Millonario contrabando de cigarrillos: tres detenidos y más de 1,2 millones de cajetillas incautadas en Antofagasta

Dos ciudadanos bolivianos y un chileno quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por la Fiscalía Regional de Antofagasta. El cargamento ilegal, oculto en dos camiones de alto tonelaje, estaba avaluado en cerca de $2.900 millones.

Un operativo policial en la ruta internacional que conecta Chile con Bolivia permitió descubrir un gigantesco cargamento de cigarrillos de contrabando oculto en dos camiones de alto tonelaje. El procedimiento terminó con tres detenidos —dos ciudadanos bolivianos y un chileno—, quienes quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

La operación permitió incautar 2.529 pacas de cigarrillos, equivalentes a 1.200.000 cajetillas, cuyo valor en el mercado ilegal fue estimado en 2.900 millones de pesos.

El procedimiento se originó cuando Carabineros de San Pedro de Atacama, que realizaban controles preventivos en la ruta internacional 27 CH, fiscalizaron una camioneta sospechosa. Durante la revisión, los funcionarios constataron que el conductor no portaba licencia de conducir y mantenía en su poder radiotransmisores y una antena satelital Starlink, elementos utilizados para mantener comunicación en zonas aisladas.

Al ampliar el control, los policías detectaron que dos camiones de alto tonelaje circulaban detrás del vehículo, por lo que procedieron a su fiscalización. En el interior de ambos se descubrió el millonario cargamento ilegal, además de equipos de comunicación similares a los hallados en la camioneta.

Los cigarrillos transportados no contaban con documentación aduanera que acreditara su ingreso legal al país, ni tampoco con resolución sanitaria que autorizara su comercialización, por lo que se trata de mercancía prohibida.

Contrabando millonario en la región

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que el contrabando de cigarrillos se ha transformado en una actividad ilícita de gran magnitud en la región.

“Sabemos que el crimen organizado se alimenta de distintas vertientes y una de las más importantes es precisamente el contrabando. Es preciso mencionar que esta incautación pudo reportar a sus responsables ganancias por unos 2.900 millones de pesos y la semana pasada tuvimos otra de 1.600 millones de pesos, es decir, en dos semanas hemos logrado incautaciones por 4.500 millones de pesos. Estamos hablando de cifras enormes”, sostuvo.

El persecutor también advirtió sobre la logística utilizada por estas organizaciones, que incluye camiones de alto tonelaje, vehículos de escolta, radiotransmisores y antenas satelitales para coordinar desplazamientos en zonas fronterizas aisladas.

En ese contexto, recordó que en 2025 la Fiscalía Regional de Antofagasta creó un foco especial para investigar el contrabando transfronterizo, liderado por fiscales SACFI, lo que ha permitido avanzar en investigaciones de gran impacto.

“No solo estamos combatiendo el contrabando de cigarros, estamos atacando el corazón de bandas organizadas que aprovechan la vulnerabilidad de la frontera para cometer actividades ilícitas altamente lucrativas y peligrosas para la sociedad”, manifestó.

Riesgo para la salud pública

El fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez, quien estuvo en el lugar junto al director de Aduanas, Francisco Romero Papasideris, explicó que estos productos además representan un riesgo sanitario.

Según indicó, los cigarrillos incautados no cuentan con el visado de la autoridad sanitaria chilena, por lo que su consumo puede representar un mayor riesgo para la salud pública.

En tanto, el jefe de Zona de Carabineros, general Cristian Montre Soto, señaló que el procedimiento refleja el combate que se está desarrollando en la región contra distintas manifestaciones del crimen organizado, no solo vinculadas al narcotráfico, sino también al contrabando de mercancías.

Los tres detenidos fueron formalizados por contrabando aduanero y receptación aduanera, quedando en prisión preventiva por estimarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El Juzgado de Garantía de Calama fijó un plazo de investigación de 90 días.

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