Universidad de Antofagasta enfrenta crisis financiera de $8 mil millones: Superintendencia exige medidas urgentes

La Superintendencia de Educación Superior alertó que la casa de estudios podría enfrentar insolvencia a fines de 2025. Se solicitaron recortes y reestructuración para garantizar su viabilidad. El futuro del campus en

La Universidad de Antofagasta (UA) atraviesa una crítica situación financiera que podría dejarla sin liquidez hacia fines de este año. Así lo advirtió la Superintendencia de Educación Superior (SES) en un oficio dirigido al rector Marcos Cikutovic, donde se informa de un déficit estructural proyectado de $8.279 millones para 2025 y se alerta sobre el riesgo de insolvencia institucional.

El documento, firmado por el superintendente José Miguel Salazar, señala que “la universidad comenzó el periodo con un saldo de caja de $6.620 millones, pero lo concluirá con solo $48 millones”, situación que podría comprometer la sustentabilidad del proyecto educativo si no se adoptan medidas urgentes.

Entre las recomendaciones entregadas por la SES se encuentran el aumento de carga docente para reducir honorarios, limitar asignaciones de mercado y gastos de representación, y aplicar recortes en becas e incentivos por publicaciones científicas. Asimismo, se aconseja disminuir al mínimo los viáticos y pasajes, y restringir los beneficios a familiares del personal universitario.

“El déficit estructural aún persiste, por eso resulta fundamental que la universidad explore otras alternativas de impacto significativo”, señala el oficio, agregando que “debe iniciar un proceso de reestructuración económica y organizacional que garantice el cumplimiento de sus compromisos”.

Según consignó Emol, desde la UA respondieron que “la institución asume con carácter prioritario las recomendaciones contenidas en el oficio de la Superintendencia”, añadiendo que ya se han socializado las medidas con los cuerpos colegiados y que se iniciará una agenda de visitas a las facultades en junio.

Pese a los recortes, la universidad aseguró que “las becas y los incentivos de publicación no serán eliminados” y que “la viabilidad del proyecto educativo y la calidad de la formación no se verán comprometidas”.

Respecto al futuro del proyecto de campus en Calama, desde la Dirección Superior señalaron que “el financiamiento proviene de fuentes externas, por lo que no compromete el patrimonio institucional”.

La crisis también ha generado repercusiones políticas. El diputado Stephan Schubert (IND-Republicano), integrante de la comisión de Educación, ofició al rector solicitando información detallada sobre el cumplimiento de las medidas, el impacto del endeudamiento y la viabilidad del proyecto académico hasta fin de año.

“Queremos que las universidades públicas tengan una sana administración de los recursos. No se deben permitir abusos, sueldos extremadamente altos ni despilfarro, como vimos en el caso de La Araucanía”, señaló Schubert, en alusión a la situación vivida en la Universidad de La Frontera.

“Recibimos una denuncia respecto de la Universidad de Antofagasta y por eso oficiamos de manera precisa, para evitar que se repitan las malas prácticas y fortalecer los controles internos y externos”, concluyó.

La Superintendencia espera que las medidas propuestas comiencen a implementarse desde el segundo semestre de 2025, para evitar una crisis mayor en la institución estatal del norte del país.