Abogada
Tras haberse conocido el caso de una estudiante a quien se le negó el acceso a sus clases virtuales por mantener una deuda de su mensualidad del colegio particular subvencionado Denham School de San Bernardo, la abogada de LSC Group, Carolina Carrillo, señala que “el colegio no tiene las facultades legales para suspender de clases a una alumna cuyo apoderado mantiene deuda. El servicio educativo se debe seguir prestando durante todo el año escolar según la normativa que existe en nuestro país vigente desde diciembre del 2020, no permite la cancelación de las clases , independiente del contrato de prestación de servicios que el establecimiento sostenga con el apoderado, por ende la ley está por sobre los contratos siempre.”.
Destacó que esto es una vulneración de derechos, por lo que los apoderados afectados por alguna situación similar pueden y deben presentar una denuncia a la Superintendencia de Educación y que se pueda sancionar al sostenedor del colegio.
Sin embargo, la profesional especializada en derecho educacional, aclara que “a fin de año, al momento de renovar la matrícula, el establecimiento podría no renovarla si se mantiene deuda. Pero se pueden llegar a otras soluciones de pago”.
La abogada experta en normativas educacionales, recordó que desde diciembre 2020 rige una ley que prohibió negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentaban morosidad, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia del Covid 19, aplicándola tanto a colegios particulares como subvencionados con copago.
Por lo tanto, a juicio de Carolina Carrillo, el accionar del colegio Denham escapa de la ley, independiente de lo que señale su contrato privado, un contrato no puede ir en contra de la ley. Existen derechos que están consagrados en la constitución y esto debe primar sobre cualquier situación económica, el Estado hasta el día de hoy, no ha logrado dar alguna ayuda a los colegios privados que son los que están siendo más afectados en esta crisis económica producto de la pandemia.
LSC GROUP lleva el manejo del proceso de armado y manutención legal y normativo de alrededor de una veintena de colegios subvencionados y algunos particulares.
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