Pobreza, COVID y la ética del cuidado

Por Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo

El 2021 se viene complejo. Mientras no exista una vacuna que permita proteger del coronavirus a las poblaciones más vulnerables, las medidas de protección personal serán imprescindibles para preservar la salud y evitar muertes. Muchas medidas son por todos conocidas: lavado frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol gel; uso de mascarilla; escudos faciales, protectores de ropa, calzado y guantes plásticos, entre otros, particularmente en residencias.

La complejidad y altos costos asociados a todas y cada una de estas medidas de protección y prevención frente al contagio, son una gran preocupación para el Hogar de Cristo, el que desde mediados de marzo ha mantenido a 4.500 personas en situación de pobreza y alta vulnerabilidad en cuarentena: adultos mayores, hombres y mujeres con discapacidad mental y personas en situación de calle. Establecer barreras sanitarias efectivas en torno a ellas, pasa por contar con estos elementos de protección personal, tanto para acogidos como para trabajadores. Hasta ahora el uso de elementos de protección y la aplicación estricta de los protocolos, nos ha permitido mantener bajos niveles de contagio en nuestros programas.

Este 2020, hasta julio habíamos invertido 1.400 millones de pesos en estos resguardos sanitarios. En nuestra proyección de costos 2021, representan un aumento de un 5% del presupuesto. Considerando que, cada año, el aporte estatal a nuestros programas sociales ha disminuido y que, producto de la pandemia, nuestros recursos se han reducido por la menor recaudación de ingresos de socios y donantes, mantener una barrera protectora que resguarde la vida de los más vulnerables, es inviable sin el apoyo del Estado a través de la provisión de estos elementos de protección personal tan cruciales.

En Villa Giacamán, Hualpén, Región del Biobío, atendemos 52 adultos mayores con alta dependencia, duras experiencias de vida en calle o abandono en zonas rurales, muchos con avanzado deterioro cognitivo. En esa residencia se requieren 7.500 mascarillas cada mes para precaver contagios. Ese implemento, que ha mantenido a salvo a los disciplinados japoneses: un país de 127 millones de habitantes que tiene menos de mil muertes por COVID-19, cuando en Chile somos 17 millones y han fallecido 12.013 personas–, es vital para proteger la integridad y la vida de los adultos mayores de Hualpén y de todas nuestras residencias a lo largo de Chile.

Para garantizar su derecho a la salud y de quienes los cuidan, necesitamos que el Estado contemple, en el Presupuesto de la Nación 2021, el financiamiento de estos gastos extraordinarios originados por la pandemia, para las organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios socio sanitarios estratégicos, en favor de la protección de las poblaciones más vulnerables del país.