penales. La verdad es que ha tenido bastantes resultados positivos, hemos encontrado gran cantidad de elementos prohibidos y con esto hemos evitado que se produzcan riñas o agresiones graves que terminen con lesionados o lamentablemente con la muerte de algún interno. Por otro lado efectivamente hemos encontrado gran cantidad de celulares que permiten la comisión de delitos desde el interior hacia el exterior”.

Dichos allanamientos se enmarcan en el Plan de Seguridad Penitenciaria Contra el Crimen Organizado, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde junio del año 2022 y que Gendarmería de Chile aplicó en esta oportunidad en diversas unidades penales de las 16 regiones del país.