CGE reporta más de 225 kilómetros de cables de cobre robados desde sus instalaciones durante 2024

Entre enero y diciembre del año pasado se produjeron 774 episodios de robo, los que afectaron gravemente la calidad y continuidad del serivicio eléctrico a 272.466 clientes a los largo de toda la zona de concesión.

El delito de robo de cables sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a las instalaciones y clientes de CGE, compañía distribuidora que presta servicio a más de 3,2 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.

Según datos de la distribuidora, entre enero y diciembre de 2025, se registraron 744 eventos de robo de cable a lo largo de su zona de concesión, contabilizando 225 kilómetros de líneas robadas (225.080 metros) de conductor eléctrico sustraído desde sus instalaciones de distribución y transmisión, con el consiguiente daño o destrucción de postes, transformadores, cables y otra infraestructura clave para suministrar el servicio eléctrico.

El año pasado, si bien se redujeron los episodios en número, se exhibió un aumento de 14% en la cantidad de cable sustraído. Las bandas delictuales también han afectado equipos, como el caso ocurrido en la localidad de Coya, comuna de Machalí, región de O’Higgins, donde una banda organizada robó cables y desmanteló el generador instalado por CGE en la localidad, dejando a cerca de mil hogares sin respaldo en caso de interrupciones de suministro. Los daños provocados fueron superiores a los 500 millones de pesos.

Esto se ha extendido también a las instalaciones de transmisión, con el recrudecimiento de episodios en la región del Biobío, en especial en la provincia de Arauco, que registró 15 episodios de robo de cables el año pasado o los cinco episodios que afectaron al tramo Charrúa-Chillán, con más de 11 kilómetros de cable robado.

“El robo de cables eléctricos ha tenido un aumento exponencial en los últimos años y es necesario que las autoridades refuercen medidas ante un delito que ha cambiado su comportanmiento y se ha hecho más violento. Nosotros como compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país. Los delitos se han vuelto más violentos y recurrentes, con bandas organizadas que usan equipamiento como camiones, camionetas y otros vehículos, y también están armados, atacando puntos de manera recurrente, lo que hace imposible que podamos hacerles frente”, señaló Matías Hepp, director de operaciones de CGE.

Para tener una dimensión de la extensión del delito, la cantidad de cable robado cubriría la distancia entre Santiago y Los Vilos o casi el trayecto completo de Santiago a Talca.

Estos robos tuvieron como consecuencia que 272.466 clientes de la compañía vieran afectada la calidad y continuidad de su suministro eléctrico durante largas horas, producto de los extensos trabajos que deben realizar las brigadas de la compañía para reponer la infraestructura dañada o destruida por delincuentes.

En 2023, la compañía registró cerca de 1.200 eventos con 196 kilometros de cable de cobre robado. Respecto del costo de reposición de infraestructura dañada o destruida por estas bandas delictuales, en 2024 alcanzó a 3.317 millones de pesos.

Las regiones con una mayor cantidad de cable robado por delincuentes fueron Coquimbo (43.028 metros), Maule (34.696 metros), Tarapacá (29.889 metros), Antofagasta (29.012 metros); Atacama (18.706 metros), Metropolitana (16.991 metros), Araucanía (16.406 metros) y Biobío (14.404 metros).

“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, señaló el ejecutivo.

El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y el Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos delitos”, concluyó Hepp.